Como ex-contratista del sector salud, quien durante casi una década estuvo al servicio de un departamento jurídico hospitalario del sector público en uno de los territorios más desiguales del país como lo es el departamento del Magdalena, puedo asegurarles que siempre hemos coexistido con unos "verdaderos héroes" de la salud. Esos mismos médicos y enfermeras de quienes hoy se ufanan los medios de prensa y el Gobierno en ejecución de una sistemática estrategia para elevar la moral de una tropa que combate aterrorizada por ser consciente de que fue enviada a la primera línea de guerra contra el Covid-19, con escasos escudos biológicos e insuficiente equipo médico logístico.
Enviados a una lucha en la que Estados de todos los continentes quienes incluso cuentan con sistemas de salud más grandes, desarrollados e eficientes, han venido perdiendo en espera de lo que la OMS ha llamado "aplanamiento de la curva" algo tan subjetivo y paliativo, que por sí mismo informa casi subliminalmente la imposibilidad de las naciones de encontrar una cura a corto plazo al nuevo Coronavirus denominado Covid-19.
Sin embargo mi intención es dar a conocer una de las tantas caras ocultas de la verdad, la menos conocida de la salud, la más humana, por ende la más vulnerable la de la laboral; esa cara que alberga a uno de los sectores laborales más explotados del país, el personal médico asistencial constituido por enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, médicos y en general todo el personal que hace posible le ejecución del servicio de salud, quienes por sus turnos brillan por la ausencia en sus hogares y por sus profesiones padecen a menudo de una baja remuneración e inestabilidad laboral.
Como todo lo malo dentro del sistema de seguridad social actual, este comienza con la criminal Ley 100 de 1993, si! criminal por que con la privatización de la salud nació el negocio privado más rentable después de la acumulación de tierras productivas en Colombia; grandes emporios económicos y políticos surgieron en los últimos 25 años como una nueva clase burgués a costillas de los recursos del erario público, dineros con los cuales han logrado influir en casi todos los cargos de las ramas del poder público, especialmente en el legislativo y ejecutivo.
Inicié mi labor como contratista al servicio de la salud a principios de la década del 2000, primero fuimos estafados por varias bolsas de empleo al servicio de Congresistas, Asambleístas o Concejales que se fueron sin cancelar nuestros honorarios; luego irónicamente también fuimos abusados por Sindicatos de Trabajadores de la Salud por medio de las cuales se realizó nuestra contratación en búsqueda de mayores garantías, pero de quienes luego se descubriría que cobraban al Estado hasta el doble de lo que nos pagaban para así seguir trasladando el común porcentaje del 20 o 30% o más de comisión que exigen los partidos políticos, por contratar a través de sus denominados derechos políticos en las instituciones públicas, derechos cedidos ya sea por el gobierno Nacional, Departamental o Distrital como contraprestación por los votos de sus simpatizantes en campaña.
En mis últimos años en el sector fuimos contratados directamente por el Estado bajo la figura de prestación de servicios; intimidados sutil pero eficazmente con la no renovación de nuestros contratos, se debe aprender a guardar silencio frente a irregularidades comunes como el no pago oportuno o el pago selectivo de honorarios, la existencia de una mafia interna de compraventa de cuentas, la convocatoria y asistencia controlada a incontables reuniones políticas, la acumulación de órdenes de pago en espera de desembolso, por último y no menos grave al quedarse sin contrato en diciembre y trabajar enero sin contrato, ni paga para luego esperar poder agradecer la firma de un nuevo contrato sin aumento a finales de febrero. Siempre así, en silencio, sin derecho a reclamar, sin estabilidad laboral, ni económica, sin derecho a nada, un circulo vicioso de mas de 7 años en el que estuve, hasta que un día decidí no regresar a mi puesto de trabajo al cuestionarme a mí mismo por mantenerme asistiendo a un lugar donde llevaba varios meses sin recibir mis honorarios.
Se pierde la fe en los Órganos de Control Estatal llámese Procuraduría, Contraloría etc; quienes "extrañamente" nunca actuaron de manera eficaz frente a las quejas presentadas por compañeros que se inmolaron laboralmente al acudir a ellos aun cuando los actos de corrupción eran evidentes; personas quienes nunca volverían a obtener un contrato público por que la corrupción en el sector salud también logró contagiar a una gran parte del Gremio de Médicos que hoy se desempeñan como Administradores Públicos o como Empresarios de la Salud o miembros societarios de las misma, quienes se protegen coordinadamente entre si a través de instituciones asociativas, ensañandose en contra de quienes reclamen, demanden o denuncien sus atropellos.
Es así como el Estado tiene una deuda histórica con el personal médico asistencial, hoy más que nunca en tiempos de Covid-19, donde la corrupción de casi tres décadas los está convirtiendo en verdaderos mártires, a quienes ya eran héroes silenciosos, aun antes del reconocimiento del Gobierno y los medios de prensa, aun antes de que hoy asuman profesionalmente la atención médica de infectados, bajo condiciones de bioseguridad y riesgo inaceptables en cualquier país desarrollado, bajo el compromiso ético y moral de preservar la vida de sus usuarios.
Por todo lo anterior hoy como nunca en su historia el personal médico asistencial de la salud pública y privada de Colombia tiene la oportunidad de negociar una reforma laboral, exigiendo la desaparición de la intermediación laboral y del enfermo contrato de prestación de servicio, exigiendo la suscripción de contratos de trabajo que les devuelva el bienestar prestacional del que merecen y merecemos todos disfrutar.
