Colombia siempre había fumigado la coca con RoundUp, el poderoso y costoso herbicida a base de glifosato producido por la norteamericana Monsanto y que, en el gobierno de Alvaro Uribe, se aplicó en grandes extensiones y muy significativamente con Juan Manuel Santos como Ministro de defensa. Con RoundUp, el costo estimado para erradicar de manera definitiva una hectárea de coca por medio de glifosato ascendía a los 72.000 dólares pues es necesario rosear la tierra varías veces para que esta quede inservible en caso de una resiembra.
Pero fue precisamente con Santos ya siendo presidente cuando se decidió cambiar de producto. En el 2011, se abrió una licitación y se escogió otro pesticida a base de glifosato, más económico, llamado Cuspide 480SL y producido por varias empresas chinas como Weifang Shandong Rainbow, Trustchem Co., Gilmore Marketing & Development Inc. y Qiaolang Co, según deja en claro la resolución 0258 del Anla emitida el pasado 18 de marzo del 2013.
El ingrediente activo de esa fórmula siempre es el glifosato fabricado por Anhui Huaxing Chemical Industry, una empresa privada china de agroquímicos que cotiza en bolsa de Shanghai y 60% de cuyas acciones pertenecen a la comisión estatal de supervisión y manejo de los activos estatales del gobierno de Xi Xinping.
Santos con Xi Jinping cuando este fungía como primer ministro Chino, en el 2012
El expresidente Santos con quien fuera el presidente chino en aquel entonces, Hu Jintao, durante la primera visita oficial de Colombia a China en el gobierno Santos, en mayo del 2012. Foto: Archivo, El País
Pero la decisión de Santos por el glifosato chino pasó factura en el marco de la diplomacia y su relación con Estados Unidos. En una carta enviada al entonces viceministro de defensa colombiano Jorge Enrique Bedoya, el oficial más alto del programa antidrogas de la embajada norteamericana, James B. Story, le anunció que las muestras del herbicida chino no habían pasado las pruebas hechas por un laboratorio de Texas avalado por su autoridad ambiental. Además, desde la Unión Europea, distintos países elevaban la preocupación sobre un ingrediente activo encontrado en las muestras del Cuspide 480SL, llamado nonilfenoletoxilato que está prohibido en varios de los países como Dinamarca, Alemania, Suiza, Suecia, Canadá, entre otros.
Todo cambió en 2015, cuando la OMS decidió reclasificar el glifosato como una sustancia “probablemente cancerígena”. Lo hizo después de que su brazo científico, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), determinó que esta puede ocasionar cáncer del sistema linfático (o linfoma no hodgkiniano), realidad científica que le ha ocasionado demandas hasta por 100 millones de dólares de ciudadanos norteamericanos que vieron comprometida seriamente su salud por glifosato a Bayer, la multinacional alemana que compró Monsanto, empresa a la que están dirigidas las demandas
No exactamente por estas razones sino por una decisión política en el marco de las negociaciones de paz en La Habana, el gobierno Santos, le puso freno a la aspersión aérea de manera preventiva. También en el 2017 la Corte Constitucional colombiana, en un fallo de fondo, condicionó con duras exigencias la fumigación en el país, que aun el gobierno no ha cumplido plenamente. Más de una década después de haber implementado al pie de la letra como Ministro de defensa del Presidente Uribe, la política antidroga norteamericana con la fumigación con glifosato como columna vertebral, Juan Manuel Santos ha revaluado la efectividad de esta forma de combate a los cultivos ilícitos y apuesta más a la erradicación voluntaria, para evitar la resiembra.
El gobierno Uribe con Juan Manuel Santos como Ministro de defensa tuvo record de hectáreas fumigadas con glifosato, cumpliendo el libreto de la política antinarcóticos norteamericana. Foto: Archivo. Presidencia de la Republica.
Las convicciones de Santos con las bondades del glifosato parecieran haberse derrumbado con las negociaciones de paz cuando pareciera haber visto con otros ojos el complejo tema de la siembra de coca por centenares de campesinos colombianos como alternativa de subsistencia en las regiones. El acuerdo de paz puso sobre la mesa la necesidad de que la erradicación de coca fuera concertada y trabajada de la mano con las comunidades. Se hicieron realidad los Programas Integrales de Sustitución de Cultivos Ilicitos (PNIS) que de por si nacieron débiles y caminaron cojos en los primeros años de implementación y la siembra de coca empezó a crecer como nunca antes. El 2017 cerraba con el pico más alto de hectáreas de coca en la historia de Colombia (171.000 según de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen) pese a que 3 años atrás, entre 2013 y 2014, el mismo gobierno de Santos había llevado los niveles de siembra a su valle más bajo en cifras con 48 mil hectáreas.
Hoy está constitucionalmente prohibido utilizar glifosato en parques nacionales (donde está el 5% de la coca del país) por el posible daño ambiental y en territorios donde habitan minorías étnicas (donde se concentra el 26% de la coca) solo se puede hacer tras un proceso de consulta previa. Asimismo, la Corte estableció que no se debería fumigar en las zonas donde el programa de sustitución concertada, el PNIS, está trabajando hoy.
La afinidad de Duque con Trump tiene como uno de los ejes la política antidrogas
Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia y con Donald Trump en la de Estados Unidos se regresó a la cartilla de la política antidrogas norteamericana tradicional que tiene la fumigación aérea con glifosato en el centro de ésta. Una vez en el poder, el gobierno solicitó a la Corte Constitucional darle luz verde nuevamente a la aspersión de glifosato al tiempo que iniciaba la compra de en forma de Cuspide 480SL, según información de prensa de julio del 2019.
Lo cierto es que el Ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo tiene el acelerador metido y el general Luis Ramírez Aragón, comandante de la Unidad antinarcóticas de la Policía preparado a su equipo para estrenar el glifosato Cúspide. El obstáculo que han tenido en su afán de comenzar es la exigencia de un fallo judicial de tener que realizar audiencias públicas con los campesinos de las zonas cocaleras, sembradores o no, que el gobierno empezará el próximo 18 de diciembre y de la que puede resultar un traspiés para el plan del Ministro de defensa porque en lo que hay unanimidad absoluta es en la negativa de los pobladores a que regresen las fumigaciones.
