En un artículo de opinión firmado por la redacción del periódico el 2 de marzo de 1998, bajo el título 'Renovar el Congreso para salvar a Colombia', el diario El Tiempo aseguraba que “el principal problema del país es la corrupción”, y citaba sus fuentes: “Así lo han manifestado personas como el general Bonnet e instituciones respetables y acatadas como la iglesia”.
Al cabo de los 23 años transcurridos desde entonces, la corrupción sigue siendo un problema extremadamente grave. El diario El Tiempo, ahora en manos del grupo empresarial encabezado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, sigue siendo la voz del establecimiento.
Al Congreso, por otro lado, le siguen reclamando renovación. Las diferencias entre ese escenario y el de ahora es perverso. La corrupción tiene dimensiones de operaciones del crimen organizado; y los medios de comunicación no dudan en defender el establecimiento, apelando a la noticia falsa, y algunos columnistas lanzan las más agresivas diatribas contra quienes no son de su gusto.
La toma del poder por parte de la corrupción, devenida ahora en criminalidad, se dio a la par con el ascenso del uribismo durante esas mismas dos décadas.
Son siete las funciones que le competen al Congreso de Colombia, según lo estipulado por la Ley 5 de 1997, en su Artículo 6: legislativa, de control político, de control público, judicial, electoral, administrativa y de protocolo. No se podría decir que la renovación que se reclama se deba a que el Congreso no cumple con esas funciones. Al contrario, esas tareas se llevan a cabo de manera puntual.
Para proveer el proverbial botón de muestra: se llevó a cabo en el Congreso un debate de moción de censura a la actual ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en cumplimiento de sus funciones de ejercer controles político y público.
Sin embargo, esas funciones se ejecutan desde un engranaje íntimamente entreverado con estructuras de corrupción a niveles locales, regionales, nacionales e incluso continentales; y esas estructuras corruptas solo se sostienen por sus nexos estrechos con el crimen organizado. Como resultado, las funciones que el Congreso cumple en respuesta a su mandato constitucional banalizan el ejercicio democrático al punto que su descrédito se toma como mal inevitable por parte del electorado.
La ministra no solo debe renunciar, sino también ir a la cárcel, como el exministro Andrés Felipe Arias por la corrupción que se destapo en el programa Agro Ingreso Seguro, programa de la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura, y en 2011 la Fiscalía afirmo que Agro Ingreso Seguro “fue utilizado por Arias como plataforma política”.
La gran movilización nacional durante el paro, que sigue vigente, despertó a amplios sectores de la población tradicionalmente apáticos al quehacer político. El protagonismo de las juventudes, de las mujeres y de los pueblos originarios le ha dado un giro nunca antes visto al país entero, que ahora se asume como sujeto político.
Así, entonces, las nuevas voces que se han alzado, las nuevas figuras que se han proyectado a niveles regionales y nacional, todas ellas con raíces sólidamente plantadas en los colectivos sociales locales, exigen que al electorado se le ofrezca un nuevo repertorio y nuevas opciones de participación democrática.
La renovación se impulsa desde lo local. Tiene un rostro de mujeres y jóvenes. Tiene una voz polifónica. Enarbola banderas largamente sostenidas: la paz con justicia social, banderas de reparación a las víctimas y banderas de la defensa del medioambiente y los derechos humanos. Son banderas que no le corresponden a un Congreso acostumbrado a las tareas del cálculo político, de la estrategia electorera. Esos nuevos desafíos apuntan a que el momento histórico actual se desarrolle con una rama legislativa del poder público que impulse al país, y a la humanidad, a una segunda oportunidad sobre la tierra, como hubiera podido haber dicho Gabriel García Márquez.
