Hace pocos días en Colombia se ha conocido un hecho inaudito (visto desde cualquier punto de vista): a un bogotano, por la compra de una empanada de esas que venden en la calle, le impusieron una multa tipo 4, que, según el Código Nacional de Policía, equivale a $883,000. Además de preguntarnos por la empanada, vamos a pensar en los vendedores ambulantes y la doble moral en Colombia.
La multa impuesta a ese ciudadano responde directamente a la política llevada por Enrique Peñalosa en materia de ventas y vendedores ambulantes. Esta se basa en la deslegitimación, la censura y la persecución a aquellas personas (honradas) que se ganan la vida en puestos de ventas ambulantes en la capital. Su administración hace todo lo posible por “criminalizar” las ventas de calle. Por eso la multa significa una nueva forma de “combatir” a los vendedores ambulantes: tocar los bolsillos de los clientes y generar pánico. A raíz de este pánico, cualquier ciudadano de a pie pensará dos y tres veces antes de parar en sus labores diarias y degustar una empanadita en la calle.
Otra cosa que debemos abordar es la situación de vendedores ambulantes en Bogotá. Según el IPES, en la capital de Bogotá hay unos 20. 373 vendedores ambulantes censados. Sin duda alguna, esos vendedores constituyen un grave problema en Colombia: la falta de garantías en el acceso a trabajos formales con acceso a seguridad social. Al Estado colombiano le ha quedado grande dos cosas: La primera es brindarle a la población colombiana en capacidad de trabajar, un empleo digno con garantías de seguridad social; y lo segundo, es generar conciencia de formalización de las pequeñas empresas o pequeños puestos dedicados a la compra y venta de servicios o bienes. Sólo si se generara una conciencia de lo formal, constituiremos una sociedad donde comerse una empanada en la calle no resulte en multa, ni ser vendedor ambulante signifique ser perseguido. Frente a lo segundo podría decirse que existen programas para la formalización empresarial y de negocios en Colombia (y en especial en Bogotá), pero estas no resultan efectivas. No resultan así porque en muchas ocasiones, formalización para los vendedores informales significa: pagar impuestos exagerados que dado el tipo de negocio y los años de operación, no pueden pagarse. No estoy queriendo decir que estos negocios deban estar exentos de impuestos; lo que quiero expresar es que desde el gobierno nacional se debe adelantar incentivos para la creación de empresas, que reduzcan costos en los negocios que apenas si están creciendo. Se deben crear y profundizar las garantías necesarias para la creación de empresa, la formalización de estas y con esto la generación de empleos formales.
A raíz de esto, como sociedad debemos entrar a pensarnos en la doble moral que nos conduce. Lo que ha marcado los titulares de los medios de comunicación y lo que está enmarcado el sentir de la gente es solo la multa que fue impuesta al comprador de la empanada, pero ¿por qué no nos estamos preguntando cómo es la vida del vendedor ambulante? Muchas de esas personas vendedoras ambulantes no tienen situaciones dignas en sus hogares; muchas son personas cabezas de hogar y de cuyo trabajo dependen familias enteras; muchos de los vendedores ambulantes son víctimas del conflicto armado. En general, el común de los vendedores ambulantes son personas honestas, trabajadoras que con sus puestos constituyen el motor de la economía del hogar y una parte de la economía de la capital. Doble moral si consideramos un chiste la multa y no la situación de los vendedores ambulantes que día con día son perseguidos y criminalizados por las administraciones, sin brindárseles las garantías necesarias para sus prósperos negocios que pueden ayudar a dinamizar las economías y la generación de empleos. Generar las garantías para esa población, nos asegura como sociedad que venta en estos puestos no sean perseguidas.
