Una mañana de 2000, cuando acaba de dejar su cátedra en la Universidad de Oxford y no ostentaba cargo público, Álvaro Uribe Vélez se acercó hasta la Corte Constitucional para entablar una demanda contra dos artículos de la Ley de Presupuesto que regiría para 2001 y que a su juicio revivía los viejos auxilios parlamentarios, fuente de corrupción y desangre.
En su demanda advertía que el establecimiento de los “cupos indicativos” eran contrarios a los principios de planeación y legalidad establecidos en la Carta Política porque no se veían reflejados en los planes de desarrollo y tampoco correspondían a gastos previamente decretados en la ley.
El futuro candidato y presidente reprochaba que una partida por $300.000 millones fuera distribuida entre congresistas, a razón de $1.600 millones para senadores y $800 millones para representantes a la Cámara, para que los usaran a obras o servicios a su libre albedrío.
Conducida por el magistrado Eduardo Montealegre Lynett, la Corte no acepto sus argumentos y adujo que los llamados cupos indicativos cumplían unos requisitos llamados a corregir los viejos vicios de los auxilios que terminaban siendo manejados a través de fundaciones detrás de las cuales estaban los congresistas.
El expresidente Álvaro Uribe y el exmagistrado y fiscal general Eduardo Montealegre
Con el fallo adverso, eran desestimados también argumentos expuestos por figuras públicas como el expresidente Alfonso López Michelsen, Rudolf Hommes y Carlos Lleras de la Fuente. Todos ellos habían advertido además que la figura comprometía la propia independencia del Congreso.
Hoy, casi 25 años después de ese debate, cincuenta congresistas y excongresistas están investigados por la Corte Suprema en relación con los manejos dados a esos recursos. Las modalidades usadas en los casos en los que repara la Sala de Instrucción son muy similares: el hace acuerdo con algún gobernador o alcalde sobre los proyectos que serán financiados con los cupos, pero los contratistas –casi siempre seleccionados a dedo- hacen parte de una posterior repartija ilegal de los dineros. Las obras raramente se ven.
Las investigaciones han escalado alto. La Fiscalía remitió recientemente a la Corte nuevas pruebas que podrían comprometer al excandidato presidencial conservador David Barguil, que ya en octubre del año pasado había sido llamado a indagatoria. La diligencia se cumplió finalmente este miércoles 8 de marzo y consistió en un fogueo que duró seis horas.
Como estos casos se mueven también en el terreno de las paradojas, Barguil tiene ahora como principales testigos de cargo a quienes en 2018 habrían sido sus socios en un presunto desvío de $13.212 millones que se suponían destinados a obras de infraestructura para Galeras, departamento de Sucre. Remberto Amell Hernández y Carlos Eduardo Cueto, excalde y exsecretario de Planeación del municipio, detenidos actualmente, han buscado beneficios por confesión y por ese camino han responsabilizado al excandidato presidencial. En medio de la reserva trascendió que Barguil no negó ante la Corte que los conoce, aunque dijo que tiene como explicar que su gestión para que el cupo indicativo que le fue asignado fuera empleado para obras de infraestructura fue de buena fe y se ciñó a los presupuestos de la ley.
En otras palabras, no reconoció haber hecho transacción ilegal alguna o haber intervenido en la selección de contratistas y menos en el pago de coimas.
La Fiscalía 16 de la Unidad Nacional Anticorrupción le entregó a la Corte Suprema grabaciones de conversaciones interceptadas por orden judicial en las que el entonces alcalde, su secretario de Planeación y el contratista Jorge Álvarez discuten particularidades del negocio turbio. En ellas no interviene Barguil, aunque es mencionado. Según Barguil, la mención a su nombre fue hecha por alguien que obró de mala fe.
Con todo, Barguil se ve seriamente expuesto a cargos por cohecho y concierto para delinquir. Por una situación similar fue condenado el 12 de enero de 2023 el también excongresista Roberto José Herrera, quien usó indebidamente sus cupos indicativos para lucrarse de contratos en el departamento de Sucre.
El excandidato prefiere no pronunciarse públicamente sobre el tema, aunque se declara confiado en que su defensa surtirá efecto ante la Corte. Con el mismo caso están relacionados otros dos antiguos miembros de las cámaras legislativas: la exsenadora Sandra Elena Villadiego y al exrepresentante Raymundo Elías Méndez.
La fila de los investigados es larga y tiende a creer. En la fase de las indagaciones preliminares aparecen nombres de otros exparlamentarios conocidos, entre ellos el hoy director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Mauricio Lizcano y el exconsejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco.
Aunque la situación es compleja no existe en el menor asomo de que en una reforma política vayan a ser abolidos los cupos indicativos que, a juzgar por el número de líos judiciales, han resultado semejantes a los viejos auxilios parlamentarios. Fuentes de Planeación Nacional observan que sería injusto estigmatizarlos porque también han servido para impulsar el desarrollo en regiones pobres y marginadas. Lo han hecho cuando son gestionados como es debida: la previa inscripción en un banco de proyectos y la entrega de obras a satisfacción.
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