El ocultamiento de medicamentos por parte de Audifarma, más que parte de las estrategias utilizadas para difamar y desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro, es antes que nada una actitud criminal que atenta contra la vida de los pacientes.
El descubrimiento que se hizo de la existencia de una bodega con 113.000 dosis de insulina, al tiempo que se tiene a los pacientes en listas de espera y haciendo trámites —entre otras, poniendo acciones de tutela—, para que les sean entregados los medicamentos, así lo demuestra.
Estas actitudes deben ser duramente sancionadas con cierres o multas a las empresas, para lo que la Superintendencia de Salud cuenta con los instrumentos legales. Por ningún motivo, se debe permitir que se ponga en riesgo la vida de miles de personas que durante muchos años han hecho y siguen haciendo sus cotizaciones.
Las empresas de una u otra manera relacionadas con el sistema de salud: EPS, IPS, hospitales, clínicas, dispensarios, etc., tienen ante todo un compromiso y responsabilidad ética con los usuarios del sistema, así como con la ciudadanía en general, pues es su vida la que está en juego.
Una vez más se confirma la necesidad de la reforma al sistema de salud, que terminó convertido en un lucrativo negocio al servicio del sector empresarial.
Lo que se ha comprobado con Audifarma no es la primera vez que ocurre, no va a ser la última y seguramente no es la única empresa que recurre a ese tipo de prácticas deshonestas y criminales.
El Gobierno tiene la obligación de afinar sus sistemas y medidas de control y de sanción para que esto no siga ocurriendo.
Con jugaditas políticas no se pueden seguir causando muertes.
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