Hace 11 días, ValoraAnalitik había anticipado la salida del directivo, quien había asumido su cargo en enero de 2020. Se retira en medio de una polémica con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Debido a la reciente tensión que provocó la demanda de conciliación por $9,9 billones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) a consorcios y sociedades relacionadas con la construcción, interventoría y aseguramiento del proyecto Hidroituango, lo que causó la salida en pleno de la Junta Directiva y el nombramiento de nuevos integrantes, así como más problemas que han surgido alrededor de la compañía, hoy renunció su gerente, Álvaro Guillermo Rendón.
Rendón asumió la gerencia de EPM en enero, designado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en reemplazo de Jorge Londoño de la Cuesta. Sin embargo, desde su nombramiento, enfrentó críticas por su perfil más ligado al derecho que al rol gerencial o administrativo que han tenido anteriores gerentes de EPM.
También surgieron críticas a su gestión desde entidades como el Concejo de Medellín respecto a peticiones sobre el manejo del gobierno corporativo, cambio de objeto social de EPM, necesidad o no de la demanda por Hidroituango a través de matrices de riesgo pertinentes, nombramientos cuestionables en varias vicepresidencias y direcciones de la compañía y pocas respuestas para la veeduría ciudadana ante las recientes polémicas desatadas.
Además del impacto que generó la decisión de Rendón como gerente y Quintero como presidente de la Junta Directiva de EPM en adelantar la demanda de conciliación por Hidroituango, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), notificó al directivo de un auto por medio del cual se abrió un incidente de medidas correccionales por presuntamente no remitir de manera oportuna información que había sido solicitada a la empresa por esta autoridad.
Esto pues la región donde se construye Hidroituango es una de las 16 zonas del país donde habría cuerpos de víctimas del conflicto y estas tienen medidas cautelares especiales.
La JEP había explicado que entre los lugares protegidos se encuentra la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, en donde, según los peticionarios de las medidas cautelares, se advierte la existencia de “sitios de enterramiento, legales e ilegales”.
A pesar de esto, EPM, en cabeza de Rendón como gerente, incumplió con diferentes órdenes judiciales que buscan proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada por lo que el tribunal afirmó que la empresa no respondió a los requerimientos de la JEP, ni envió justificación sobre el incumplimiento, por lo cual abrió el incidente.
Todas estas circunstancias, en conjunto con las críticas al manejo de la situación de la Junta y el gobierno corporativo de la empresa, por más de 300 empresarios de Antioquia y de Sinpro, el principal sindicato de EPM, habrían presionado la salida de Rendón de la gerencia.
La gestión de Rendón también se vio enmarcada por la decisión de EPM de ir por la operación de Caribe Mar, la cual asume la cobertura de Electricaribe y que cobija a 1,51 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar.
Esto pues para algunos expertos de los sectores energéticos y financieros no era conveniente que EPM adquiriera esta operación ante los riesgos que aún le representa Hidroituango, proyecto que ya se retrasó y ahora prevé entrar con sus primeras unidades de generación en 2022. Además, su costo se ha elevado a $16,2 billones, cuando su valor inicial era de $11,4 billones, valor que aún podría incrementarse debido a la situación con aseguradoras y posibles procesos jurídicos, lo cual dejaría a la compañía en una situación financiera delicada.
Además, Fitch Ratings rebajó recientemente la calificación de EPM a BBB- con perspectiva negativa, mientras que Moody’s la mantiene en Baa3, el margen más bajo antes de caer a grado de no inversión especulativa.
Su anterior experiencia
Antes de su llegada a EPM, Rendón se desempeñó como Auditor General de la República, asesor de la gerencia administrativa de la empresa Oleoducto de Colombia, secretario General de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), asesor de Bavaria para el estudio de la reforma de las entidades del estado, gerente general de la Cooperativa de Municipalidades del Departamento de Antioquia (Coomunicipios), director de la Oficina Jurídica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y personero municipal de Envigado, entre otros cargos.
En su vida profesional, también se destaca su participación en la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política de 1991, en representación del sector energético y de hidrocarburos y en la Comisión Especial Legislativa que se instituyó para su reglamentación.
Ha sido catedrático en las universidades Santo Tomás, Sergio Arboleda, Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de la Administración Pública (ESAP). También ha sido conferencista invitado de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) en la Cátedra de Colombia y asesor jurídico de varias entidades.
