El padre de una familia de Duitama, en Boyacá, buscaba un “empeño” para vivir. En el lenguaje de su región eso significaba que, aunque tenía el dinero para pagar, quería un apartamento o una casa cuyo arrendador no le exigiera codeudores, ni garantías, ni papeles, sino que confiara en su palabra porque estaba dispuesto a saldar deudas por anticipado.
Visitó oficinas de servicios inmobiliarios y buscó en redes hasta que encontró una firma que le ofrecía más de lo que él esperaba. Eric Alexander Benítez, representante legal de Emporio Constructora e Inversiones S.A.S le propuso que si invertía $25 millones en los proyectos de la empresa, él le conseguiría un apartamento, le pagaría el arriendo durante un año y al final le devolvería su inversión con intereses.
El dueño del inmueble aceptó mediante una carta formal que su apartamento fuera ocupado por el inversionista y que la constructora le pagara el canon de arriendo. La empresa le había entregado como prueba de buena fe copia de un contrato de anticresis, una modalidad estipulada en el Código Civil que permite a un deudor o a un tercero entregar un bien raíz para satisfacer un crédito productivo.
El hombre de palabra no era el único cliente de la constructora. Detrás de él vendrían cerca de 70 inversionistas que sí querían más que un sitio de habitación. A ellos la firma constructora les enseñó atractivas maquetas que mostraban como quedarían sus edificios y urbanizaciones terminados y a otros los invitó a conocer extensos lotes donde se levantarían sus proyectos urbanísticos.
Emporio Constructora e Inversiones S.A.S
Los dos o tres primeros meses la mayoría de ellos fueron felices. Los arriendos eran pagados y ya fuera en sus cuentas o en las oficinas de Emporio Constructora e Inversiones S.A.S eran pagados los intereses prometidos. Luego vendrían los incumplimientos y las excusas. La empresa supuestamente se encontraba en reestructuración administrativa y financiera y habría que esperar un poco mientras recuperaba su liquidez.
Agotada la paciencia algunos clientes propusieron sin éxito que, antes de acudir a la justicia, la constructora y su representante legal aceptaran conciliar. Cuando llegó la Superintendencia Financiera los hechos cumplidos quedaron al descubierto. La que parecía una promisoria empresa no era más que captadora masiva y habitual de dineros del público.
Según copia de la última Declaración de Renta y Complementarios presentada por la sociedad EMPORIO S.A.S., ante la DIAN, el valor de su patrimonio líquido ascendía a la suma de doscientos millones de pesos. Su situación financiera y sus métodos se ajustaban a todas las condiciones exigidas legalmente para ser tachada como una captadora que siempre hubiera querido eludir la vigilancia del Estado.
Su pasivo para con el público estaba compuesto por obligaciones con más de veinte personas o por más de cincuenta obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. El valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas, que en noviembre del año pasado se aproximaba a los $1.700 millones, sobrepasaba el patrimonio líquido de la S.A.S.
La orden de suspensión de operaciones emitidas por la Superintendencia evitó perjuicios mayores. La empresa, cuya intervención está a cargo de la Superintendencia de Sociedades y sus movidas bajo la lupa de la Fiscalía, había optado por modalidades contractuales para atraer inversionistas incautos.
Con contratos de “Inversión de Capital” recibía recursos de terceros para el desarrollo de sus actividades de construcción de inmuebles, por los que reconocía tasas de interés mensual por encima de los del mercado. Estas operaciones estaban respaldadas con la firma de una letra de cambio.
Jorge Castaño, superintendente financiero
Los comisionados de la Superintendencia Financiera revisaron a comienzos de año información sobre 75 contratos vigentes suscritos con sesenta con 67 personas por valor de mil trescientos ochenta y cuatro millones quinientos cuarenta mil pesos ($1.384.540.000), celebrados entre mayo de 2021 y agosto de 2022. El incumplimiento en los pagos con la rentabilidad prometida se hicieron lugar común y, aunque las resoluciones del organismo de control y vigilancia no mencionan la palabra, las prácticas de esas y otras empresas constructoras que replicaron el modelo en otras regiones eran sencillamente las de esquemas Ponzi o pirámides.
