La verdad es que para ambos es más una jugada en una partida de ajedrez o una carambola a varias bandas, ya que es poco posible que alguno reversara sus posiciones y convicciones pasadas, o que en algún punto llegaran a coincidir o transigir.
El tema no se reduce a los planteamientos anteriores según lo cuales para unos la redistribución de la propiedad de la tierra está a la base de toda la violencia (y en consecuencia justifica y amerita ser una prioridad absoluta); y para otros el derecho de propiedad es el fundamento del ordenamiento social y en consecuencia la amenaza de expropiación acabaría con éste.
Hoy están involucrados temas antes poco tocados como la ‘función social de la propiedad’, en el sentido que para la sociedad tiene que ser económicamente productiva como lo ha destacado y centrado la Ministra de Agricultura; o como lo que fue fundamento de la Ley 200 de López Pumarejo que nunca pretendió ‘repartir tierras’ sino ‘acabar con la “vaguedad litigiosa” como causa de los conflictos de tierras – hoy multiplicado por centenares debido a las ‘intervenciones’ de la guerrilla y sobre todo de los paramilitares-; o el abandono del Estado, representado en la falta de bienes públicos para acompañar y permitir el desarrollo integral del campo (vías, comunicaciones, educación, salud, etc).; o que su explotación debe ser ecológica y ambientalmente sostenible.
La primera jugada la hizo Lafaurie pasándole el balón al gobierno, ‘desinflándole’ su discurso, y posicionándose como colaborador y promotor de soluciones. Básicamente le deja al gobierno el problema de adelantar un imposible.
A comenzar por concretar la naturaleza del ‘acuerdo historico’ pues, siendo solo un principio de acuerdo con un gremio, no corresponde a ninguna figura jurídica. No parece fácil darle vida a través de actos administrativos pues requiere mínimo una ley y probablemente o idealmente una jurisdicción especial.
El primer requisito para que el Estado adquiera es que el título sea sano. Con 900.000 desplazados y la sentencia de la Corte que puso en entredicho toda titulación hecha por vía administrativa será casi imposible encontrar esa cantidad de hectáreas libres de litigios. Si la Reforma Tributaria para recaudar 22 billones ha sufrido tanto debate (y aún no se sabe que saldrá), de donde saldrán los cerca de 100 billones que requeriría este programa y que deberían ser aprobados legalmente para aumentar en eso el endeudamiento además de obligarse a abandonar la regla fiscal (eso suponiendo que lo ganaderos acepten ‘alguna forma de bonos de deuda pública’). Lo paradójico es que ni siquiera se encontrarían los campesinos o los predios para aspirar a copar ese programa: si por ‘campesino’ se entiende quién posee menos de 30 hectáreas y se excluyen los desplazados que tramitan judicialmente sus derechos ¿Dónde estarían los más de 100.000 que aspirarían a ese beneficio? Y ¿Dónde los ganaderos que ofrecerían tierras para la venta para conseguir 100.000 parcelas de donde sacar esas 3 millones de hectáreas, si según los datos de Lafaurie el 89% de los ganaderos tiene menos de 5 cabezas – o sea menos de 10 hectáreas ?
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Ni que hablar de cómo se fija el ‘valor comercial’ o cómo será la calificación de tierras por parte del Upra. O cuándo aparecerá el Catastro Multiproposito
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Ni que hablar de cómo se fija el ‘valor comercial’ o cómo será la calificación de tierras por parte del Upra. O cuándo aparecerá el Catastro Multiproposito requisito para ese programa.
Pero todo parte de un doble error de diagnóstico: uno, se está aceptando que el mayor problema rural es la falta de acceso a la propiedad de la tierra. Y dos, que se está olvidando que la tierra nunca es competitivamente rentable, no lo es para el empresario terrateniente y menos lo puede ser para el campesino. El campesino tiende a buscar oportunidades en la ciudad no por bruto sino porque la explotación del campo no le puede dar para prosperar económicamente. No sería raro que termináramos en que sean los ‘campesinos ganaderos’ los que acaben ofreciendo en venta la tierra al Estado.
La solución ‘simple’ de convertir al país al Sistema Silvopastoril Intensivo sería válida y obvia si fuese posible, porque nada más fácil que una ‘solución de escritorio’; es el desafío que deja Lafaurie a Petro; falta ver cómo responde Petro a esa jugada.
