Ayer mismo España entera fue sacudida con la noticia de que Juan Carlos Borbón, quien fuera nombrado por Franco en 1977 rey de España, comunicaba a su hijo Felipe VI la decisión de marcharse definitivamente del país. Sacudida pero no sorprendida porque el rumor sobre dicha decisión circulaba en las redes sociales, en las que se la consideraba como la carta a jugar para poner coto al catastrófico deterioro de prestigio que estaba sufriendo no solo Juan Carlos sino la misma monarquía por causa de las investigaciones de la fiscalía suiza sobre sus multimillonarias operaciones de blanqueo de capitales y evasión de impuestos. La prensa hegemónica intentó en principio ocultar o minimizar esta información pero llegó el momento en que no pudo hacerlo más, debido a que las mismas encontraban amplio despliegue en la prensa internacional. Algo semejante hicieron el arco de los partidos monárquicos que, desde el Psoe hasta Vox pasando por el Partido Popular, llevaron hasta el extremo la negativa a prestar atención a dichas denuncias, rechazando sin ambages la propuesta de Unidas Podemos de formar una comisión parlamentaria encargada de investigar y evaluar las actividades non santas del que ya era rey Emérito.
Porque esta huida - presentada como un acto de responsabilidad en la carta pública en la que Juan Carlos informó de su decisión – no es más que el más reciente episodio del drama de la ya irresistible caída en la ignominia de un monarca, a quién el feliz desenlace del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 elevó a las más altas cotas de la popularidad y el prestigio. La primera campanada de que su comportamiento no era sin embargo todo lo ejemplar que se suponía, lo dio él mismo en Botswana en 2012, cuando saliendo de madrugada del bungaló de Corinna zu Wittgenstein, resbaló en los escalones, cayó y se fracturó la pelvis. El accidente, imposible de ocultar, saltó a los noticieros y las primeras planas de los diarios, que tampoco pudieron ocultar que el rey estaba con su amante cazando elefantes en África, mientras el pueblo español padecía los rigores de la crisis económica internacional desencadenada en 2008 por la quiebra de Lehman Brothers. Fue tanta la indignación del común que cuando abandonó la clínica madrileña donde le curaron, declaró: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”.
En estas diez palabras, tan meticulosamente calculadas, no hay ninguna mención a Botswana, pero los interpretes oficiosos de la misma, la tomaron como la confesión que lo absolvía no solo de la cacería de elefantes y de su flagrante infidelidad, sino de cualquier implicación en el caso Nóos. O sea, en el enjuiciamiento por corrupción de la Infanta Cristina y de su marido Iñaki Urdangarin, incoado en 2006, que culminó con la absolución de la Infanta y la condena en 2017 de Urdangarín a 6 años y diez meses de prisión. En el curso del mismo, Diego Torres, socio de ambos, acusó a Juan Carlos de estar al corriente de las actividades delictivas de la empresa de la que los tres formaban parte.
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Abundantes rumores sobre su afición a las mujeres y al whisky se sumaron para socavar su prestigio, y el 18 de junio del 2014 tomó la decisión de abdicar y ceder el trono a su hijo
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Las esperanzas de los interesados intérpretes no tardaron sin embargo en disiparse. El 6 de enero de 2014, durante la solemne celebración de la Pascua militar, el abuso del licor le jugó de nuevo una mala pasada al soberano. Esa misma mañana había regresado de Londres, después de una celebración de su cumpleaños que había durado hasta la madrugada y se le fue la olla leyendo su discurso. El episodio apenas tuvo eco en la prensa hegemónica pero no tardó en sumarse a los abundantes rumores sobre su inmoderada afición a las mujeres y al whisky, socavando aún más su prestigio. De allí que el 18 de junio de ese mismo año tomará la decisión de abdicar y ceder el trono a su hijo, quien ascendió al mismo como Felipe VI.
Pero la paz y el sosiego que esperaba lograr con la abdicación no duraron demasiado. El año pasado apareció la noticia de que un fiscal estaba investigando en Suiza la cuenta de una empresa fantasma, propiedad de Juan Carlos- y de su familia cabe añadir-, a raíz de la transferencia de 65 millones de dólares ordenada a favor de una cuenta de Corinna Wittgenstein en Panamá. Interrogada por el fiscal ella respondió que había sido un regalo del monarca. Ni el fiscal suizo ni nadie más le creyó y en cambio cobró fuerza la versión de que ese dinero era el pago que Corinna había recibido por la intermediación en el soborno que empresarios españoles dieron al rey de Arabia para que les concedieran el contrato de la construcción del tren de alta velocidad entre el Riad y la Meca. Ante esta situación, la fiscalía del Tribunal Supremo español anunció días atrás la apertura de una investigación a la que ha respondido Juan Carlos poniendo tierra de por medio.
