Entre las muchas consecuencias que la pandemia trajo para los colombianos está un préstamo del gobierno para la aerolínea Avianca, garantizado básicamente con la marca de la empresa y su programa de millas. Entre las razones que justificarían tal crédito, el gobierno señaló la protección de hasta 500.000 empleos y la conectividad que la aerolínea le proporciona al país.
Gran parte de las fortunas privadas en Latinoamérica se acumularon gracias al hábil manejo de las relaciones entre sus dueños y los funcionarios de los Estados. A Carlos Slim se le acusa de haberse enriquecido mediante la compra de las telecomunicaciones mexicanas durante la ola privatizadora que recorrió Latinoamérica en los años 90. Los distintos grupos económicos colombianos reciben cientos de miles de millones, incluso billones, en exenciones o reducción de impuestos en cada reforma tributaria; otras grandes empresas han prosperado exclusivamente mediante la, muchas veces poco trasparente, contratación con el Estado.
No es un secreto que en Colombia los grandes negocios se hacen mediante el uso de las influencias en la administración pública. Por ello toda empresa se esfuerza por tener entre su junta directiva, administrativos, asesores o lobistas, con sueldos fabulosos, a exfuncionarios o familiares de estos y de funcionarios para que les den “una ayudita” a la hora de gestionar esos negocios. Así, en las juntas empresariales se tiene a expresidentes, exgobernadores, exalcaldes, y cualquier persona que haya tenido influencia en la administración del Estado.
Tal es el caso de la hermana del presidente de la república en la plana directiva de Avianca. A Avianca eso le representó el acceso, ágil y sin trabas burocráticas a la suma de 370 millones de dólares de los colombianos, sin disponer de ninguna clase de garantía real. Un banco jamás le prestaría esa cantidad a una empresa que acaba de declararse en bancarrota. El gobierno trata de manera totalmente diferente a Avianca y a Pablo Pueblo, a quien le sugiere acudir al sistema bancario en busca de crédito. Como resultado, millones de colombianos humildes, que nunca se han subido a un avión, terminan pagando para salvar a Avianca.
A pesar de lo escandaloso que resulta la entrega irresponsable de esa cantidad a una empresa en donde trabaja la hermana del presidente, la gran prensa no se ha detenido en el asunto, realizando solo menciones pasajeras. ¿Cuál sería el escándalo mediático si tal situación se presentase con un hermano o concuñado de Petro? El presidente de la república también ha guardado silencio. No sería extraño que el jefe de este gobierno resultara declarando que antes que presidente es hermano.
El crédito (?) a Avianca se adopta luego de conocerse que los funcionarios del Banco de la República malvendieron el 67% de las reservas de oro de Colombia. Venden el oro justo durante una pandemia, cuando, ante la incertidumbre, los inversores buscan activos fijos como el metal amarillo, que, precisamente por la pandemia, como pronosticaban todos los analistas, disparó su precio después de que Colombia vendiera sus reservas. ¿El dinero de la venta del oro se usó para financiar a Avianca?
Como si lo anterior fuese poco, el partido de gobierno ahora propone que el Estado privatice hasta un 8.5% de su participación en Ecopetrol. Feriar los bienes públicos para prestar (?) ese dinero a grandes empresas privadas, como Avianca, aunque sea propiedad, en su mayor parte, de un accionista brasilero, y su domicilio empresarial sea Panamá, es decir, formalmente es una empresa panameña.
En fin, el tratamiento que el gobierno colombiano ha dado a Avianca, a sus reservas de oro y el deseo de privatizar parte de Ecopetrol ilustra lo que ha sido lo público para los tecnócratas neoliberales que han gobernado este país desde los años 90: una mina para feriar y para consentir a sus empleadores en el sector privado; eso sin olvidar que en Colombia en el sector público ninguna transacción se realiza sin el impajaritable CVY.
Adenda. El gobernador Carlos Caicedo acaba de lograr que la asamblea apruebe la creación de una política pública que garantiza que los estudiantes universitarios en el Magdalena no tendrán que pagar matricula, haciendo realidad por primera vez en Colombia la idea de la universidad pública gratuita.
