En medio de toda la crisis económica que está viviendo el país a cuentas del confinamiento por el COVID-19, algunas universidades privadas de Colombia parecen desconocer las dificultades que afrontan las familias colombianas o por lo menos eso dan a entender con sus actos. Estas universidades predican la solidaridad, el ánimo de no lucro, la igualdad entre otros principios y valores que no se ven reflejados en su proceder en medio de la crisis.
Sin embargo, no podemos desconocer que la constitución política de Colombia en su artículo 69 consagra la autonomía universitaria, que no es más que la facultad que tienen las universidades de autodeterminarse siguiendo los lineamientos constitucionales y de ley; lineamientos que no han surtido modificaciones transitorias que obliguen a las universidades asumir un trato económico laxo con los estudiantes durante la pandemia.
Al no existir una directriz por parte del gobierno nacional que permita un trato económico diferencial al que se le da a los estudiantes en condiciones normales, las casas de estudios superiores mediante sus juntas directivas toman decisiones en beneficio de su autosostenimiento, en la búsqueda de una afectación mínima a los ingresos que acostumbran a recibir anualmente en condiciones normales; las matemáticas financieras les permiten hacer cálculos de acuerdo con los porcentajes de costos del servicio de educación presencial y de los costos que dejan de asumir en medio de la prestación del servicio de educación virtual.
En ese orden de ideas, las estrategias de mercado van encaminadas a disminuir los valores de las matrículas e inscripciones, pero también a que prevalezcan sin ningún tipo de descuento los derechos pecuniarios relacionados con los derechos a grado, certificaciones y demás costos que son necesarios para optar por el título profesional.
Así mediante estas maniobras de mercado similares a las que tienen las entidades con ánimo de lucro operan algunas universidades en nuestro país, entidades que por estos tiempos de crisis económica y social se valen de la autonomía que les otorga la constitución para cobrar derechos a grado con valores exorbitantes, más dadas las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la mayor parte de la población colombiana, valores que no corresponden al costo real de una ceremonia virtual, simplemente es la impresión de un diploma y un acta de grado, ¡si acaso lo envían de manera digital!
Estas entidades de educación superior que han perdido la consciencia social y que hoy día son manejadas como empresas con ánimo de lucro cometen un error al creer que sus estudiantes de pregrado son netamente el equivalente a los activos fijos de la empresa y que sus egresados graduados y no graduados son un producto de inaparente valor agregado.
En definitiva, estas universidades deben tener a sus egresados como el mayor activo de la institución y dado su funcionamiento como empresa deberían implementar una estrategia de mercadeo, propia de las ventas multinivel donde los egresados sean sus vendedores estrellas. Sin embargo, ante tantos abusos en medio de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, a esos “vendedores estrellas” no les quedan ganas de promocionar ni de recomendar a estas instituciones que actúan con tan poca consideración social; instituciones que le han dado la espalda a sus profesionales en medio de una crisis de tal magnitud.
Finalmente, quiero concluir citando al general Benjamín Herrera Cortés: “Colombia por encima de los partidos”; frase que análogamente atendiendo la situación en la que nos encontramos sería “la educación por encima de las universidades”.
