Las corridas de toros habían sido prohibidas en la capital de la república durante el mandato de Gustavo Petro y el primer año de Peñalosa pero regresaron esta temporada taurina, abriendo nuevamente un debate que fácilmente podría resumirse en Toros vs. élites.
La nueva decisión de la Corte Constitucional ordena al Congreso prohibir, en un término de dos años, las actividades que habían quedado excluidas de lo considerado “maltrato animal” en la Ley 1774 de 2016 entre ellas las corridas de toros, el rejoneo, corralejas, las becerradas, las peleas de gallos, entre otras.
Pero como el debate, que no sólo es jurisprudencial sino cultural y ético, no sólo ha servido para evaluar el nivel de “animalistas” de los colombianos sino también la gestión de la alcaldía, el uso de la fuerza pública, el derecho a la protesta y al espacio público, entre otras.
A. Los derechos de los animales
La Ley 1774 se constituyó como una de las grandes victorias del movimiento animalista en el país pues por primera vez los animales fueron reconocidos como seres que podían sentir “dolor, sed, sufrimiento, angustia, cansancio y miedo, todos ellos producidos por los tratos crueles y maltratos que les proporcionan los mismos seres humanos”(1) . Por ello mismo, la Corte los declaró como seres a los que el Estado debía proteger.
Se establecieron entonces las medidas correctivas para quienes agredieran directa e indirectamente a los animales que incluían desde multas e inhabilidades hasta penas de prisión.Sin embargo, la Ley estableció la excepción de estas medidas para manifestaciones culturales, que son practicadas desde hace “largo tiempo y están arraigadas dentro de las costumbres sociales” como las corridas de toros, las becerradas, el rejoneo o las peleas de gallos.
Este punto, precisamente es que el demandó la ciudadanía y ante el cual la Corte recientemente falló a favor, pues con el reconocimiento de los derechos de los animales “para unos sí y otros no” se vulneraban los derechos del ambiente en general, compuesto no sólo por los humanos sino también por los “no humanos”.
De esta forma, la Corte ordenó al Congreso incluir la prohibición del maltrato a los toros y demás animales usados en las prácticas culturales mencionadas anteriormente y le dio un periodo de dos años para legislar al respecto.
B. Los derechos de los taurinos
Durante la administración Petro se dio por terminado el contrato que tenía la Corporación Taurina de Bogotá para el arrendamiento de la Santamaría y, por decreto, se prohibieron las corridas de toros en espacios del distrito. Sin embargo, la Corporación demandó a la alcaldía por incumplimiento de contrato y además por violar el debido proceso, los taurinos también alegaron que el espectáculo se trataba de una “expresión artística” que el gobierno distrital, en reconocimiento de la diversidad cultural de la ciudad, debía preservar.
La Corte falló a favor de los taurinos y ordenó “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina”.
La protesta de los taurinos incluyó huelgas de hambre en La Santamaría entre una serie de protestas de novilleros y toreros que, además, consideraban que se estaba violando su derecho a la identidad y se atentaba contra la minoría de la que hacen parte.
C. El costo de defender a las élites
Si tenemos en cuenta que la boletería para la temporada taurina oscila entre los 260.000 y los 728.000 pesos, es fácil deducir a qué clase social pertenecen los espectadores de la fiesta brava; claramente no son los estratos 1 y 2 los que pueden invertir casi la totalidad de un salario mínimo por ingresar al espectáculo.
Al margen de la cantidad numérica que representen los taurinos, no pueden ser considerados una minoría en tanto esta condición la da también el haber sido históricamente oprimidos o pertenecientes a un grupo no hegemónico. Así, los taurinos no son una minoría sino más bien una élite.
Pese a que la alcaldía tiene la obligación de garantizar los derechos de toda la población, independientemente del nivel socioeconómico, la reactivación de la fiesta taurina y las protestas por parte del sector animalista (que terminaron agresivamente desalojadas por la fuerza pública) han hecho que la administración Peñalosa tome medidas de muy alto costo para todos los bogotanos.
