¿Recuerdan al soldado Juan Sebastián Mendieta Herrera, de 18 años, adscrito al Batallón 39 de Infantería, quien en un video, grabado en las montañas de Colombia, expresó en tonos desafiantes su apoyo "al hijueputa paro" y que por tal razón fue despojado de su fusil y de su celular y luego conducido al Cantón Norte?
Pues les confieso que solo la mención de ese lugar, al que el joven uniformado fue llevado, hizo que muchos pensáramos lo peor, ya que fue el sitio donde que se cometieron las más graves violaciones de los derechos humanos durante el nefasto gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), apoyado por sus ministros, los generales Camacho Leyva y Vega Uribe.
Pues, ahora —sin descartar la animadversión que la declaración de Juan Sebastián haya producido en los sectores más radicales del Ejército y de la política colombiana, y las sucesivas presiones para que este soldado fuera severamente castigado—, por las redes sociales nos han llegado nuevas declaraciones del joven militar, después de su detención. En ellas, con un semblante más tranquilo, asegura que ha tenido el apoyo de la Defensoría del Pueblo, para que sus derechos a la libertad de opinión y a la objeción de conciencia sean respetados, y agrega que ha sido tratado bien por sus superiores.
Todo indica que el suicidio del joven soldado Brandon Cely, ocurrido el sábado 23 de noviembre de 2019, tras la estigmatización de que fuera objeto por parte de algunos mandos medios del Ejército, quienes lo tacharon en filas de extremista de izquierda y disociador, después de que aquel expresara su apoyo al paro —en hechos ocurridos en un batallón militar en Nilo (Cundinamarca)—, ha hecho reflexionar a algún sector democrático que existe al interior de las Fuerzas Militares. A este hecho se suma la oportuna intervención de algunas ONG defensoras de los derechos humanos y de la misma Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Alfonso Negret, durante los aciagos días del paro cívico 21N, que salvaron al soldado Juan Sebastián de un castigo severo, si solamente fuera juzgado por el delito de desobediencia.
Ello nos hace pensar que no todo está perdido y que no todas "nuestras" Fuerzas Militares están llevadas del diablo, como pensamos al ver la arremetida policial y militar conque Iván Duque y Enrique Peñalosa enfrentaron a los manifestantes pacíficos del 21N en Bogotá. Nuestra nación, a pesar de sus reveses, ha creado una institucionalidad que, si actúa oportunamente, es capaz de ser efectiva en la defensa de los derechos ciudadanos, como son el tener opiniones distintas a las de los superiores jerárquicos y también el derecho a la objeción de conciencia, cuando por razones éticas, religiosas o filosóficas nos oponemos a levantar y a disparar un arma contra nuestros semejantes.
El derecho a la objeción de conciencia lo tiene muy claro Juan Sebastián, cuando en el primer video, grabado entre un hojarascal y en medio de las inclemencias de un páramo, advirtió tajantemente que ningún militar puede disparar a un ciudadano si este no lo enfrenta primero con un fusil igual al que porta cada soldado. Recordemos que en el mismo video el soldado cuestionó con palabras de grueso calibre a los policías que disparan contra el pueblo y a sus propios superiores por ordenar tales acciones de fuerza.
Es increíble y bastante significativo para el país que hayan sido los jóvenes soldados Brandon Cely y Juan Sebastián Mendieta quienes, a través de sus celulares, hayan advertido a Colombia sobre lo absurdo que significa aceptar una orden superior que incluya violencia desmedida de los militares contra el pueblo indefenso y que, a riesgo de su propia vida, se hayan negado a cumplir esas órdenes.
Lo que sigue ahora para Juan Sebastián es que su caso sea estudiado por la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, adscrita al Ministerio de Defensa, la que deberá resolver en primera instancia la solicitud que de manera verbal o escrita les haga llegar el joven soldado. Luego, pasará a una segunda instancia que es la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia, que está integrada por el director de reclutamiento del Ejército Nacional, un delegado del Ministerio Público, un comité de aptitud psicofísica conformado por un médico, un psicólogo y un asesor jurídico de la dirección de reclutamiento. Ellos determinarán si dan de baja al soldado que es objetor de conciencia o si le asignan una oficina administrativa para culminar la prestación de su servicio militar.
Por eso creo que, en esta hora aciaga pero esperanzadora que atraviesa Colombia, la frase que expresó Jorge Eliécer Gaitán, según la cual el pueblo es superior a sus dirigentes, se puede aplicar con acertada sindéresis a estos soldados colombianos que están por encima de sus superiores perversos. Ya sabemos que Brandon Cely no tuvo la misma suerte de Juan Sebastián, pues elevando la dignidad de su conciencia, que lo hacía ver como miembro auténtico del pueblo, por encima de su condición de militar, se vio obligado a quitarse la vida en la misma guarnición, a escasas horas de haber recibido quién sabe cuáles terribles amenazas.
A Brandon Cely lo condenaron no solo las estigmatizaciones, a todas luces ilegales, con que lo agredieron en filas sus superiores jerárquicos, sino que éstos lo hayan encerrado en el batallón cuando aquel expresó que quería salir y buscar a su familia. Y lo condenó el no tener a mano el número telefónico de la Defensoría del Pueblo o el de alguna ONG defensora de los derechos humanos, como sí lo tuvo Juan Sebastián, a través de sus amigos, quienes se enteraron de su detención a través de los celulares e hicieron la respectiva llamada para alertar al Ministerio Público.
Para futuros casos, que todavía muchos han de esperarse en las condiciones colombianas, los soldados que quieran expresar su objeción de conciencia pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo, llamando al teléfono 3147300, o con la ONG Congreso de los Pueblos, marcando el 319 2557358.
En la esperanza de que los superiores de Brandon Cely sean juzgados y condenados severamente por haber ofendido al joven soldado hasta el punto de que este haya decidido acabar con su vida, y de que el presidente Iván Duque acepte dialogar de verdad con los coordinadores del paro, y deseando que este se resuelva bien y sin más violencia descontrolada de las Fuerzas Militares contra un pueblo indefenso, el país no puede olvidar la lección de sus jóvenes soldados.
