La Corporación Nuevo Arco Iris está por finalizar una investigación en nueve municipios Vistahermosa, Puertorico, La Macarena, La Uribe y Mesetas en el Meta; Tumaco en Nariño y Caldono, Santander de Qulichao y Silvia en el departamentos del Cauca, para analizar como vivirían el post-conflicto las comunidades de estos municipios donde el conflicto ha sido fuerte y prolongado. El estudio analizó también los riesgos que en materia de seguridad y derechos humanos se presentarían en una eventual firma de los Acuerdos de paz de La Habana. Estas las conclusiones preliminares en donde se reconocen situaciones alentadoras pero, también permiten manifestar que los nubarrones son inmensos. En total se puede hablar de nueve conclusiones generales, pero valdría la pena destacar tres de ellas que se adelantan aquí.
La primera conclusión, permite afirmar que en el país se está presentado un aumento de los conflictos horizontales, es decir, entre comunidades, vecinos e incluso familiares alrededor de la tierra, y estos aumentan a medida que crece la expectativa de una finalización exitosa del proceso de paz. En el Cauca por ejemplo, hace apenas 15 meses había nueve puntos conflictos entre comunidades indígenas y sectores campesinos, hoy se contabilizan 36, varios de ellos de extrema gravedad, que han llevado incluso a la quema de la iglesia en Inza, Cauca.
Los conflictos alrededor de la tierra en el Cauca, ya han causado enfrentamientos violentos y masivos entre sectores campesinos e indígenas, invasión de fincas de un lado, ataques con machetes y palos del otro y amenazas que se han incrementado en el último tiempo. Algunos sectores indígenas manifiestan que no permitirán la instauración de las zonas de reserva campesina, mientras que familias campesinas en la alta montaña del norte del Cauca llevan esperando más de 50 años para la legalización de sus parcelas.
Esta misma situación se presenta en el departamento de Nariño, allí varias comunidades negras han manifestado su recelo frente a una posible creación de zonas de reserva campesina, de hecho recientemente el gobernador de este departamento Raúl Delgado y varios líderes de estas comunidades, firmaron el 23 abril la Declaración de Tumaco. En esta declaración se puede encontrar, entre otras cosas, la voluntad de construir un proyecto integral de desarrollo rural, además se manifiesta que no sé está de acuerdo con las fumigaciones con glifosato, pero hay un párrafo donde la gobernación se compromete a acompañar a estas comunidades en su aspiración a que los territorios colectivos sean protegidos y se deja claro que estos no son tierras improductivas, una muestra clara del recelo que existe en torno a las Zonas de Reserva Campesina.
Vale la pena aclarar que tanto la Gobernación del Cauca, como la de Nariño, son de las más comprometidas a nivel nacional con el proceso de paz, de hecho el gobernador de Nariño, ha creado un grupo de asesores denominado “el grupo del postconflicto”, que buscan generar una estrategia para preparar a Nariño para ese postconflicto. Sin embargo los recelos de varios sectores sociales son importantes. Igualmente la forma como el INCODER ha manejado el tema de tierras, por ejemplo en Cauca, es bastante cuestionable, ya que ha puesto a pelear diferentes sectores sociales.
La segunda conclusión hace referencia a la forma cómo élites regionales y locales están asumiendo los avances del proceso de paz, en algunas zonas del departamento del Meta. Se sabe que nuevamente han aparecido grupos privados de seguridad, se logró constatar que estos grupos operan en Mesestas y San Juan de Arama, y se han comenzado a encontrar indicios de estos grupos en Vista Hermosa. El objetivo de estas estructuras son tres, por un lado, cuidar la tierra que fue despojada a campesinos y que ahora están en manos de terceros, mucho de ellos ahora fungen como prósperos palmeros o viejos narcotraficantes. En segundo lugar, se logró determinar que su segundo objetivo será el de ocupar las zonas que dejen libre las FARC y con ello o bien expandir y controlar cultivos de coca o nuevamente despojar esta tierra. Por último, su objetivo será el de limitar y controlar el surgimiento de liderazgos sociales y políticos en las regiones.
El último objetivo de estos grupos, tal vez sea el más complicado, pues se podría repetir lo que el país vivió con la Unión Patriótica o UP; cuando una alianza entre élites políticas regionales y locales, narcotraficantes y agentes estatales liquidó la oposición política naciente. En las regiones objeto de estudio, fue notorio encontrar un resurgimiento de múltiples liderazgos sociales y políticos, que se creían habían desaparecido luego de la fuerte ola de violencia que azotó estas zonas del país, este surgimiento en todo caso ha sido visto con desconfianza por algunos sectores políticos, de hecho en varias regiones del país estos sectores políticos ya se habían aliado con ilegales en años anteriores como en el César y La Guajira.
Pareciera que el Estado nacional y local no está preparado para asumir este reto, será necesario preparar la institucionalidad, tanto para garantizar el ejercicio político y social de los miembros de las FARC una vez estén en democracia, como para proteger sus vidas.
Lo anterior hace referencia a la tercera conclusión, y, es que no se ha encontrado una institucionalidad local preparada para el postconflicto, la debilidad institucional es visible en casi todos los municipios que tiene presencia de las FARC y donde se presume se quedaran los guerrilleros una vez se produzca la dejación de armas. A diferencia de otros procesos de paz, esta vez los guerrilleros que salgan a la paz, no se irán a las ciudades como lo hicieron los del M19, o los miembros de la Corriente de Renovación Socialista, por el contrario se quedaran en los municipios donde hicieron presencia, y allí intentaran participar en política, hacer activismo social, y en general reconstruir sus proyectos de vida. Sin embargo estos municipios no tienen funcionarios públicos preparados para la administración del Estado, carecen de ingresos estables, y sobre todo no tienen control territorial real en sus municipios.
