A las 16 masacres registradas en lo corrido del año y ejecutadas por grupos neoparamilitares habría que agregarle la ejecutada recientemente por la Fudra Omega en la vereda Buenos Aires, del municipio Calamar —en el departamento del Guaviare, cerca al río Ujuju—, reportada por el Ejército desde las primeras horas del 2 de marzo del año en curso (ver: Duro golpe a las disidencias de las Farc en Guaviare, operaciones militares dejaron diez abatidos y tres capturados).
Inicialmente, la información del Ministerio de Defensa dio cuenta de 10 personas fallecidas como consecuencia del potente y letal bombardeo, y de tres menores retenidos y entregados a Bienestar Familiar.
Sin embargo, con el pasar de las horas, la cifra se elevó a 13 víctimas y ayer, martes 9 de marzo, los familiares estaban registrando en Villavicencio y San José del Guaviare más de 20 personas desaparecidas.
Lo grave de todo este acontecimiento es que se trata de niñas y niños campesinos que han sido víctimas de los núcleos más guerreristas de los aparatos armados del Estado colombiano.
Según se dice, con base a reportes de inteligencia militar, la Presidencia de la Republica habría autorizado esta violenta operación, la cual segó la vida de un núcleo de humildes jóvenes ocupados en labores agrícolas.
Por el momento la información de los familiares está dando cuenta de los siguientes fallecidos:
- Marlon Steven Mahecha Herrera, de 12 años.
- Jorge Manuel Gonzales López, venezolano de 14 años.
- Jonathan Sánchez Zambrano (TI 1006528902), de 15 años.
- Sebastián Andrés Varón Rojas (TI 1121418224), de 16 años.
- Dana Lizet Montilla (tarjeta de Identidad 1120565435), con 16 años.
A la par, en San José del Guaviare hay tres mujeres menores heridas y mutiladas por las bombas del militarismo fascista del actual gobierno.
Ahora bien, como en la masacre ocurrida en el Caquetá hace dos años, que fue presentada como una operación limpia por el exministro Botero —destituido posteriormente luego de un debate en el Senado que sacó a flote sus mentiras y falsas verdades—, en esta hay muchos cabos sueltos, que un pormenorizado seguimiento y análisis jurídico, militar y político debe aclarar.
De verdad, son muchas las preguntas para el ministro empresarial Molano y para los generales Antonio María Beltrán Díaz y Raúl Hernando Flores Cuervo, los jefes militares de la región, con ínfulas de reyezuelos, para que este sangriento episodio se aclare lo más rápido posible con el fin de que prevalezcan los derechos humanos y las normas del DIH en el prolongado conflicto colombiano (ver: Conflicto prolongado y posacuerdo en la frontera con Venezuela) que no terminó con el mentiroso acuerdo de paz neoliberal de Santos y Timochenko.
Lo cierto, en este caso, es que la sangrienta operación del Guaviare fue ejecutada por uno de los dispositivos militares más violentos del gobierno uribista de Duque.
En mi opinión, la Fudra Omega es un paraestado que funciona al margen de las reglas constitucionales y democráticas. Tanto en el sur del Meta, como en el Guaviare y Caquetá, esta máquina de muerte, con más de 30.000 unidades, es una de las expresiones del modelo contrainsurgente implantado por el Comando Sur de los Estados Unidos para proteger los intereses de las multinacionales petroleras, mineras y del agro negocio en Colombia.
En este amplio territorio, con importantes recursos estratégicos ambientales y mineros, los que imponen su ley son prepotentes caudillos militares subordinados a los intereses del imperio norteamericano; para lo que cuentan con amplias prerrogativas que derivan en el permanente atropello de los colonos, campesinos e indígenas, mediante masacres, montajes judiciales y desaparición de líderes.
Este es un aspecto que no logra encubrir la falaz retorica cuartelera que pretende mostrar a los campesinos cocaleros y a las guerrillas de las Farc de Gentil Duarte e Iván Lozano como unos vulgares narcotraficantes, cuando en realidad quienes se enriquecerían con la coca serían oficiales, jerarcas militares y policiales, enchufados con poderosas mafias regionales e internacionales.
Ojalá el oportuno debate sobre esta nueva masacre nos permita conocer la verdad de los hechos ocurridos el pasado martes en la vereda Buenos Aires, del municipio de Calamar, Guaviare; para lo que también se necesita conocer la versión del alcalde municipal y del personero local, la primera autoridad en materia de derechos humanos.
