El Centro Colombiano de Derechos Reprográfico –CDR– es una sociedad de gestión colectiva que, al igual que Sayco, recauda dinero para los autores, pero en este caso, no para músicos sino para escritores y editores, por reprografía. En sus propias palabras: “su finalidad es recaudar, administrar y distribuir las remuneraciones provenientes de la reproducción del repertorio editorial de sus asociados autores y editores, ya sea a través de sistemas tradicionales como la fotocopiadora o de medios electrónicos”. Hasta hace poco cobraban a fotocopiadoras, pero ahora pasarán a cobrar a universidades, colegios y hasta a preescolares, una licencia por usos digitales.
Me surgen tantas dudas cuando escucho un plan de este tipo que decidí dedicarle una tarde de mi vida a hacer las cuentas, revisar el único informe de gestión publicado, mirar a fondo la página web de esta sociedad, buscar los datos del número de estudiantes de educación superior, básica, media, primaria y preescolar del país y estadísticas del sector editorial, para tener cifras y datos concretos.
Reconozco que la gestión colectiva es importante. Su fin es ayudar a los creadores a percibir ingresos y facilitar negociaciones que de otra forma serían difícilmente manejables (imagínense a cada emisora teniendo que negociar con cada uno de los artísticas de quienes utilizan música para su programación). Pero hay que reconocer que es un modelo que tiene problemas. Después de años de escándalos por cobros exagerados, falta de transparencia y exceso en gastos administrativos y de funcionamiento se mantiene una percepción de que estas entidades son corruptas. Conocemos sobre las sociedades de gestión en música pero las relacionadas con la reproducción de libros, como la CDR, nos son casi desconocidas.
Ahora bien, ninguna sociedad de gestión puede cobrar por todo a todos. Como lo reconoce la misma CDR, existen garantías que permiten “reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de la obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro”.
Si es legítimo que los autores reciban una remuneración por el uso de sus obras, también lo es permitir una serie de usos de esas mismas obras, sin incurrir en pagos. Es decir, usos justos que garantizan otros derechos como el acceso a la educación y a la ciencia y a la cultura, la libertad de expresión e incluso la posibilidad de participar en las decisiones políticas que nos afectan. No hay derechos absolutos y siempre se debe buscar balance.
La garantía legal reconocida por la CDR y otras como el derecho de cita o el derecho de reproducción (copia privada) también contempladas en la legislación nacional, creo yo, cobijan buena parte de los usos de las obras que hacen profesores y estudiantes en instituciones de educación. Esto nos permite plantear un interrogante, ¿por cuáles usos digitales está cobrando la CDR? Necesitamos dimensionar las prácticas cotidianas de las instituciones y así pedir que nos expliquen ¿de dónde salen las tarifas? Y, ¿por qué no hay tarifas diferenciales? Además, es importante recordar que la CDR solo puede cobrar por el catálogo que representa del que, dicho sea de paso, no hay información en Internet.
Al hacer las cuentas, si mis matemáticas no fallan, los cobros se vuelven muy grandes y, por tanto, no es algo que deba decidir aisladamente una institución sin un debate más amplio de cara a la sociedad. Es un tema que nos debería preocupar a todos. Las tarifas que la CDR busca aplicar este 2015 están en su página web: $4.000 pesos/alumno/anual por reproducciones efectuadas en centros de enseñanza universitaria profesional, tecnológica o técnica; $1.500 pesos/alumno/año por reproducciones efectuadas en centros de enseñanza secundaria; y $ 800 pesos/alumno/año por reproducciones efectuadas en centros de enseñanza preescolar y primaria. Los datos más actualizados del Ministerio de Educación hablan de 2.109.224 de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior. Por ellos, se debería recaudar $8.436.896.000. Entre secundaria y media suman 4.903.462 estudiantes, por los que se debería recaudar $7.355.193.000. Primaria y preescolar, a su vez, suman 4.773.973 de estudiantes y un recaudo de $4.616.917.600. Asumiendo que todas las instituciones educativas del país paguen, la CDR pasará de recaudar casi 700 millones de pesos –lo reportado en el pasado balance–, a gestionar más de 20.000 millones de pesos. A modo de comparación quizás es útil recordar que en 2012 el Ministerio de Cultura informó que en el Plan Nacional de Lectura y Escritura invertiría en el cuatrienio 2010-2014 alrededor de $23 mil millones de pesos.
Ahora, los $20.000 millones de pesos que recaudaría la CDR, con base en la información que aparece en su página web, los distribuirá (como lo hace toda sociedad de gestión colectiva) entre sus socios: 82 autores y 51 editoriales (de las 1.400 que se estima existen en el país). También debería distribuir entre los afiliados a las 11 entidades extranjeras que anuncia como sus homólogas: ABDR de Brasil, Acodere de Costa Rica, Cadra de Argentina, Cedro de España, Cempro de México, HKRRLS de Hong Kong, JAC de Japón, Luxorr de Luxemburgo, Perú Repro de Perú, SEA de Panamá y Sadel de Chile (aunque hay un artículo que habla de una red de 143 organizaciones en 79 países, no hay información pública de los acuerdos al respecto). De acuerdo con el balance general de 2013, la CDR distribuyó entre sus socios $370.735.000 de los $676.941.000 que recaudó y reportó gastos por cuenta de terceros de $263.206.000 (de lo recaudado distribuyeron el 54 %, mientras que los gastos suman el 39 %).
Varias de las universidades del país ya han recibido solicitudes de la CDR pidiendo el pago de este recaudo. No se si se han preguntado por la forma como se calcula la tarifa, si hacen uso del catálogo que representa la CDR y si el cobro corresponde a usos que hacen las instituciones y no están cubiertos por la garantía que establece la legislación de derecho de autor. Al final, estos $20.000 millones, si se llegan a recoger, saldrán en su mayoría del erario público, ya que en mis cuentas el 71 % del recaudo corresponderá a instituciones de educación superior públicas y colegios oficiales. Yo sigo con muchos interrogantes al respecto, ¿usted?
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