Los Araura (autoridades tradicionales Wayúu), de distintos territorios ancestrales, desde hace varias semanas buscan el diálogo con el gobierno central para resolver los asuntos relacionados al ICBF, entre ellos el cumplimiento de los mandatos constitucionales y la aplicación de la Ley 80, que rige para la transparencia de la contratación. Aún no ha sido posible la solución a esta situación, de allí que se hayan tomado la vía del tren del Cerrejón por donde pasan anualmente más de 37 millones de toneladas de carbón al año. Se han recibido comisiones del gobierno central y nada de solución.
Las respuestas son amenazas telefónicas, por Whatsapp y panfletos. En estos momentos el ESMAD se dirige hacia Katsariamana para desalojar a las autoridades ancestrales! ¡Solicitamos la solidaridad de todos los colombianos! ¡Sólo queremos que se aplique la ley 80!
Por otro lado, exigimos que se cumplan las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que en nuestras comunidades volvamos a tener agua limpia y en la cantidad suficiente.
