La veeduría que el Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana y UNIGEEP le vienen haciendo, con un bien documentado seguimiento desde sus orígenes, al ambicioso proyecto hidroeléctrico pescadero Ituango ha desembocado en la solicitud hecha a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de investigar a fiscales y procuradores del periodo comprendido entre el año 2012 a 2018 y lo que va corrido de 2019 por negligencia y omisión en el desempeño de sus funciones.
En efecto, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría tenían conocimiento de las denuncias gravísimas por el favorecimiento, direccionamiento y el conflicto de intereses en la selección de las firmas encargadas de construir la Hidroeléctrica Pescadero Ituango. De hecho, en el año 2012 se desató un monumental escándalo porque a última hora se modificaron las condiciones que se habían establecido para la licitación, dejando por fuera a varias firmas.
El escándalo estalló cuando se conoció que los finalistas resultaron ser el Consorcio CCC Ituango y el Consorcio OMS Ituango (conformado por las firmas Odebrecht, Minciviles y Solarte), pero, además, porque se supo también que el más opcionado era, precisamente, el Consorcio CCC Ituango por presentar la propuesta más económica. En ese tiempo también se dijo que Camargo Correa y Odebrecht habían llegado a un acuerdo para que Camargo Correa presentara la oferta más barata, buscando que se ganara el contrato, a cambio de partir los beneficios con Odebrecht. Esta denuncia resulta creíble, teniendo en la cuenta que entre corruptos las cosas se llevan muy bien.
Lo más desalentador y que los ciudadanos gritan a viva voz es que en Colombia se premian los funcionarios negligentes, complacientes con la corrupción o corruptos. Este es el caso de flamante embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez Maldonado, quien en su desempeño como procurador tuvo conocimiento de las denuncias por la forma direccionada y corrupta en la que se adjudicó la licitación y las archivó, con el falso argumento de que EPM se regía por la contratación privada. Esta explicación es inexistente, porque si bien es cierto que la contratación de EPM se rige por el derecho privado, los directivos de la empresa que es del Estado están sometidos al régimen fiscal y disciplinario. En un próximo escrito les contaré por qué Ordóñez archivó la investigación.
El fiscal Martínez tampoco se ha quedado atrás en mantener en la impunidad los actos de corrupción en Hidroituango, pues en unas declaraciones entregadas a RCN Radio exoneró de plano a la corrupta Odebrecht de toda culpa, sin que la investigación hubiera concluido. Esto fue lo que dijo: Hay un testimonio directo de una persona que participó, que ella misma entregó dineros”, “por el contrario, Odebrecht ha contribuido a dar señalamientos y evidencias de que, primero, nunca hubo una colusión y segundo, que hay entendimientos de que los precios en esa obra eran contrarios a las realidades del mercado”. Estas declaraciones se concedieron el 20 de mayo de 2018 y a la fecha no ha dicho cuánto fue el dinero que entregó la fuente que está citando, tampoco a quién se lo entregó.
