El Ministerio de Educación, mediante la resolución n.° 023653, le ha concedido renovación de acreditación institucional a la Universidad Distrital, un destacado reconocimiento por el nivel académico alcanzado y por su peso institucional.
Algunos, entre admirados y sorprendidos, han preguntado cómo hicieron para conseguir una acreditación de alta calidad, y además para obtenerla en una magnitud de tanto valor como lo es el hecho de recibirla por ocho años, cuando la anterior estuvo limitada apenas a la mitad, lo que significa un salto del 100 %.
Cuatro años representaban una certificación un tanto precaria, hay que reconocerlo. Las razones eran las grandes carencias en gobernanza democrática, esa que se necesita para la gestión en las líneas misionales del orden académico. Eran vacíos que la universidad debía llenar sin más aplazamientos, mientras hacía crecer los indicadores académicos y sociales.
La primera decisión que tomó fue la de consolidar una rectoría en propiedad; que fuera independiente y no capturada por algún grupo de presión interno o externo. Que estuviera además en condiciones de trabajar de un modo mancomunado e inteligente con el Consejo Académico y con las mayorías indispensables del Consejo Superior. Lo cual tenía que redundar en un gobierno universitario autónomo y estable; y que por cierto estuviese acotado por un periodo fijo de cuatro años, algo nada usual en un centro universitario en el que se cuentan por decenas los rectores provisionales y los bloques cambiantes de poder.
En segundo término, desde el primer mes de rectoría, en diciembre de 2017, consiguió pasar a los profesores de régimen ocasional a 10 meses de contrato, cuando antes gozaban solo de nueve. Lo hicimos apelando a una política flexible en el manejo de los llamados excedentes presupuestales, de los cuales pudimos destinar 1.000 millones anuales para mejorar las condiciones de esta población de docentes.
En tercer lugar, se propuso ampliar la planta de profesores con una convocatoria para proveer nuevos cupos, acontecimiento este que no había tenido lugar en los últimos seis años. Naturalmente, el reto no dejaba de ser complicado porque este requería de unos recursos no existentes y de carácter permanente, pues dicha contratación exigía un gasto recurrente y no simplemente transitorio. Aprovecharon la ocasión que ofrecía la discusión del presupuesto de 2019 en el Concejo de Bogotá para gestionar la obtención de 6.200 millones adicionales, los que muy provechosamente fueron a la base presupuestal, un apoyo financiero agregado que sirvió para abrir un concurso público con el objeto de llenar 40 plazas para docentes de planta. ¡Que esto enriquece, a la vez, la formación y la investigación, dos líneas misionales decisivas, nadie lo pone en duda!
Un cuarto paso lo constituyó el proceso que venía haciéndose de tiempo atrás para crear en la universidad una asamblea universitaria, elegida democráticamente, y con poderes para formular la propuesta de importantes transformaciones. Era evidente que su viabilidad institucional robustecería la unión necesaria y compleja entre gobierno y comunidad, en un espacio social como lo es la universidad, cuya vocación es el diálogo en el terreno de la ciencia, pero también en el de la construcción ciudadana.
Con esas cuatro políticas, a lo largo de tres años (2018, 2019, 2020) la universidad oportunidad de abrir un horizonte prometedor de avances institucionales y de gobernabilidad democrática para la gestión de lo académico y lo humano.
Pero, además, se propuso sortear la crisis provocada por la pandemia, con mayor equidad social y con mejores indicadores académicos. La equidad la propició con ayudas nuevas en conectividad, en bonos alimentarios y en matrícula cero. Estas significaron 13.500 millones del presupuesto de la universidad en favor exclusivo de los estudiantes durante el segundo semestre de 2020.
Los indicadores académicos los elevaron haciendo crecer la cobertura en un 14 %, diversificando la oferta académica, pues los programas pasaron de 77 a 91; y asegurando la mejor calidad para un gran número de pregrados y posgrados, de modo que de 22 acreditados saltamos a 26.
Y eso que no mencionamos acciones especiales como la del retorno, que favorece el regreso de los estudiantes que habían abandonado las clases, y tampoco nos referimos a los planes muy significativos para disminuir la deserción.
Las mejoras en la gobernanza universitaria y la consolidación del progreso académico, procesos ambos en los que se empeñaron desde los momentos inaugurales de la rectoría con decisiones estratégicas explican el sello obtenido de una acreditación sólida en la calidad institucional.
