Pasan los días y el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, cometido el pasado 7 de julio, sigue mostrando ramificaciones de una amplitud cada vez mayor. Desde ese mismo día se conoció que tras el brutal magnicidio se escondía una operación de resonancias continentales.
Una vez establecida la nacionalidad del equipo de mercenarios que se encargó del trabajo —colombiana y haitiano-estadounidense—, y tras una labor policial en Puerto Príncipe que implicó algunas maniobras diplomáticas con el consulado de Taiwán en cuyas inmediaciones se habían escondido algunos mercenarios colombianos, ya se empieza a iluminar la trastienda de este crimen que compromete a autoridades en Washington y Bogotá, y algunos empresarios en Miami.
En efecto, el presidente Jovenel Moïse se encontraba en una situación delicada en su país, tras pretender salirle al paso a los intereses de un grupo de familias poderosas con intereses en el sector energético. En lo tocante con el narcotráfico, Haití, el igual que Colombia, siempre ha estado en la mira. Moïse, dicen sus opositores, debió haber entregado el poder en febrero.
Sin embargo, él consideraba que su mandato se extendía hasta febrero del próximo año. Sus recientes iniciativas en procura del control absoluto del Estado haitiano, llevaron a que su popularidad cayera estrepitosamente. Además, la situación de inseguridad se había acrecentado al punto que se afirma que amplios sectores de la capital, Puerto Príncipe, está en poder al parecer de bandas organizadas, mayormente el consorcio G9, que agrupa a nueve bandas criminales, según varios reportajes que se conocen.
Está documentado que compañías norteamericanas de seguridad privada, han contratado exmilitares para trabajar en Irak, Afganistán, Yemen y Emiratos, estas empresas a su vez son contratadas por el gobierno de Estados Unidos para organizar grupos de mercenarios contratistas para diferentes tareas en Medio Oriente; según el periodista estadounidense Jeremy Scahill, esto viene desde el 2003 cuando la empresa Blackwater firmó un contrato con el Departamento de Estado de Estados Unidos para prestar seguridad en la reconstrucción de Irak.
En su libro Scahill, describe que “la compañía Blackwater inicia a mitad de los años 90 y que construyo un enorme campo de entrenamiento en Carolina del Norte para la preparación de mercenarios”. En 2010 cambian su nombre porque sus mercenarios se vieron implicados en asesinatos de civiles en Irak. Para reducir costos comienzan a mirar a Colombia y otros países del mal llamado tercer mundo, porque un contratista norteamericano ganaba US 10.000 al mes y a un colombiano le pueden pagar alrededor del 10% de ese salario.
En Colombia están las firmas reclutadoras Soldado Global, ID Systems y IG Solutions. Los exmilitares colombianos los consideran bien entrenados por su experiencia enfrentando a la guerrilla, el periódico The New York Times, ya había publicado un artículo sobre los colombianos en Yemen, donde afirman que hacen parte del ejército oficial de los Emiratos Árabes.
En Haití estos 26 colombianos exmilitares que han sido señalados por la prensa internacional como responsables de la muerte del presidente de Haití habían sido contratados por la empresa CTU que está registrada en Estados Unidos y que los reclutó.
El periodista Gonzalo Guillén reenvió a través de su cuenta en Twitter un trino de la cuenta correspondiente a María Eugenia Bedoya, en el que afirma que la empresa CTU, domiciliada en Estados Unidos, se encargó del reclutamiento: "La empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio del presidente de Haití, está registrada en Florida".
A medida que pasa el tiempo se levantan las preguntas sobre la posible conexión que puede haber entre el magnicidio cometido en Puerto Príncipe y la visita de, William Burns, director de la CIA, a Colombia quien llegó al país el pasado 20 de junio.
La pregunta en torno a la participación, ya no solo de colombianos, sino de Colombia en tanto Estado, en este complot levanta cuestionamientos que, dados los altos índices de corrupción no sorprenden. Como afirmé arriba, esta participación internacional deja, al cabo de los días, más preguntas, pues sus respuestas comprometen no solo a los soldados sino al establecimiento colombiano.
Así entonces, tras darse a conocer la participación en el magnicidio de la empresa de Alfred Santamaría, se reveló la cercanía del presidente colombiano con Tony Intriago, otro empresario venezolano implicado en la contratación de mercenarios colombianos.
Tal como la plantea la literatura, Haití sigue siendo el punto de choque entre un colonialismo que no cede y un anticolonialismo que en su lucha muchas veces replica los patrones colonialistas de saqueo de los recursos públicos, violencia y corrupción.
Nos vemos aquí en Colombia en el espejo de Haití, con una historia colonial de saqueo, corrupción, violencia y el crimen organizado con sus tentáculos en el poder.
Necesitamos respuestas urgentes a los cuestionamientos mencionados, porque otra tarea que tenemos ahora es la de esclarecer por qué exmilitares colombianos han terminado de mercenarios en diferentes lugares del mundo.
