La Cumbre Latinoamericana y Caribeña sobre tributación realizada el 27 y 28 de julio no tuvo los resultados esperados, no abordó los temas previstos y contó con una asistencia limitada. Fue muy inferior a las expectativas.
Desde su convocatoria por el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, estuvo claro que correspondía más a la agenda de la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Tributario Internacional, ICRIT, presidida por Joseph Stiglitz, que a la del gobierno de Gustavo Petro. Con la salida de Ocampo, la propuesta fue bajando de perfil y al final resultó en lo que se vio, una reunión lánguida y sin definiciones concretas
La mayoría de asistentes fueron viceministros o funcionarios de tercer o cuarto nivel y sin mandato para adoptar definiciones en temas claves.
Lo que estaba en juego era la idea de promover una posición conjunta de los gobiernos de América Latina y el Caribe para llevar a las Naciones Unidas sobre la escasa o nula tributación de las grandes multinacionales en los países donde adelantan sus operaciones y obtienen sus ganancias.
No hubo consenso ni podía haberlo, pues países como México, Argentina, Brasil y Colombia pertenecen a la OCDE, entidad que está tramitando una reforma regresiva que preserva los inmensos beneficios de las multinacionales
Como consecuencia de la evasión y elusión tributaria, la región pierde cada año un poco más de USD 300.000 millones, que representan alrededor del 5% del producto bruto interno, según la Red de Justicia Tributaria de América Latina.
Existe una alta concentración de ingresos, sistemas tributarios regresivos, privilegios injustificados a las grandes corporaciones y falta de coordinación en las políticas fiscales. Debió ser esta problemática el tema central de la flamante Cumbre Latinoamericana y Caribeña, que evadió el tema para el que había sido convocada: una tributación equitativa e incluyente.
El eje de la reunión debió haber sido la justicia tributaria, referida tanto a las disparidades en la distribución del ingreso, como a la evasión de impuestos y la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales, caracterizados por su opacidad, por el anonimato de sus usuarios y por la baja tributación.
Nada pasó. Los temas de verdadero contenido no fueron desarrollados y la cumbre se limitó a crear lo que siempre acaba acordándose cuando se dan desacuerdos de principio: un comité de coordinación tributaria que hará propuestas no vinculantes sobre cómo avanzar hacia una tributación equitativa e incluyente.
Brilló por su ausencia el debate de fondo sobre el papel de la tributación en el desarrollo económico, en el fomento de la economía empresarial y en la generación de empleo.
La tributación y el gasto público solamente pueden avanzar con justicia y equidad en la medida en que crezca la cantidad de bienes y servicios existentes en la sociedad. Lo máximo que puede hacer una sociedad con un producto interno bruto pequeño es redistribuir la escasez y nivelar por lo bajo, pero no remediar la pobreza.
De los 33 países de América Latina y el Caribe, asistieron apenas once y la conclusión se fue en el vacío: seguir estudiando el tema de la coordinación fiscal y tributaria y establecer una agenda sobre la cual se seguirá conversando, discutiendo y debatiendo. Se eludieron los temas cruciales, fiscalidad internacional, paraísos fiscales, tratamiento a las grandes empresas digitales, entre otros.
Las delegaciones de Honduras y Bolivia señalaron las deficiencias y varias delegaciones e incluso el premio Nobel Joseph Stiglitz afirmaron que no debían acogerse los criterios de la OCDE, por cuanto solo benefician a unos pocos países ricos.
Chile y México les replicaron que los acuerdos que se adoptaran deberían estar dentro del marco de la OCDE. Colombia guardó silencio, pero forma parte de esa organización.
Fue justamente Stiglitz quien puso el dedo en la llaga al señalar ante la Cumbre que los TLC debían ser reformados.
La política tributaria y fiscal es solo una parte de la política económica y resulta difícil en las condiciones actuales establecer una forma equitativa para crear y distribuir la riqueza, puesto que a quienes beneficia o perjudica lo determinan variables como la liberalización comercial, la política de inversión, el margen de acción del Estado, los tratados de libre comercio impuestos por los poderosos. Fue justamente Stiglitz quien puso el dedo en la llaga al señalar ante la Cumbre que los TLC debían ser reformados.
No se logró en suma el objetivo para el que estaba la Cumbre diseñada, presentar a la ONU una posición conjunta sobre la necesidad de establecer un impuesto mínimo global y sobre los impuestos que deben pagar las grandes multinacionales, especialmente de la economía digital.
Las definiciones sobre la tributación por parte de las grandes corporaciones multinacionales avanzan muy lentamente en el seno de la OCDE, donde gozan ellas de enorme y decisiva influencia, con capacidad de enredar o diluir las medidas concretas.
Es inevitable que con el tiempo estas empresas terminen aceptando algún tipo de pago de uno que otro impuesto en sus países de origen, pues las potencias industrializadas también necesitan recursos e incluso allí la evasión se vuelve escandalosa cuando las compañías originarias de esos países declaran como domicilio un paraíso fiscal.
A los países en desarrollo les va peor con las grandes multinacionales, pues muy difícilmente los impuestos les van a subir en proporción a la magnitud de sus operaciones en ellos.
Contrariando las expectativas creadas por su imagen contestataria, tan alejada de la realidad, tampoco ahora lideró el gobierno de Colombia una posición crítica ante la OCDE, limitándose a proponer una especie de comisión asesora encaminada a buscar consensos sobre algunos temas y que seguramente dilatará las definiciones.
