El presidente no deja de usar artimañas. Su canciller viaja a Estados Unidos para impedir la visita de la CIDH a Colombia, luego accede pero fija una fecha a largo plazo, finalmente, cuando la gestión humanitaria se hace inevitable, dispone todas sus dependencias para presentar la protesta social y las marchas pacíficas como acciones de vándalos violentos, destructores de la infraestructura y violadores de los derechos humanos.
Sin embargo, siempre que intenta demostrar que sus funcionarios y autoridades respetan la Constitución, las leyes y los principios básicos de humanidad, los mismos hechos se encargan de desmentirlo. Mientras sus ministros, fiscal, procurador, defensor del pueblo y congresistas se presentan como campeones de la patria y las libertades, la Policía en las calles reprime con salvajismo brutal la incontenible protesta social.
Cualquier persona puede corroborar en las redes sociales, casi en directo, la enfermiza pasión policial por golpear sin piedad a los manifestantes, independientemente de su edad, sexo o condición. Resulta manifiesto su abierto desprecio por los defensores de derechos humanos, a quienes agreden por encima de cualquier legalidad. Así como el empleo de sus armas de fuego en contra de quienes protestan en los plantones.
La Policía y los civiles que resguarda de manera abierta, son responsables de cobardes asesinatos contra jóvenes en diversos puntos del país. También de los tratos crueles y degradantes que aplican a quienes atrapan en las calles, a los que obligan, como lo han determinado jueces de garantías, a autoincriminarse. Suman centenares los desaparecidos, muchísimos de ellos vistos por última vez cuando las redadas policiales los encerraban y atrapaban.
Policías furibundos la emprenden a pedradas contra viviendas en los barrios populares. Particularmente si lucen la bandera nacional al revés en señal de inconformidad. Igual gasean sectores y conjuntos residenciales habitados por familias con niños, ancianos y mujeres con el claro propósito de escarmentar. Sorprende que sus mandos afirmen que salen de sus cuarteles instruidos cabalmente en el respeto a la población y sus derechos.
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Aquí prima el descarado afán por negar los hechos e incluso justificarlos. Gobierno, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría trabajan unidos con ese propósito
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Lo que se ve es otra cosa. Tanta barbaridad solo puede ser producto de órdenes expresas del alto gobierno. En ningún país democrático podrían presentarse hechos de esa naturaleza, sin que las autoridades reaccionaran de manera enérgica para ponerles fin y sancionarlos con severidad. Aquí prima el descarado afán por negar los hechos e incluso justificarlos. Gobierno, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría trabajan unidos con ese propósito.
En coincidencia plena con las declaraciones del partido de gobierno y sus aliados. A los que se suman poderosos medios de comunicación. Todo lo cual permite concluir que nos hallamos frente a una decisión clara de carácter arbitrario, que aborrece la expresión de la inconformidad y que no está dispuesta a propiciar cambios a favor de los descamisados. Aquí se hace lo que digan ellos y a los demás les corresponde obedecer con sumisión.
Lo profesan con profundo convencimiento. El mismo de los monarcas absolutos en la Edad Media. Por eso el odio sin disimulo contra los Acuerdos de Paz de La Habana. En su parecer, un puñado de bandidos no podía igualarse jamás con el Estado y pactar con él reformas. Y mucho menos cuando estas amenazaban de algún modo su poder e impunidad. Lo que había que hacer era aplastarlos a sangre y fuego, entre otras cosas para ejemplarizar al resto de la población.
Durante el conflicto con las Farc las fuerzas armadas y sus grupos paramilitares se encargaron de infundir miedo y terror en extensas zonas de la geografía nacional. A eso se sumó el dolor que ocasionaron las guerrillas. En total fueron casi nueve millones las víctimas. Las circunscripciones acordadas en el Acuerdo de Paz de La Habana, se pactaron precisamente para resarcirlas por su sufrimiento, así como por la privación forzada de sus derechos políticos.
Álvaro Uribe y los suyos se imaginaron que esas curules especiales para las víctimas representarían un sonoro clamor por la justicia. Saben bien lo que deben. Por eso su embestida política y jurídica contra esas circunscripciones. El socorrido argumento de que serían 16 curules para los amigos de las Farc, delata el conocimiento cierto de saberse en gran medida responsables directos de los daños infligidos y desde luego el temor de dar la cara por ellos.
Por encima de todas las mañas empleadas para hundirlas, la Corte Constitucional las revivió finalmente en un fallo histórico. El gobierno de Iván Duque, tercamente, optó por oponerse absurdamente a ese fallo y demandó su nulidad. Hasta que alguien le recordó la visita en curso de la CIHD, que se escandalizaría todavía más con semejante disparate. Amigos suyos ya habían demandado lo mismo, así que se echó atrás balbuceando respeto a la institucionalidad.
Ahora habrá que temer la violencia contra las víctimas en sus zonas. Duque y el uribismo, sin principios jurídicos ni morales, pueden ordenar cualquier cosa. Cuidado.