Con el cierre del centro de Bogotá, no sólo se afectó el tramo vial y la movilidad sino también a los cerca de dos millones de usuarios de la ciclovía pues, aunque la alcaldía señale que “La medida se toma como prevención a los hechos ocurridos el domingo anterior en los alrededores de la Plaza La Santamaría, cuando se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos protestantes por la reanudación de las corridas de toros en la capital del país” es más la población afectada que la que se busca beneficiar.
La Plaza tiene capacidad para 14.500 personas con su aforo completo y, aunque las imágenes de la novillada del fin de semana anterior dejan claro que La Santamaría en ningún momento estuvo llena, se hizo uso de un dispositivo con un aproximado de 3.500 policías y cuatro anillos de seguridad para cuidar a los asistentes a la plaza y desviar el trayecto de dos millones de ciclousuarios.
La medida también perjudicó a los habitantes del centro de Bogotá dejándolos totalmente aislados y con la imposibilidad de salir a sus casas pues, para ingresar al sector que se encontraba custodiado debían demostrar que su residencia correspondía al lugar al que se dirigían: no todos podían hacerlo.
El costo para la ciudadanía, además de no poder hacer uso de los espacios culturales como el Planetario, el Museo Nacional o de los deportivos como la ciclovía se expresa también en términos de seguridad y economía.
A finales del año pasado el secretario de seguridad Daniel Mejía aseguró que Bogotá tenía un “déficit alarmante de policías” a lo que el experto en seguridad Áriel Avila respondió, en entrevista para El Tiempo, que “El déficit es un poco más delicado de lo que dijo el Secretario de Seguridad. Hay alrededor de 20.000 policías, pero de ellos algunos están en vacaciones, otros con licencia y en la vida real terminan siendo 18.000 uniformados, es decir, unos 6.000 por turno”.
Esto quiere decir que, de los aproximadamente 6.000 policías que se encontraban en su turno normal el día domingo en Bogotá, más de la mitad estuvo cuidando La Santamaría, ¿y el resto de la ciudad, qué? ¿cuánto le cuesta a la ciudad desplazar 3.200 efectivos para cuidar a menos de 10000 personas?
Según la tabla salarial de la policía, en el 2016 el promedio de ingresos de cada miembro fue de 917.381 pesos (la policía cuenta con tres salarios, que oscilan entre 831.328 hasta 1.003.434 pesos, de acuerdo a la antigüedad en la institución) lo que arrojaría un aproximado de 30.539 pesos por día para cada uno de los efectivos que cuidó La Santamaría.
Si hacemos un aproximado de 3500 policías distribuidos en cuatro anillos de seguridad alrededor de la plaza y en todo el sector que fue cerrado para la corrida, el costo al día que tendría para los bogotanos -nada más en el salario de los afectivos- asciende a los 107.026.500 (ciento siete millones veintiseismil quinientos pesos) que multiplicado por las cinco fechas en las que se hará uso del dispositivo nos arroja un total de 535.132.500.
Más de quinientos millones de pesos destinados a cuidar a la pequeña élite que gusta de la tauromaquia. Esta cifra no tiene en cuenta los costos de desplazamiento, gasolina, alimentación o recargos dominicales que puedan sumarse al ingreso económico de cada policía, ni cuantifica los daños y afectaciones que sufren los ciudadanos con la implementación de la medida tomada por la alcaldía. Así que, de cualquier forma, nos encontraríamos ante un gasto desbordante y la priorización de los derechos de unos pocos, ante los de la mayoría: el derecho a la seguridad, el esparcimiento, el acceso a la cultura están siendo arriesgados por el alcalde Peñalosa.
En nombre de la defensa de una “expresión cultural” se cerraron otras más y, para garantizar los derechos de un sector de la población, se vulneraron los de millones de personas más.
Habría que preguntarle a Peñalosa quiénes son esos “todos” para los que Bogotá es mejor en su mandato.
