I
En un escenario utópico, el comunicado de la CIDH con el que concluirá su visita de trabajo —y que va a incluir muy seguramente un rechazo contundente al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, así como su tolerancia a la actuación de agentes armados para estatales contra los manifestantes y a los precarios esfuerzos de organismos de investigación y control para reaccionar ante tales expresiones violentas que han derivado en homicidios, desapariciones forzadas, abusos sexuales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y detenciones arbitrarias—, va a ser tomado por diversas autoridades como un valioso instrumento de diagnóstico sobre las consecuencias de sus actuaciones y con base en él tomará decisiones estructurales para la superación de la crisis.
El ejecutivo reconocerá los abusos y las violaciones, desarticulará las unidades de la fuerza pública que han exhibido violencia y brutalidad, derogará las normas que han atizado su actuación, desistirá de aquellas que desconocen garantías y libertades, retirará de sus cargos a los funcionarios de alto nivel que impiden el diálogo y la concertación; el legislativo desechará los proyectos de ley regresivos que venían en curso y los organismos de control se depurarán para cumplir con sus funciones de forma independiente. Se abrirán espacios expeditos y transparentes para esclarecer los hechos, patrones y dispositivos que permitieron tal estado de cosas y en conjunto, el Estado permitirá el monitoreo internacional de sus decisiones, así como el de ciudadanos y grupos interesados. La experiencia motivará un nuevo impulso a la armonía social, tan anhelada. Pero, este es un escenario ilusorio.
II
Una segunda posibilidad, es que quienes tienen mayor influencia en la construcción de la reacción oficial, calculen muy alto el precio de romper con la tradición diplomática que ha caracterizado al Estado colombiano en escenarios internacionales de derechos humanos: siempre dispuesto a la escucha, manifestándose respetuoso de los relatos y los procedimientos, contradiciendo las denuncias con cifras, esquemas y listados exhaustivos de normas, políticas y medidas administrativas que demuestran su buena voluntad, cerrando la discusión con un llamamiento al diálogo, no sin antes presumir de la amplitud de las puertas, siempre abiertas, para las ONG y los movimientos que quieran sentarse a debatir democráticamente, en grupos de trabajo, mesas o comités técnicos, sus inconformidades.
Caracterizarán el escenario de diálogo con el impopular Comité del Paro como anacrónico y con el peculiar estilo del actual gobierno, convocará con un nombre rimbombante a diálogos sectoriales y regionales en los que suscribirá acuerdos y anunciará compromisos con manifestaciones inmediatas de buena fe (las medidas más fáciles) y compromisos de largo plazo (en los temas difíciles), a los que no dará cumplimiento. Tomará algunos de los casos más ostensibles que hemos visto en las redes sociales para realizar una condena ejemplar de alguna manzana podrida y será implacable con los “vándalos”. Unidades especializadas serán abiertas para investigar los “móviles políticos”, “financiamientos internacionales” y modus operandi “moleculares” de los mismos. Llamará éxito a la intermediación de la CIDH y le dará las gracias por su interés en la situación nacional.
Como siempre, las autoridades simularán preocupación e interés. Se esforzarán en mostrarse ecuánimes en el tratamiento de la responsabilidad de los actores de estas movilizaciones, harán equiparables los actos de agentes oficiales y paraestatales, con los de los “vándalos” y manifestantes regulares, para diluir las responsabilidades oficiales. El buen gobierno entenderá las razones de los unos y de los otros, como si fuera un tercero imparcial que nada ha tenido que ver en los abusos. Lo de siempre.
III
Un tercer escenario es el del rechazo a los postulados del comunicado: negacionismo puro. Las autoridades posicionarán la idea de que la Comisión fue “llevada al error” o engañada por testimonios “fraudulentos” de “supuestas” víctimas, alentadas por “intereses oscuros” o con intenciones “electorales”, financiadas por el régimen de “Maduro” o cualquiera interesado en desprestigiar a los héroes de la patria. Las palabras “montaje” y “estigmatización contra la fuerza pública” serán replicadas en los principales medios de comunicación.
