El impacto social y económico que ha generado la crisis sanitaria derivada de la pandemia por el COVID-19 ha hecho que la sociedad en su conjunto una vez más reclame su derecho al acceso gratuito a la educación superior. La exigencia de gratuidad por parte de los estudiantes y sus familias se ha elevado ante las universidades públicas, al ser estas en forma inmediata las que deberían, desde lo que dicta el sentido común, garantizar este derecho. Una mirada un poco más profunda indica que la gratuidad en el acceso a la educación superior como derecho ciudadano debe ser garantizada por las instituciones estatales a nivel nacional, regional y local, y que el inmediatismo en las soluciones puede llevar a poner en peligro el principio de autonomía universitaria.
Lo primero que se debe advertir,es que la responsabilidad de financiar el acceso universal a la educación superior no puede recaer sobre la misma universidad, ya que ha sido una política de estado el desfinanciamiento de las instituciones universitarias públicas en el país en las últimas décadas. Lo lógico es que una propuesta de gratuidad por parte de cualquier gobernante involucre necesariamente un incremento en las transferencias que el estado realiza, que permita no solo dicha gratuidad, sino también el fortalecimiento de infraestructura, la investigación y la extensión social, para asegurar la calidad en la educación superior y el cumplimiento de la función social que la universidad pública desempeña.
Debe advertirse que la universidad cumple no solo la función de la educación superior, sino también de la investigación y la extensión social. A la par, que la articulación de estas tres funciones asegura la calidad en la educación, mientras permite que la universidad pública atienda las necesidades que la sociedad le reclama cumplir (Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, Unesco 1998).
La búsqueda de la gratuidad para resolver a corto plazo la crisis social derivada de la pandemia hoy implica un enorme riesgo para el mantenimiento de la autonomía universitaria, principio básico y constituyente para la universidad pública. Desde el Movimiento de Córdoba en 1918, la construcción de la universidad pública autónoma ha sido la base de la educación superior como “derecho humano, bien social y obligación del estado” (Mantilla 2008). Este principio ha sido la base para que hoy en nuestras universidades podamos gozar de “libertad de cátedra en la enseñanza, libertad de pensamiento en la investigación, libertad de gestión y administración, así como libertad para establecer vínculos de compromiso social” (Mantilla 2008).
En la búsqueda de la gratuidad, algunas fórmulas que se han planteado pretenden mediante el redireccionamiento de recursos financieros desmontar las funciones de investigación y de extensión social, que son la esencia de cualquier universidad pública, lo cual atenta contra la autonomía universitaria. La Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción (1998) advertía la necesidad de fortalecer la investigación y la acción social de las universidades para de esta forma a través del fomento de la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad se pudiera dar respuesta y soluciones a largo plazo a los problemas y necesidades sociales y culturales.
La autonomía universitaria implica, entre otras muchas cosas, la libertad de gestión y administración de recursos financieros, lo cual como indica Delgado (2008): “no es una mera cuestión técnica, financiera o contable, sino que revela las grandes directrices de la universidad y sus decisiones estratégicas sobre docencia, investigación y extensión, [que] debe hacerse de manera plena de acuerdo a la aprobación de la distribución que hagan sus propias autoridades”. La intervención que hagan los mandatarios, ya sea del orden nacional, regional o local, debe respetar este principio para garantizar no solo un beneficio inmediato, sino también el cumplimiento de las funciones de educación, investigación y extensión a mediano y largo plazo que le son inherentes a la universidad. Por tanto, si la intención de las autoridades políticas es llevar la gratuidad en el acceso a la educación superior, las acciones que se pretendan no deben violar el principio de autonomía universitaria, si lo que realmente se pretende es garantizar que la universidad cumpla su función pública, que se encamina, entre otras, a la formación de ciudadanos con un sentido crítico de su propia realidad.
Es importante hacer un llamado a las autoridades del orden nacional, regional y local para que contribuyan financieramente a través del incremento de transferencias, y así materializar el acceso a la educación superior en forma gratuita, sin poner en riesgo la autonomía universitaria, ni el cumplimiento de las funciones de investigación y extensión social que hoy desempeñan las universidades en el país.
También entender que en aras de la búsqueda de la gratuidad en la educación superior en estos momentos de crisis, por parte de los estudiantes y la ciudadanía en general, se tenga cuidado de no atentar contra el principio de la autonomía universitaria, que desde 1918 con el Movimiento de Córdoba ha significado una constante lucha en el orden social, para garantizar que no solo en un semestre haya acceso gratuito, sino que la universidad publica pueda seguir siendo en Latinoamérica, la conciencia crítica de la sociedad, libre de presiones por parte de grupos políticos y económicos, que solo buscan la satisfacción inmediata de sus intereses.
Como sociedad en conjunto debemos entender que, en la búsqueda de un beneficio inmediato, no se puede poner en riesgo, una conquista tan importante como ha sido el reconocimiento a la autonomía universitaria, que tantas vidas ha costado y que ha estado en el corazón de las luchas y reinvindicaciones del movimiento social, estudiantil y docente en Colombia. La lucha por el derecho a la gratuidad no puede caer en la trampa de aniquilar el derecho a la autodeterminación y el libre pensamiento en la universidad pública que representa la autonomía. Si hoy nos dejamos llevar por la inmediatez que nos plantea la crisis social derivada de la pandemia y no pensamos en las consecuencias para las futuras generaciones que se formarán en la universidad pública, estaremos actuando en contra de los intereses sociales y abriendo la puerta a que se consolide la exclusión que sustenta el poder y la desigualdad en nuestro país.
Es de esperar que los egresados de las universidades públicas que hoy ocupan posiciones en las instituciones de gobierno, que representan a la ciudadanía y que de cualquier forma tienen a cargo la toma de decisiones sobre nuestras universidades, actúen consecuentemente y con responsabilidad en la protección de un derecho que les garantizó el que hoy estén ocupando esas posiciones. Ojalá que sus esfuerzos se encaminen a que la autonomía universitaria salga fortalecida de esta crisis, a la vez que atienden las necesidades que hoy enfrentamos como sociedad, y no a que con sus acciones se debilite un principio fundamental en la educación superior pública y se abra la puerta a su desmonte, lo cual sería catastrófico para las clases más humildes de nuestro país a futuro.
***
Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción
Reflexiones en torno a la autonomía universitaria
La Reforma de Córdoba: vientre fecundo de la transformación universitaria
