En una columna escrita en el diario El Tiempo a mediados de los años noventa, Juan Manuel Santos se despachó, el 1 de marzo de 1996, contra el entonces presidente Ernesto Samper quien estaba acorralado por el escándalo de la infiltración de dineros del Cartel de Cali en la campaña a la presidencia en 1994.
Esta es la columna:
Cuando no se puede gobernar
Los politólogos modernos han desarrollado todo tipo de teorías sobre las mejores formas de fortalecer la gobernabilidad democrática. El tema cobró especial relevancia por el desencanto generalizado de los electores con sus elegidos, no solo aquí en Colombia sino en el mundo entero.
El presidente Samper es consciente de la importancia de mantener la gobernabilidad del país. Sabe muy bien que más que el proceso 8.000 o el juicio en el Congreso, su talón de Aquiles se encuentra en que la crisis le impida gobernar.
De ahí que no haya escatimado esfuerzo alguno para dar la sensación de que la gobernabilidad del país se mantiene incólume. Y en todas las entrevistas, sobre el tema que sea, repite insistentemente que la crisis no lo ha distraído ni un solo minuto de la tarea para la cual fue elegido.
La verdad, como todo el mundo lo sabe, es todo lo contrario. Los problemas de gobernabilidad de la Administración Samper comenzaron el día en que se conocieron los famosos narcocasetes. Desde ese momento, el verdadero programa de este Gobierno ha sido mantenerse en el poder, a cualquier precio.
Pero la crisis de gobernabilidad ya es evidente, así el Gobierno no lo reconozca. Y el precio que pagaremos todos los colombianos será cada día más elevado.
Una de las pruebas más fehacientes de una crisis de este tipo aquí o en cualquier parte es cuando un Jefe de Estado pierde su poder de convocatoria y su capacidad para imponer la agenda nacional. Eso es, precisamente, lo que le ha sucedido al presidente Samper.
Los ejemplos son numerosísimos. La propuesta de la pena capital es uno de ellos. La forma de presentar semejante tema tan delicado y antiliberal (un miércoles de ceniza, desde una catedral, a una semana de haber firmado el Protocolo II de Ginebra, con la oposición inmediata de sus principales ministros y ante la indiferencia de la opinión pública) no solo muestra que perdió las riendas del país, sino que además tiene enemigos entre sus asesores.
El problema de fondo, el que realmente afecta su capacidad para gobernar, es que perdió la credibilidad. Cualquier cosa importante que proponga el Gobierno, así lo haga con las mejores intenciones, será interpretada como una nueva cortina de humo u otro burdo intento de comprar apoyo político.
Esto no sólo afecta la política interna sino la externa. Muy preocupante (y ofensiva) la respuesta del Mindefensa venezolano cuando dijo que no les daba mayor importancia a las palabras del Canciller Pardo porque estaba cuestionado. O una pregunta que me hizo el Ministro de Relaciones de un importante país No Alineado: Cómo va a ejercer Colombia la presidencia del movimiento cuando su Mandatario y su Canciller están en semejante lío? Y ni hablar del efecto sobre la famosa certificación.
La otra cara de esta moneda es el inmenso costo que representa la política de mantenerse en el poder a cualquier precio. Al perder la credibilidad; al no poder liderar por el ejemplo y la persuasión, es necesario acudir a otros procedimientos para mantener la capacidad de gobernar. En otras épocas se imponían los regímenes de terror. Hoy se compra el apoyo necesario.
Ya es vox populi que hasta los porteros los reparte el ministro Serpa con un estricto sentido de la reciprocidad. Algo parecido sucede con el presupuesto nacional. El propio director de la Federación de Municipios denunció que la Red de Solidaridad se convirtió en la chequera del Presidente para comprar apoyo . Los contratos, las frecuencias de radio y televisión, en fin, todo el poder del Estado volcado en función de darle oxígeno a un gobierno herido de muerte.
La estrategia de ganarse a los sindicatos cada vez que hay un conflicto laboral será costosísima para todos los colombianos. La opinión no ha dimensionado el desastre que significa, por ejemplo, la fecodización del sector eléctrico. Consecuencias de la debilidad, lo llamó El Espectador: El sentido de la disciplina, la eficiencia o la austeridad se perdió frente a la imperiosa necesidad de conseguir apoyo, donde sea y como sea, por aquello de la gobernabilidad.
El Presidente dijo que renunciaría si la gobernabilidad del país se complicaba. Ahora dice que este problema lo resolverá después del juicio. Lo preocupante es que mientras tanto, si sigue como va, acabará de descuadernar el Estado.
Qué bueno sería que en aras de comenzar a encontrar puntos de conciliación para administrar la paz después de la tormenta, al menos se pudiera llegar a un acuerdo para manejar este interregno de forma tal que no terminemos por despedazar al país. Porque con tanto diagnóstico, ataques y contraataques se ha dejado de lado la pregunta fundamental: después de la crisis, qué?
Publicado en ElTiempo - 1 de marzo de 1996
