Invitado por Los Danieles, al preguntársele por uno de los relatos que más lo impresionó en sus entrevistas con miembros de diferentes grupos armados que han azotado a Colombia, el padre Francisco de Roux refirió el testimonio de una integrante de las AUC, que contó cómo siendo muy joven fue reclutada. En un campamento les ofrecieron un apetitoso sancocho. De repente, el comandante les preguntó si les había gustado y si sabían de qué animal era la carne. Ante las dudas, les respondió que era del señor que habían visto temprano y al que habían despresado por ser colaborador de la guerrilla.
Al vomitar, como lo hizo un personaje muy conocido con el vómito de su hijo, la obligaron a repetir. Así se “templaba el acero” en estos grupos con descuartizadores expertos en el manejo del cuchillo, la motosierra para destajar a sus víctimas, jugar futbolito con sus cabezas a ritmo de vallenato con ron y desaparecer sus evidencias. Tal como contaron HH, don Berna y, recientemente, Mancuso, nacieron a partir de las Convivir, transmutadas en Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), generosamente financiadas por una alianza de narco-hacendados-ganaderos, capos del narcotráfico, empresarios de la agroindustria, industria, parapolíticos y algunos oficiales de la Policía, el Ejército, otros tantos funcionarios del DAS y la Fiscalía que les pasaban las listas de sus víctimas buscando apagar con gasolina los secuestros y crímenes cometidos por las guerrillas.
Cuando Uribe ofreció desmovilización a los paramilitares concentrados en El Ralito, inicialmente no los iban a condenar por sus crímenes, y solo por el revuelo en los medios de comunicación y la presión de la corte, modificaron los términos del proceso para que a cambio de entregar parte de las armas se sometieran a penas disminuidas.
Entre altos mandos de las AUC que se sometieron, cuando empezaron a contar su verdad ante los Tribunales de Justicia y Paz, involucraron entre sus patrocinadores a conocidos empresarios, políticos y familiares del presidente, pero a estos los extraditaron a los Estados Unidos.
Durante las prolongadas negociaciones del acuerdo de paz con las Farc, teniendo en cuenta experiencias de Irlanda y Sudáfrica para desmovilizar a la guerrilla, conocer la verdad, reconocer y reparar a sus víctimas, se diseñó un esquema para acercarse a las raíces y diversos protagonistas del conflicto, mediante la creación de instituciones como la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La JEP, la única con atribuciones judiciales y penas rebajadas a quienes se sometan a ella y accedan a contar la verdad, inicialmente fue diseñada para que acudieran no solo los guerrilleros recién desmovilizados. También los militares involucrados con paramilitares en crímenes como los falsos positivos; y terceros: empresarios y políticos que participaron y apoyaron a las AUC y se beneficiaron como “compradores de buena fe” de los miles de hectáreas despojadas y de los votos que compraron y presionaron para elegir candidatos a concejos, asambleas, Cámara, Senado y presidencia de la república.
Con el apretado triunfo del No en el plebiscito, el Centro Democrático presionó para que ni militares y empresarios “se rebajaran” acudiendo a la JEP y bregaron por crear tribunales especiales hechos a su medida, como la Fiscalía, a la que pasó el proceso del presidente Uribe.
Sin embargo, ante la ostensible rebaja de penas que ofrece la JEP, oficiales de alto y mediano rango, entre ellos los generales Rito Alejo del Río y Mario Montoya, prefieren permanecer en la JEP, donde recibirían penas de reclusión no mayores a cinco años, siempre y cuando no sigan echándoles la culpa a los soldaditos que “no sabían ni manejar los cubiertos”, según lo manifestó Montoya, o como ante el padre Francisco de Roux expresó el expresidente Uribe acompañado en su feudo por la jauría y barras bravas de sus vástagos.
No es viable la amnistía incondicional, negada nacional e internacionalmente, y más sin reconocer participación activa patrocinando a grupos despiadados que siguen azotando el país, mostrándose como “los buenos” de la sociedad y política, porque ante cámaras y micrófonos se echan bendiciones, rezan rosarios y arrodillados, con cara de terneros huérfanos, invocan a las 11.000 vírgenes y santos de la iglesia.
Posdata: Y continúan matando a líderes como Esteban Mosquera, y las Águilas Negras y el Clan del Golfo siguen amenazando a dirigentes de oposición, como Carlos Caicedo, el gobernador del Magdalena que se enfrentó a la mafia de narco-hacendados-parapolíticos que han saqueado a Santa Marta, el departamento y la costa atlántica. ¡Temen perder las próximas elecciones!
