Durante varios meses, El Tiempo, Semana, Caracol y RCN Televisión, así como las cadenas radiales, nos coparon con detalles del asesinato a sangre fría cometido por Jhonier Leal contra su madre y hermano, movido por “la envidia y la ambición”.
Paralelamente, investigaciones del equipo encabezado por el experiodista de Semana, Ricardo Calderón —ahora en Caracol TV— y el espacio radial de Daniell Coronel, en La W y sus columnas en Los Danieles, nos sorprendieron con las declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del exsecretario de gobierno, exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero de ese “Ubérrimo” departamento, Benito Osorio, en las que confesaba la unión con Mancuso y otros jefes paracos para financiar la elección del fiscal general Mario Iguarán, porque era el que le convenía a los paramilitares cuando parte de sus cuadrillas se desmovilizaron en el proceso de Justicia y Paz.
También denunció la vinculación del gerente de Fedagán, José Félix Lafaurie, y destacados empresarios y parapolíticos, apoyados por el ejército y la policía, trabajando en llave con paramilitares de las AUC, en el plan para desplazar, torturar, mochar cabezas e incendiarles los ranchos para después ofrecerles chichiguas a los sobrevivientes, con pistola sobre la mesa, antes de legalizar los predios robados, frente a notarios y registradores comprados. (Lafaurie también fue Superintendente de Notariado y Registro durante el primer gobierno de Uribe).
En el noticiero dominical de Caracol TV contaba una de las sobrevivientes sobre el modo en que los violentos acabaron la sabrosa vida que llevaron durante décadas de trabajo campesino en medio de fandangos y fiestas comunitarias y se les robaron 4.500 hectáreas a más de 100 familias, en límites entre Córdoba y el Urabá antioqueño, con salida al mar, que los vecinos Castaño y los narcoparamilitares de las AUC necesitaban como corredor estratégico para mover armas y cargamentos de cocaína.
En una compleja operación gerencial y financiera, asesorada por un doctorado en prestigiosa universidad gringa, juntaron los predios despojados “legalizándolos” en la hacienda Tupala, que posteriormente traspasaron al Fondo Ganadero de Córdoba, y estos la transfirieron a sembradores de teca y maderas comerciales, mientras que los paramilitares y el ejército amenazaban y alejaban a los sobrevivientes que osaban reclamar restitución de los predios en posesión de los “compradores de buena fe” que tanto defienden Lafaurie en sus columnas de prensa y la Cabal en el Senado.
La manera fría, cínica y calculadora con que chambonamente Jhonier acabó con su familia no la podemos desligar de la más sofisticada asumida por los ideólogos “gentes de bien”, que con la excusa de perseguir “comunistas” planearon detalladamente cómo amenazar, masacrar, mediante acción ejecutada por paramilitares apoyados por Ejército y Policía, incendiar sus ranchos y “legalizar los predios” utilizando a notarios y registradores de instrumentos públicos reclutados por ellos, buscando borrar cualquier antecedente de ocupación y posesión por parte de las víctimas.
Es una asociación para delinquir más grave que el crimen individual de Jhonier, buscando declararse como único heredero, solo que los autores intelectuales de las masacres alrededor de Tupala no se untaron de la sangre brotando a chorros de las carótidas de los descabezados, sino que desde los clubes sociales y sus elegantes oficinas, mediante los celulares y correos electrónicos, movieron los hilos para urdir crímenes y legalizar el despojo gracias a que se habían apropiado de la Fiscalía, el DAS, batallones del ejército, estaciones de Policía, notarios, registradores de instrumentos públicos, alcaldes, gobernadores y algunos medios de comunicación; usados igual que el límpido y los jabones con los que Jhonier Leal intentaba borrar la sangre, al difundir noticias falsas en las que a los muertos los sindicaban de ser colaboradores de los guerrilleros, así como les hicieron a civiles engañados con falsas promesas de trabajo, y más conocidos como “falsos positivos”.
Desde la otra orilla, autoproclamándose “liberadores” del pueblo, mientras se disputan con paramilitares y carteles nacionales y extranjeros: el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, miembros de las disidencias de las Farc, desconociendo auténticas organizaciones populares de base, continúan asesinado dirigentes comunitarios, como el niño indígena Breiner Cucuñame y el excoordinador de la Guardia Indígena Albeiro Camayo.
Lo peor es que algunas de estas mentes criminales siguen pontificando desde los medios de comunicación y sus curules en el Senado, autocalificándose “gentes de bien” y encabezando cruzadas para que neoparacos, como los “camisetas blancas” de Cali se armen sin mayores problemas.
