Los paramilitares del Bloque Catatumbo mandaban en Cúcuta cuando en el 2003 el padre Francesco Bortignon desempacó su equipaje en el 2003. Nunca lo amedrantaron las amenazas y siguió trabajando en la ciudadela de Juan Atalaya, un territorio en disputa entre las AUC y el ELN. Llegó de Venezuela cuando frontera estaba caliente: 6.000 asesinatos ese año en Cúcuta; 2.000 desaparecidos. Crímenes tan terribles como el del joven cuentero Gersón Gallardo quien apareció fue encontrado, abaleado y torturado, en la vía La Gabarra- Tibú. Señalado de ser miembro de las Farc, las AUC reconocieron el crimen.
Recién llegado el padre Francesco le toco abrigar a 5000 personas que llegaron desplazados del Catatumbo a Cúcuta, una catástrofe humanitaria que lo llevó a abrir el Centro de Migraciones en una casa amplia del barrio Pescadero apoyada luego por Acnur, la Cruz Roja Internacional, el Consejo Noruego y la Alcaldía de Cúcuta., les da los recursos para subsistir.
El padre Francesco, es largo y la barba le rosa el pecho. Buena parte de su tiempo se la pasa entre la casa en Pescadero, y la urbanización que él mismo creó en el barrio Camilo Daza en donde viven más de 300 familias, la mayoría de ellos desplazados. El agobio ahora es con quienes cruzan afanosamente la frontera con una mano adelante y otra atrás. Están de regreso al país deportados por el régimen de Maduro.
Francesco tendió personalmente a Luis Bernardo Martínez, un comerciante araucano y su hijo Luis Alberto estudiante de sexto semestre de medicina en una Universidad en Mérida; estaban a punto de llegar a Barinas, cuando en el sector de Dolores de Ramales un retén de la guardia venezolana detuvo el bus en el que venían. “Nos pidieron papeles y a los que éramos colombianos nos invitaron a bajar del vehículo”- Dice Luis Bernardo a quien se le nota en el rostro el cansancio padecido en las últimas 48 horas.
El sol calcinante del llano estallaba sobre la cabeza de los nueve colombianos “Teníamos los papeles en regla, pero la guardia no quiso escuchar razones, nos empujó a un camión y nos movieron como ganado”. Los engañaron y terminaron en el batallón Tavacare, en el estado de Barinas. Abrieron las compuertas y sin mediar palabra “Nos quitaron nuestras pertenencias, los celulares, las carteras, los documentos, la plata que llevábamos y nos metieron a la fuerza en un cuarto como de ochenta metros cuadrados en donde habían otros cincuenta colombianos”. Sin argumento válido les cerraron la puerta en las narices.
La humedad era tan espesa que el aire, como si fuera una cortina delgada, se podía cortar con un cuchillo. “No se podía caminar en el salón. Si uno necesitaba hacerlo tenía que pedirle a la gente que le abriera un campito entre las piernas para poder avanzar”, cuenta Luis Alberto.
Pasaron la noche allí y todo el día del sábado. “Teníamos sed y hambre y nadie nos dio nada. A mí me daba mucho afán porque había gente de edad. Había un hombre que tenía 75 años y lloraba porque decía que lo iban a deportar y que él cuidaba de su esposa inválida de ochenta años en un ranchito en pleno campo.; se moriría de hambre”.
Con los escasos bolívares que Luis Alberto había logrado esconder en sus calzoncillos, compró los jugos que alcanzó. Desde su celular, que también había logrado esconder se comunicó con el Cónsul en Barinas quien pidió la presencia del comandante del batallón y un funcionario del Saime ¿?. Nadie apareció.
En la noche un bus llegó un bus con orden de trasladarlos a San Cristóbal, vía Cúcuta, desconociendo que la mayoría de ellos, como Luis Bernardo, eran naturales de Arauca. Cuando se aproximaban a su destino se encontraron con otro retén de la Guardia Nacional. La orden del funcionario del Saime fue retornar al batallón de Tavacare. Obedecieron en medio de las protestas.
A las cuatro de la mañana del domingo los dejaron libres.
Luis Alfonso está en el Centro de Migraciones de Cúcuta, en donde espera que la Cancillería y la Defensoría del Pueblo le permitan viajar a Arauca. Luis Bernardo y su hijo no podrán entrar a Venezuela en los próximos tres años. La carrera universitaria del muchacho, al menos por el momento, se ha visto truncada. ¿Y de las demás gente?, “siguen allá, varados, sin plata ni nada, incomunicados; así que nadie sabe nada de ellos”.
En los seis meses de este año han llegado al Centro de Migraciones, 760 colombianos deportados, muchos incluso con su documentación en regla, cuando en el 2013 solo hubo que atender 52 personas. Entre 2012 y 2017 se pasó de 133 a 2.635 deportados, una variación de 1.881%.
Tener hijos y esposa venezolana y no le garantiza tranquilidad a ningún colombiano, como le sucedió a Carlos Rodríguez, un barranquillero de 38 años con nueve años de residencia en Caracas. “A finales de enero me paró un guardia y yo le mostré la medida cautelar en donde se demostraba que mi nacionalidad estaba en trámite. Su recomendación fue buscar cambiar la medida cautelar por un pasaporte. No sirvió, a las pocas horas estaba rumbo a Colombia sin posibilidad ni de despedirme de mi mujer, de mis hijos o de sacar ropa”. Se gana unos pocos centavos con trabajos de latonería y pintura a la espera que la Cancillería le ayude a traer a Colombia a su familia porque para él las puertas de Venezuela quedaron cerradas.
Los casos desesperados se multiplican con la crisis interna del país vecino. Solo hay una persona lista a acogerlos: el padre Francesco Bortignon.
