Desde hace pocos días se viene clamando la invitación de una asamblea nacional constituyente, bajo el argumento de que se debe reformar la justicia, pues según los proponentes esta se encuentra cojeando desde tiempo atrás. La trasformación a la majestad de la judicatura, que inicialmente se hizo en campaña presidencial, quedó traspapelada. Sin embargo, después de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia respecto del expresidente AUV, se ha vuelto a tocar el tema, insinuando la necesidad de eliminar las altas cortes para crear una sola corporación judicial, lo cual es absurdo.
Tales convocatorias, aunque permitidas por la carta magna (art. 376), están impulsadas por la providencia emitida por el máximo tribunal ordinario, cual se descubrió por quienes la suscitan, pasando por alto que esas medidas se refutan a través de los recursos que el mismo legislador ha establecido para ello y no promoviendo una asamblea nacional constituyente, menos aún insultando y presionando a las magistraturas, cuyas cortes, aunque a veces no nos agraden sus veredictos, han permitido que la balanza de nuestro Estado social y democrático de derecho se mantenga equilibrada y aislada de arbitrariedades políticas.
La propuesta de la asamblea nos recuerda la presidencia de Rafael Correa en el Ecuador, quien reformó la constitución de 2008 para obtener su reelección. Igualmente, nos conmemora el periodo dictatorial de Hugo Chávez, cuyo monarca, mediante la Enmienda No. 1 de 15 de febrero de 2009, reformó la carta política de su pueblo eliminando todos los límites de reelección en los cargos de elección popular.
Y, esos indicios dictatoriales de perpetuarse en el poder como un monarca absolutista para manejar las 3 ramas principales de la nación, destruyendo nuestro Estado de derecho, no son ajenos al caso colombiano, pues basta recordar el acto legislativo 2 de 2004, por medio del cual el presidencialismo extremo de entonces introdujo la reelección por primera vez, lastimando nuestra democracia, de la cual también hizo uso su sucesor (afortunadamente hoy día está suprimida). No obstante, pareciera que aún estuviésemos bajo el yugo del rey Luis XIV de Francia, quien solía decir “el Estado soy yo”, puesto que la desafortunada interferencia del jefe de Estado en la independencia judicial prueba tal circunstancia.
Sustituir la Constitución Política de 1991 es un grave error, porque tenemos una gran carta política llena de herramientas para lograr la dignidad del ser humano. Lo único que debemos hacer es cumplirla y ello implica recordar el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuya disposición consagró el principio según el cual “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución”.
Sin duda, debemos cuidar a nuestro Estado de derecho de los extremos, cualquiera sea la corriente, porque ambos son peligrosísimos en nuestra sociedad. Rechazar la infundada propuesta de la constituyente es un acto razonable y de respeto para con nuestro pueblo.
