Con evidentes facultades diplomáticas, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, notificó a los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Costa Rica el llamado a consultas de sus respectivos embajadores nicaragüenses en cada país.
Aunque la vicepresidenta rechazó los señalamientos “injerencistas” que habría hecho el gobierno colombiano, aunque sin dar detalles concretos, dicha suspensión de las relaciones diplomáticas con Colombia se sustenta sobre todo en la reciprocidad con el gobierno de Iván Duque, que tomó la misma determinación desde el pasado 28 de julio, cuando trasladó al embajador Alfredo Rangel de urgencia a Bogotá en donde hasta ahora permanece.
El gobierno de Ortega ha detenido al menos 32 líderes de oposición y a 7 declarados aspirantes a competir en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, razón por la cual la canciller Martha Lucia Ramírez decidió retirar a Rangel.
Mientras tanto, suben las críticas y presiones de la comunidad internacional sustentadas en los informes de DDHH que han alertado a diferentes instancias como la ONU, HRW y la OEA por las cifras y el subregistro de muertos, heridos y desaparecidos en las últimas oleadas de protestas que, en el año 2018, cobró la vida de al menos 328 nicaragüenses.
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