Colombia y México son los únicos países productores de petróleo en América Latina, en los cuales el precio de la gasolina no ha caído, a pesar de que el petróleo sí lo ha hecho en más de la mitad. Además, la crisis del sector petrolero es evidente, reflejándose en los anuncios de frenar inversiones previstas y en la estruendosa caída en los activos bursátiles.
El derrumbe en los precios del petróleo se explica por fenómenos económicos y políticos internacionales: aumento de la oferta en países como Estados Unidos y Arabia Saudita y caída en la demanda de Europa y China. Sin embargo, el pésimo manejo que el gobierno de Santos y los anteriores han hecho de la economía colombiana, incluida la política petrolera, es la razón principal de la crisis en las finanzas por las que está atravesando el país en la actualidad.
Durante años, expertos advirtieron que convertir a Colombia en un país minero-energético nos expondría a los vaivenes globales, como está ocurriendo. En la última década, los sectores productivos crecieron en promedio al 2,4 %, dos veces menos que la economía total. Más lesivo es el que actividades caracterizadas por su escaso o nulo aporte al desarrollo, fueran las impulsoras del fanfarroneado crecimiento. El sector financiero y el comercio crecieron 5,0 % en promedio anual, la minería al 6,3 % y la construcción al 7,8 %. Cuando un país se sostiene de sectores controlados por grandes banqueros, revendedores e industrias extractivas foráneas, es evidente que la riqueza que se produce no sirve para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino, por el contrario, para profundizar la desigualdad.
La Enfermedad Holandesa, que provocó alucinaciones de jeques árabes, estimuló la entrada masiva de dólares en forma de inversión extranjera para sectores extractivos, sin valor agregado ni encadenamientos y con escaso empleo y precario. Al tiempo que esto ocurría, la industria y el agro siguieron su camino a la extinción. Como consecuencia, la adicción del Estado al petróleo, como una cuarta parte de sus fuentes de financiación, está pasando cuenta de cobro.
Hoy, según análisis del economista Jorge Espitia, en El déficit financiero del PND 2014-2018, el Plan Nacional de Desarrollo que el actual gobierno está presentando al Congreso, está desfinanciado en $ 70 billones de pesos, agravado por las proyecciones de menor producción petrolera, impuestos y regalías. Esto prueba que las metas de recaudo tributario del ministro Cárdenas se cumplen no porque su gestión sea brillante, sino por la trampa de poner metas por debajo de las necesidades reales del Estado en materia fiscal, obligando a más reformas tributarias en 2015 y seguramente en 2016.
Indigna también que mientras los competidores comerciales del país se benefician del petróleo barato, los colombianos sigan pagando gasolina cara por cuenta de una fórmula inconstitucional que impide que los precios bajen o suban más de 3 % por mes. Para completar el fraude, el presidente Santos metió un mico en la pasada reforma tributaria para revivir el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, el cual ya había sido declarado ilegal por sentencia de la Corte Constitucional, sumando un hueco por $4,5 billones a las maltrechas finanzas de la nación. Vale la pena preguntarse de quién es la culpa de esta situación: ¿del petróleo o del gobierno?
@mariovalencia01
