"El viento ríe en las mandíbulas de los muertos. En Ituango, el cadáver de la risa" (María Mercedes Carranza).
Colombia no deja de ser un país convulsionado, día tras días la realidad política, económica y social del país genera nuevas noticias y disputas entre diferentes sectores sociales y políticos del país. Pues bien, los últimos meses han estado marcados por el cubrimiento mediático que se ha convertido la pandemia generada por el COVID-19 y ha servido como cortina de humo para ocultar y no darle importancia a otros asuntos políticos de relevancia nacional: vínculos del narcotráfico con la élite política, renta básica, aumento de la pobreza y desempleo, deforestación, incumplimiento a la implementación del acuerdo de paz, asesinato de líderes sociales y firmantes de la paz, entre muchos otros.
En esa medida, el 27 de junio pasó desapercibido el aniversario número 3 de la dejación de armas por parte de las FARC-EP, con excepción de algunas noticias que recordaron el suceso sin mayor trascendencia, triste paradoja debido a que la disputa por la memoria empieza con recordar y rememorar los sucesos trascendentales para las colectividades y aquí se prefirió olvidar antes que recordar. Es por lo que el 27 de junio debería de servirnos como sociedad colombiana para reflexionar sobre la implementación del acuerdo de paz, la memoria histórica, las víctimas y el momento de contrición para comprometernos con la justicia social.
El otro suceso que pasó desapercibido, pero tuvo un poco más de cubrimiento y denuncia fue el desplazamiento de casi un centenar de firmantes de la paz y sus familiares del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruíz de Santa Lucía, Ituango en el Bajo Cauca Antioqueño; región con profundos conflictos, producto de su ubicación geoestrategia: está cerca del Nudo de Paramillo, lugar que sirve para desarrollar proyectos de concentración de tierras y explotación de recursos por parte del gran capital, además de zonas de cultivo de drogas de uso ilícito y megaproyectos hidroeléctricos.
Antes de realizar algunas reflexiones sobre las implicaciones del desplazamiento de la comunidad en proceso de reincorporación, recordemos la llegada de la guerrillerada a las zonas veredales.
Entre diciembre de 2016 y enero de 2017 se desarrolló la “ultima marcha guerrillera”, haciendo uso de camiones, canoas, lanchas y al mejor estilo fariano en marchan, llegaron los más de 6.300 exguerrilleros a las 19 Zonas Veredales de Reincorporación (ZVR) y 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN), concertados entre el Estado y la insurgencia, quienes de manera progresiva salieron de las selvas, maniguas, trochas y montañas en donde vivieron y desarrollaron su actividad político-militar por más de medio siglo.
Al ver las fotografías y videos que quedaron como testigo del suceso histórico no se pueden negar los sentimientos entremezclados: nostalgia por dejar algunas prácticas como insurgencia, incertidumbre frente a qué iba a pasar con cada uno de ellos y con el proceso colectivo con el paso del tiempo y alegría porque le cumplían al país, a la historia y a sus convicciones ético-políticas porque empezaban a materializar el proceso de construcción de la paz.
El recibimiento por parte de las poblaciones en las cuales tuvieron incidencia fue fraterno y cargado de alegría y esperanza, con banderas de Colombia y blancas como símbolo de paz se empezaba a materializar el fin de la guerra y abría la posibilidad al reencuentro con sus familiares, amigos y una nueva vida de la cual no sabían cómo iba a ser. El llegar a las ZVR y PTS el factor común fue el incumplimiento en materia de infraestructura y servicios básicos como agua potable, luz y baterías sanitarias, a pesar de dichas condiciones la guerrillerada continuó el proceso para iniciar el proceso de dejación de armas y transitar a la legalidad.
Tras un poco más de tres años, volvieron a aparecer los buses escalera o chivas, pero esta vez para reubicar al centenar de personas que habitaban el ETCR Santa Lucía (Ituango) y que le han apostado a la paz en un nuevo destino: Mutatá, ubicado en el Urabá antioqueño, territorio que le apuesta a la paz y que abrió de manera generosa sus puertas para para acogerlos. Ante el incumplimiento y las trabas que ha puesto el Estado colombiano para garantizar de manera plena la reincorporación de la comunidad, los firmantes de la paz se han comprometido a cumplir su palabra y a echar raíces con sus proyectos productivos y sus proyectos de vida, en medio de las balas que ya cobraron la vida de 12 exguerrilleros en Ituango y 207 más en otras partes del país.
Ver las imágenes de los chivas cargadas con los enceres de la comunidad como preámbulo de la partida genera profundo dolor y tristeza porque Ituango continuará siendo un territorio de guerra, en donde las esperanzas de construir la paz tienen que ser empacadas porque aún no estamos preparados para cambiar la historia. Los señores de la guerra ganan un nuevo espacio que fue concebido como laboratorio de paz, pero que tiene que ser abandonado porque la guerra sucia y el genocidio continua. Mutatá, nuevo territorio de paz, ofrece nuevas oportunidades para la comunidad porque cerca de 137 hectáreas serán compradas y sin duda serán esenciales para echar raíces y volver a emprender los proyectos productivos.
Y es que las estructuras del paramilitarismo y narcotraficantes con el paso del tiempo se han ido robusteciendo ante la mirada pasiva del Estado colombiano, que de manera cómplice guarda silencio y no realiza acciones para impedir su accionar. Llama la atención que cerca de los ETCR hay unidades militares que no ven ni hacen mayores esfuerzos por proteger la vida de líderes sociales, comunitarios y firmantes de la paz. Lo que pasó en Ituango no puede volver a suceder en los otros ETCR, por el contrario, estos deben fortalecerse y ser territorios de paz, la defensoría del pueblo ya ha dado medidas cautelares para los ETCR de Buenos Aires (Cauca), Puerto Asís (Putumayo) y Mesetas (Meta) que se encuentran en alto riesgo.
Por otro lado, es importante no caer en lecturas fatalistas, debido a que las experiencias de reincorporación colectiva son heterogéneas, hay ETCR que se han ido fortalecido y son ejemplo de resistencia y coherencia frente al desafío de la paz en medio de la adversidad, desarrollando diferentes proyectos productivos en donde las comunidades campesinas se han ido vinculando a las propuestas de economía solidaria y cooperativa.
Para cerrar, el llamado a la ciudadanía es a reactivar la movilización social, la paz no puede ser reducida al silenciamiento de los fusiles, por el contrario, es la implementación integral del acuerdo, poner en marcha la Reforma Rural Integral (antídoto para el problema del campo y factor clave en la génesis del conflicto), desmantelar las estructuras “sucesoras” del paramilitarismo, respaldar el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición. Por ningún motivo la paz puede seguir costando las vidas de líderes, lideresas sociales y firmantes de la paz.
