Hoy, en el marco de la conmemoración del Día del Estudiante Caído, viene a mi memoria lo que sucedió en México con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 23 de septiembre del 2014. Una flagrante violación a los derechos humanos por parte del Estado y que sigue aún sin esclarecimiento, como siguen sin esclarecimiento las violaciones a los derechos humanos en Colombia a 43 días de iniciado el paro nacional. Esperamos que la visita formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contribuya de manera integral a resolver lo ocurrido no solo en el plano del paro, sino en torno al asesinato sistemático de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, así como excombatientes firmantes del acuerdo; acuerdo que, valga la expresión, ha sido literalmente hecho trizas.
Los estudiantes, los jóvenes que despectivamente son denominados ninis, son quienes han encabezado las movilizaciones a nivel nacional y quienes en su mayoría han caído en medio de las manifestaciones por causa de las armas del Estado y otros agentes dirigidas hacia el pueblo. En muchos de los casos el actuar ha sido similar al que se aplicó a quienes se dirigieron a las manifestaciones en México del 2014 para conmemorar la masacre del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, donde cayeron también estudiantes bajo la represión del ejército y el grupo paramilitar Batallón Olimpia (que resultó estar conformado por actores pertenecientes al Estado mayor presidencial). De igual forma, el ataque a los jóvenes de Ayotzinapa por parte de la policía de Iguala y los militares del batallón de infantería dejó como saldo el asesinato de al menos 9 estudiantes, casi 30 heridos y 43 desaparecidos, todos ellos por quienes se sigue reclamando justicia.
Se tejen tesis oficiales que demeritan el carácter de la protesta social. Como se intentó en México ocultar (en cabeza de Peña Nieto) el actuar de las fuerzas armadas en connivencia con agentes del narcotráfico, se intenta hoy en Colombia ocultar el actuar de la policía con agentes de dudosa proveniencia, en medio de una mesa de negociación estancada. Lo anterior en tanto el gobierno nacional no ha querido dar las garantías para el ejercicio de este derecho constitucional y sin embargo se anuncia la modernización del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional el mismo día que arribó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país; un cambio que desde la firma de los acuerdos de paz se ha venido reclamando no solo para la policía, sino también para el ejército, en tanto se ha de redefinir la noción contrainsurgente y la doctrina militar en el marco del posconflicto, lo cual supera la intrascendencia del color de un uniforme.
En Colombia conmemoramos los días 8 y 9 de junio el día del estudiante caído, fecha en la cual en el año 1954 Uriel Gutiérrez y 12 estudiantes más fueron abatidos por el ejército, conmemorando a su vez la caída de Gonzalo Bravo Pérez 25 años antes junto con 11 estudiantes más que fueron asesinados al reclamar por su muerte; similar a lo sucedido en México con los estudiantes de Ayotzinapa, pareciendo así que el conmemorar a quienes cayeron deja a su paso una estela de más y más estudiantes, jóvenes, víctimas, que con el deseo de transformar la realidad a la que se ven abocados lo único que consiguen es represión y muerte.