Aparecerán grabaciones explícitas e imágenes ambiguas orientadas a demostrar que existen engranajes organizados para desacreditar a la fuerza pública. La teoría molecular será la teoría de caso contra artistas, diseñadores, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, estudiantiles y jóvenes e influencers. La agenda de allanamientos estará movida. Los organismos de inteligencia establecerán enlaces entre quienes crearon y/o compartieron imágenes y videos, consignas o memes pro paro y construirá organigramas complejos para demostrar intenciones de desestabilización cuando más, calumnias cuando menos. Tal vez se desarrollen capturas masivas, como hace quince años, en operativos espectaculares, como los de aquella época. Se tiene experiencia y se sabe de lo efectivo que es. La persecución penal estigmatiza al procesado, hace que su entorno quiera tomar distancia, diferenciarse del vándalo, porque “uno nunca sabe”. Entre tanto, las investigaciones contra agentes estatales y paraestatales, irán a paso lento. La justicia (si es que llega) tiene sus prioridades.
IV
Finalmente, se abre el escenario de la confrontación instrumental con la CIDH. Se aprovechará el comunicado que emita para hacer proclamas soberanas: se pondrá en entredicho el rol de la CIDH y sus métodos de trabajo, su independencia y legitimidad. Las posturas más radicales impondrán el discurso de que es hora de evaluar al Sistema Interamericano. El terreno ha sido abonado. El Estado ha desatendido audiencias generales ante la CIDH que los comisionados han lamentado públicamente, se levantó recientemente —en plena audiencia pública—, en el caso de Jineth Bedoya porque a su juicio, los jueces de la Corte eran demasiado empáticos con la víctima. Un hecho inédito.
¡Qué mejor momento para tomar distancia de un Sistema que ha declarado su responsabilidad en cuarenta casos y lo hará en al menos cinco más en los próximos dos años, y en cuyo seno se ha dado admisibilidad a 66 asuntos en el último año y tiene a más de 400 en la puerta. Debatir sobre la legitimidad del informe, incluso por encima de su contenido, pondría al gobierno en un punto en el que ha preferido estar en los últimos años: el de la superioridad soberana que no se rebaja a rendir cuentas.
Ya se ha hecho lo propio con las Naciones Unidas. Las tensiones sobre la existencia de una Oficina de la Alta Comisionada de dicho organismo para los derechos humanos en Colombia son históricas. Cada renovación de su mandato en el país ha implicado fuertes presiones ya sea para reducirlo a lo mínimo o acabarlo. El año pasado, el informe de Michelle Bachelet sobre la violencia en el país, incluyendo la del Esmad, provocó comentarios muy desafortunados en su contra, hasta de “chambón” tildaron al documento desde la casa de Nariño.
Un año antes se había obstaculizado la entrada del Relator sobre los Defensores de Derechos Humanos al país, para que éste pudiera terminar su informe, sobre el cual increpó el gobierno nacional[1], entre otros, que “no aporta suficiente sustento fáctico”, fundamentalmente por no hacer demostraciones estadísticas ni comparativas, que “desconoce la información proporcionada por el Estado (…) que da cuenta los importantes esfuerzos” que ha realizado, presentando una información que responde a una “actitud crítica y política”, sin “sustento probatorio”.
Entonces es posible que el comunicado de la CIDH se convierta en otro frente de batalla, lingüístico y probatorio. Una excusa para polarizar más, exacerbando el patriotismo, la defensa de la soberanía, la razón de estado, la preservación del orden. Una excusa para minar la legitimidad de los organismos internacionales, con posturas positivistas y exegéticas de los instrumentos y desconociendo la buena fe en el cumplimiento de los tratados; una gran carnada para imponer una agenda ciudadana de defensa del propio comunicado. Entre tanto, las violaciones se exacerbarían, nos pareceremos más a la Nicaragua de Ortega, que a la Europa con la que tanto sueñan los ciudadanos de bien.
[1] Informe: A/HRC/43/51/Add.4 del 27 de enero de 2020.
