La Pandemia que ha brotado sobre la faz de la tierra ha desnudado la verdadera cara sobre la vocación y transformación en la que degeneró uno de los sistemas en los que, según los ilustrados de finales del siglo XIX, y que proclamaron los ideales de la Ilustración francesa, se reducen en el lema de la Revolución: "Libertad, igualdad y fraternidad”, y que las democracias contemporáneas han desfigurado y transformado vertiginosamente en un “Gobierno de la Oligarquía o de un gobierno de los ricos y para los ricos”, como lo definió el griego Jenofonte.
Las “Democracias republicanas”, funcionan con base en la convivencia y mutua regulación de los poderes públicos y pese a ello son vulnerables al poder económico, o lo mismo que a la influencia del capital y las clases más pudientes, las cuales se expresan invisibles en el quehacer político (ejem. Poder detrás del trono, lobistas, financiadores y patrocinadores, etc., etc.).
El confinamiento al que nos han sometido los gobernantes (nacional, regional y local) todos escudados en el Contrato Social, consignado en los poderes que el mismo ciudadano les ha otorgado y delineados en la Constitución Política, hoy producto de una situación excepcional provocada por un Virus que afecta al ser humano y no por situaciones de orden público (arts. 213 y 214 del estatuto superior), han llevado a los agentes administradores de la cosa pública (Presidente de la República, gobernadores y alcaldes), a hacer uso de mecanismos que lesionan y limitan otros carísimos derechos fundamentales como el de la “Libre locomoción y domicilio”, cuando en sentido común lo que debieron haber propiciado fue crear conciencia social sobre la importancia de la auto protección como mecanismo fundamental para conservar el valor más preciado del ser humano como lo es la vida y la felicidad como fin fundamental, sin coacciones ni imposiciones, estadios odiados por éste y desprendidos por el pacto social.
Amparados de igual manera en dichos poderes, ha brotado en los gobernantes ese leviatán oculto y disfrazado que no pueden contener en estos momentos de fragilidad y de necesidad humana, para vía decreto legislativo, “cerrar o clausurar” una de las instituciones más valiosas y soporte fundamental de la democracia como lo es el Congreso de la República, con la excusa de no permitir reunión de personas en grupos de más de cincuenta (50), cuando lo que debió fue garantizar su funcionamiento y vía excepcional haber adoptado las medidas de bioseguridad y traslado efectivo a través de un puente aéreo, que garantizara la presencia de los corporados, así lo hizo el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso de ese país sigue funcionando de manera presencial, como los demás de los países vecinos y del mundo.
También y coincidencialmente como en el año 2002 , cuando el mundo vivió la aparición del virus SARS (síndrome respiratorio agudo grave), el país decidió darle la oportunidad a un gobierno de derecha y hoy (año 2020) como en esa calenda, algunos miembros del partido de gobierno de derecha con representación en el Congreso, nuevamente esgrimen como herramienta para reducir disque los costos de la democracia en tiempos de dificultades por la aparición de una epidemia, una reforma constitucional que presentaron y quedó radicada con el Proyecto de Ley 333 de 2020, para reducir la composición del Congreso en sus dos cámaras en un cincuenta por cien (50%). Será que, le es viable a una minoría como el Centro Democrático proponer la reducción en la participación del pueblo en las decisiones fundamentales del Estado a través del órgano de representación más importante de la democracia que está encargado entre otras de la vigilancia del poder “desmedido” de las acciones de gobierno que afectan o benefician a los asociados, y órgano que tiene a su cargo la creación, derogación, modificación e interpretación de la Ley.
Si con estas propuestas consideran que están construyendo más democracia, están equivocados, por el contrario, con la formulación de iniciativas de esta naturaleza estarían limitando la Construcción de más democracia y sentarían eso sí el precedente más nefasto para nuestra historia republicana, como sería el de legitimar el establecimiento de una verdadera Plutocracia o gobierno de los ricos, que a pesar de estar camuflada de manera “invisible” en la democracia, con la fórmula de pesos y contrapesos no ha podido dar a luz semejante engendro devorador.
Es de anotar que uno de los mecanismos adoptados por las élites y dueños de los instrumentos de poder, es decir los capitalistas, fue el de hacerse a los medios de comunicación (medios hablados y escritos) para manosear y distraer la opinión y favorecer sus propios intereses, es decir, los intereses de la clase dominante, incluso, estos medios en momentos determinados contribuyen con el debilitamiento de las instituciones, para afianzar la Plutocracia disfrazada en Democracia. De allí, la bifurcación en los negocios otorgados a estos actores por el Estado y la privatización en los modelos de los servicios públicos, en el manejo del sector financiero, en el sistema pensional, entre otros donde la mayoría se encuentran bajo control de los actores privados y de los que derivan grandes utilidades, contrariando el principio de socialización y solidaridad de los recursos del Estado.
El modelo plutocrático reinante y disfrazado en democracia, no es otro que el esquema propio de diferencias y desigualdades sociales o poniéndolo en contexto lo definiría, como el modelo de las grandes brechas sociales que sumergen al ser humano en la desesperanza, la desigualdad y la pobreza.
