Tanto el presidente Duque como los principales representantes del gobierno nacional afirman que no existen razones para el llamado a paro nacional el 21 de noviembre, el cual fue convocado en primera instancia por las centrales obreras y al que se le han sumado los estudiantes y numerosas organizaciones y colectivos ciudadanos. Y con la mayor desfachatez han salido en los medios de comunicación afirmando que no existe ni una reforma laboral, ni una pensional. Mejor dicho, otra vez Duque preguntando: ¿de qué me hablas, viejo?
Adicionalmente, y de manera nunca antes vista en ninguna parte del planeta, han generado toda una campaña anti paro la cual deja ver de manera nítida el carácter retardatario y antidemocrático de este gobierno, la cual ronda tanto en los medios como en las redes sociales, incluyendo la clara amenaza de agresión a los manifestantes por parte de algunos uribistas radicales que, por sus comunicados y declaraciones, parece que fuesen comandantes paramilitares. Todo ello sin que las autoridades llamen la atención de estas personas sobre este tipo de comportamientos claramente contrarios a la convivencia ciudadana y a la paz.
Por eso, en esta ocasión quiero desde este espacio explicarle al gobierno y sus partidarios de que estamos hablando la mayoría de los colombianos.
Además de que el gobierno del presidente Iván duque tiene un 70% de opinión desfavorable por su pésima gestión al frente del gobierno, existe un inconformismo generalizado entre los ciudadanos colombianos por el anuncio de políticas laborales y pensionales que agravarían la ya precaria situación de la mayoría de trabajadores que no ganan más de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por aquí empezó el llamado a paro. Sin embargo, el paro ha trascendido a estas dos motivaciones.
Y es que desde el 7 de agosto de 2018 este gobierno, ciego y sordo, no ha hecho más que ir en contra de las más básicas demandas ciudadanas de los colombianos además de implementar, en la práctica, medidas que afectan el salario mínimo y el poder adquisitivo de las grandes mayorías, el creciente aumento del desempleo que volvió a estar en dos dígitos, el talante antidemocrático de este gobierno, el incumplimiento que el Estado colombiano ha tenido con respecto a los compromisos adquiridos con varios sectores (Farc, profesores, estudiantes, etc), la corrupción que continúa empeorando, las privatizaciones de empresas estatales, la delincuencia que cada día aumenta, el retorno del desplazamiento forzado y de grupos armados al margen de la ley, el homicidio sistemático de líderes sociales e indígenas, la desconexión absoluta entre lo que pide el ciudadano de a pie y las decisiones del gobierno, el no hacerle frente a los problemas que se presentan, su falta de gobernabilidad en la arena política y la nueva reforma tributaria y hasta la decepción de algunos uribistas ante la gestión del presidente. En resumen, el pueblo colombiano se cansó.
Pero algo muy importante también ha hecho que muchas personas se sumen al paro del jueves. Es la defensa del irrenunciable derecho humano y constitucional a la protesta social que debe existir en toda democracia que se precie de serlo, el cual este gobierno ha tratado de restringir por todos los medios y del que definitivamente no gusta mucho.
No solo ha autorizado a los gobiernos locales de tomar medidas como los toques de queda si no que ya ocho días antes del paro nacional las Fuerzas Armadas dictaron el acuartelamiento de primer grado. ¿Acuartelamiento de primer grado de los militares por una protesta social?, ¿acaso estamos en guerra?, ¿es esto una respuesta de un gobierno democrático ante unos ciudadanos que protestan porque no están de acuerdo con sus políticas?
