Negociar en medio del conflicto, en medio de la guerra, no es fácil de entender sobre las mesas donde se sientan a almorzar, o a tomar tinto los colombianos.
La incomprensión puede obedecer a la ausencia de una amplia pedagogía sobre el significado y los alcances de una negociación rechazada por algunos sectores de la opinión nacional.
La mesa de negociaciones donde conversan delegados del gobierno y de las Farc, es un escenario donde las guerrillas por el hecho de haber aceptado una agenda y permanecer sentadas, implícitamente reconocen un Estado legítimo, renuncian a destruirlo por la fuerza, son portadoras de aspiraciones políticas y aceptan que los colombianos estamos organizados en un Estado Nacional.
En esa mesa, los negociadores del gobierno reconocen que las guerrillas son organizaciones formadas por colombianos con derechos y con ideas distintas, que si dejan de atacar el Estado pueden desarrollarlas por medio de mecanismos políticos.
El gobierno en la mesa no trata a los farianos como bandidos o mafiosos, usa un lenguaje que pretende armonizar las ideas de las dos orillas y define compromisos para desarrollar un nuevo campo colombiano, planifica el cómo resolver sus profundos problemas.
Dentro de las conversaciones, el gobierno acepta la conformación del movimiento político en el que se trasformarán las Farc y construye nuevos mecanismos que garanticen que ese movimiento político legal, cuente con todas las garantías para que ejerza libremente sus derechos.
La metodología de las negociaciones ha puesto sobre la mesa el problema público para analizarlo desde las dos orillas, el gobierno a través de sus voceros ha reafirmado que no se negocia nada debajo de la mesa y ha condensado las decisiones en términos de acuerdos, que cualquier colombiano puede consultar en la web.
El justo inconformismo de los campesinos del país rural ha sido discutido a fondo en La Habana; pero desde el Catatumbo hasta Nariño, el campesinado y sus organizaciones son reiterativas en sus preocupaciones y demandas: se oponen a los tratados de libre comercio, sufren desvelos por la baja rentabilidad de sus productos, por el alto costo de los insumos y por la falta de bienes y servicios públicos.
El gobierno reconoce que el campo colombiano en las condiciones actuales no es competitivo a nivel internacional, porque posee índices de productividades bajísimas, porque carece de bienes públicos, como vías terciarias, agua potable, salud y educación, porque los alcaldes no imprimen la suficiente dinámica para asumir los grandes retos de la Colombia rural.
Es por eso que el primer conflicto de la inversión agraria en Colombia se origina en el municipio rural. Los alcaldes y concejos municipales definen la inversión de los recursos del municipio en el casco urbano y casi siempre en el marco de la plaza principal del pueblo, no salen más allá de su periferia donde se encuentra el cementerio, no invierten en las trochas que conectan a sus corregimientos y veredas... viven de espaldas a sus campesinos y al sector agrario.
Para revisar los problemas estructurales del campesinado colombiano, en La Habana se hizo el acopio de toda la información de los foros agrarios, de los estudios que se han hecho en el país; escucharon la opinión de los gremios... se llevaron representantes campesinos a discutir sus demandas y angustias. El punto número uno de los acuerdos entre el gobierno y las Farc, plantea una reforma rural integral con enfoque territorial para corregir el déficit de la infraestructura rural, obliga a diseñar un catastro moderno, la formalización masiva de la propiedad y la distribución de nuevas tierras.
El gobierno se ha comprometido a desarrollar un gran fondo de tierras que tendría dos veces el tamaño de toda la tierra que distribuyó el Incora en los 42 años de su existencia.
Lograr desarrollar el cómo hacerlo, es el quid del asunto y por eso el gobierno colombiano le apuesta a fortalecer la institucionalidad pública y los gobiernos locales, a empoderar la sociedad rural con nuevos mecanismos de participación, fortalecer su capacidad organizativa, para que sea ella, la que defina lo que se debe hacer en sus territorios.
Mientras tanto en Bogotá los compromisos de política pública asumidos al calor de un paro, se concretan en aumentar subsidios directos para los productores como condonación de deudas, rebajas de tasas de interés, precios, costos de los insumos, que a pesar de ser necesarios terminan apretando el cuello del gobierno y en consecuencia derivan en apropiaciones de recursos públicos hacia productores individuales, a expensas de los bienes públicos que si son los que harían competitiva la agricultura colombiana.
Hay que invertir esa dinámica, porque un país rural en medio del conflicto armado, un país urbano polarizado y fuera de contexto, ¡no progresará jamás…!
