El 17 de junio, en un trino, el senador Álvaro Uribe señaló lo siguiente:
Muchos de quienes apoyamos al Gbno consideramos que se requiere que la aviación militar debe bombardear al terrorismo, día y noche, sin tregua
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 17, 2020
Aunque algunos lo dudan, de antemano se sabe que esa orden el gobierno la viene cumpliendo, la pregunta es: ¿qué tan efectivos han sido los bombardeos o los escalamientos de la guerra para superar lo que la extrema derecha desde hace cincuenta y seis años llama terrorismo? Máxime en un contexto en el cual los bombardeos están generando desgaste al gobierno; como el del 5 de noviembre de 2019, en el Caquetá, que causó la muerte de siete menores y ocasionó la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
No podemos olvidar tampoco que el 14 de junio de 1964 fue bombardeado Marquetalia, en desarrollo de la Operación Soberanía, lanzada contra las “repúblicas independientes” (llamadas así por el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado), cuyo resultado fue que los campesinos agrupados en autodefensas dispersas estructuraran las FARC.
Desde entonces, quince gobiernos sucesivos han realizado diversos planes contrainsurgentes, grandes operaciones militares e infinidad de bombardeos. Mientras tanto, la guerra continúa y las víctimas aumentan. Aun así, la lógica ha sido negar que el conflicto armado tiene su raíz en el conflicto social, cultural y político.
Ahora bien, con la nueva directriz de Uribe, que no es solo de bombardeos sino de operaciones de fumigación aérea, probablemente habrá nuevas violaciones a los derechos humanos en extensas regiones.
Duele el asesinato de nuestros soldados, los asesinos son los mismos que asesinan a los líderes sociales, que secuestran y asesinan a los empresarios del campo.
Se hace más imperativo iniciar la fumigación aérea de la coca, principal fuente de financiación del terrorismo.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 17, 2020
Además, Uribe equipara varias realidades contrapuestas para justificar la fumigación aérea y nos mete el cuento de que los guerrilleros escindidos (¿o continuadores?) de las FARC, responsables de la emboscada contra el Ejército el 16 de junio, en el Caquetá, son los mismos que asesinan a los líderes sociales. Eso no es creíble.
Los informes sobre asesinatos y amenazas contra los líderes sociales coinciden en que afectan a líderes campesinos que piden sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, reclamantes de tierras y líderes indígenas y afros, que se resisten a que sus territorios y sus comunidades sean afectados por grandes explotaciones mineras y agroindustriales.
Es conocido que el movimiento antirestitución de tierras es cercano a algunos movimientos políticos. También, que quienes amenazan y asesinan por oponerse a los megaproyectos son el Clan del Golfo, las Águilas Negras y los Rastrojos, quienes en sus panfletos de amenazas respaldan los megaproyectos y en donde en varios casos han estado implicados miembros de la fuerza pública.
Tal como lo sabemos por la experiencia de los últimos veinte años, la fumigación aérea no reduce la producción y tráfico de cocaína; lo que hace es desplazar de las zonas fumigadas a los campesinos y causar daños ambientales y a la salud.
Los desplazados por las fumigaciones habitarán nuevos cinturones de miseria en las ciudades, mientras en otras zonas apartadas y sin desarrollo social otros labriegos establecerán los nuevos cultivos de coca, creando otros focos de degradación ambiental y violencia hacia ellos.
Sí después de cincuenta y seis años los bombardeos, las tropas gringas y la fumigación aérea no han resuelto el conflicto y menos el narcotráfico, ¿no será justo y necesario insistir en que los acuerdos se cumplan y los diálogos continúen? Y, claro, tampoco es justo que la gente se deje matar o desterrar.
