Este pasado primero de septiembre, el diario El Espectador se sumó a las críticas de algunos políticos y gremios económicos que han visto supuestas injerencias indebidas del presidente Petro en los asuntos del sector privado.
Tales críticas obedecieron a que el primer mandatario de los colombianos se pronunció abiertamente respecto del vínculo contractual existente entre Ecopetrol y la Oxi, como también en el conflicto de la Cancillería con Thomas Greg por el negocio de los pasaportes.
Tan severa apreciación parte del supuesto de que, siendo Ecopetrol una sociedad anónima, el Gobierno no puede intervenir en sus decisiones -así su participación en el patrimonio de la empresa corresponda al 88,49 por ciento de las acciones-, ni hacerlo en un caso meramente contractual como es el de la elaboración de los documentos mencionados.
Este tema es de suma importancia porque, además de su naturaleza, pone de nuevo sobre el tapete otro que ha sido motivo de viejas disquisiciones, y es el de caracterizar la relación existente entre la política y la economía para definir cuál prima sobre la otra.
Marx consideraba que es la economía, denominada por él estructura económica, la que determina las condiciones sobre las que gravita la política, a la cual consideraba elemento de la superestructura, aunque aceptaba que en determinados períodos históricos tal factor determinante podía cambiar de signo.
Bajo esta aclaración, y pasando por alto la mencionada repartición accionaria y el papel del presidente como jefe del Estado, parecería que el mencionado diario tuviera la razón, y que la política para nada debería intervenir en los asuntos económicos. Sin embargo, hay que comprender que el pensador alemán hablaba de lo que ha sido esa relación; no de lo que debiera ser.
Y es acá donde entra a jugar su papel el llamado Estado democrático, al cual se le caracteriza así porque sus decisiones son supuestamente adoptadas de manera directa por el pueblo a través de elecciones, o de manera indirecta, a través de sus representantes en el Congreso.
En nuestro medio, ese deber ser democrático no opera, y la prueba está en el presente gobierno, que, a diferencia de los anteriores, fue elegido por el querer de las mayorías y conforme a un programa que condensa lo más representativo de las luchas populares.
Aun así, lo que vemos es la interferencia constante de los grandes poderes económicos a través de sus organizaciones gremiales y sus secuaces en el Congreso, mediante la cual impiden que tal querer popular se pueda ver cristalizado en hechos.
¿No significará esto que, contrario a las críticas, lo que tenemos es una injerencia indebida de lo privado sobre lo público?