Las huellas de sus actuaciones están en Internet donde todavía aparecen sus anuncios con imágenes ilusorios de construcciones en sitios donde aún hoy no ha sido sentado un solo ladrillo.
En la resolución respectiva de la Superintendencia de febrero pasado se lee que, mediante la suscripción de los denominados contratos de “Inversión de Capital”, “Constitución de Anticresis de Apartamento” y Mutuo, la firma que dice ser constructora presenta ochenta y cuatro (84) obligaciones vigentes a corte del 30 de agosto del 2022 con por lo menos setenta y seis (76) personas, por un monto total que asciende a mil setecientos diecinueve millones cuarenta mil pesos ($1.719.040.000). “No obstante, a la fecha de la presente medida cautelar, la totalidad de operaciones realizadas, el número de personas vinculadas y el monto de dinero recibido bajo estas modalidades podría ser superior”, advierte.
Orión Alianza Constructora e Inmobiliaria S.A.S
El mal ejemplo cunde. Por eso también otra empresa, la sociedad Orión Alianza Constructora e Inmobiliaria S.A.S, recibió también la orden de suspender de manera inmediata las actividades que constituyen recaudo no autorizado de dineros del público. Y es que entre 2021 y 2022 esta sociedad suscribió al menos 33 contratos denominados “Asociación en Participación” y “Contratos de Constitución de Anticresis de Apartamento” con 32 personas, obligándose al retorno de los dineros recaudados por un valor total de $482.000.000, sin prever a cambio la entrega de bienes o la prestación efectiva de un servicio.
Consorcio Constructor Inmobiliario Cimientos S.A.S.
Una medida similar afecta al Consorcio Constructor Inmobiliario Cimientos S.A.S. que en entre el 26 de enero y el 27 de octubre de 2022, suscribió al menos 37 contratos de mutuo con intereses que alcanzan los $742,5 millones con cerca de 55 personas.
Calcapital S.A.S.
En el mercado piramidal también fue sorprendida Calcapital S.A.S. Esta sociedad suscribió al menos 89 contratos entre 2020 y 2022 con 73 personas por un valor total de $1.878.500.000, bajo las modalidades de “Constitución de anticresis de un apartamento” e “Inversión de capital”.
Cientos de clientes defraudados lamentan hoy no haber tomado las precauciones con las cuales no hubieran oído el canto de sirena que los tiene navegando en el mar de la incertidumbre por la suerte de sus inversiones.
Las alarmas están encendidas en la Superintendencia Financiera porque las “temporadas de pirámides” parecen estar de vuelta y a sus efectos no escapan personalidades ni familias pudientes. Al fenómeno podrían estar asociadas personas que en el pasado hicieron fortuna con el levante de ganado de casta y con las temporadas taurinas. Por obra de la prohibición progresiva de la fiesta taurina esas familias podrían estar perdiendo buena parte de su patrimonio.
Según las denuncias que ya comenzaron a llegar a la justicia penal uno de los nuevos esquemas es denominado la “pirámide ganadera”, que ya generó pérdidas a inversionistas que le confiaron a sus operadores casi $70.000 millones. Los inversionistas, varios de ellos socios de exclusivos clubes sociales, fueron atraídos con ofertas de rendimientos que podrían duplicar su inversión si le apostaban al levante de ganado y al desarrollo de fincas de crianza.
Las autoridades deberán verificar si es cierto que detrás del esquema que ha ido tornando en una estafa colectiva estarían personas como Felipe Rocha, uno de los herederos de la tradicional ganadería Achury Viejo.
La recuperación del dinero es tarea encomendada a abogados penalistas.
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