Entre la noche del 6 de septiembre y la madrugada del 7 de septiembre del año 1996 se desarrolló una masacre en la hacienda “El fute” entre los municipios de Mosquera y Soacha por parte de agentes y suboficiales de la Dirección Investigación Judicial e Interpol (DIJIN) que secuestraron, torturaron, desmembraron, asesinaron y luego incineraron a cuatro estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sindicados de ser miembros de la Red Urbana Antonio Nariño de las FARC-EP.
Eran los años noventa, los años más duros de la guerra, de retaliación en retaliación se desarrollaba la guerra entre guerrilla, paramilitares y Fuerzas militares, en este caso, la DIJIN intentó disciplinar a las FARC-EP.
Los seguimientos de inteligencia que se habían realizado por años en la ciudad de Bogotá en contra de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) permitían tener sospechas e indicios en contra de sus presuntos miembros, sin embargo en este universo de odios la decisión no fue perseguirlos y capturarlos, por el contrario el objetivo de algunos miembros de la DIJIN fue torturar, obligar a delatar y luego asesinar a los sospechosos de ser miembros de la RUAN.
En la Bolera “El salitre” se habían quedado de encontrar los jóvenes asesinados, el tema de esa reunión era la preocupación por su seguridad pues sospechaban que la inteligencia militar los estaba persiguiendo.
Estos jóvenes estaban totalmente en lo cierto, un agente de apellido Carrillo Montiel tenía infiltrada a la RUAN por medio de un guerrillero delator, el señor Carlos Chaparro Nieto. En todo caso, la reunión no se pudo realizar como se había planeado: los jóvenes fueron secuestrados por los miembros de la DIJIN y su destino fue una travesía de la muerte por Bogotá y sus alrededores.
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Lo que quedó de los cuerpos de Jénner Alfonso Mora, Vladimir Zambrano Pinzón, Juan Carlos Palacios y Arquímedes Moreno fueron examinados por medicina legal, lo cual permitió determinar que estas personas fueron torturadas por horas con cuerdas, cigarrillos y objetos contundentes.
Después, fueron ultimados con tiros de gracia, finalmente sus cuerpos incinerados en la búsqueda de ocultar el rastro del crimen. Entre la podredumbre del relleno sanitario de Mondoñedo entre los municipios de Soacha y Mosquera fueron arrojados los restos de estas personas.
Después de esta terrorífica noche, otras dos personas sindicadas de pertenecer a la Red Urbana Antonio Nariño fueron asesinados con arma de fuego al salir de sus casas, estas víctimas fueron los estudiantes Federico Quesada y Martín Valdivieso.
Como era de esperarse, las familias de las victimas levantaron su voz de protesta ante el aparato judicial para que los asesinatos no quedaran impunes, como ocurre en Colombia donde la justicia no cojea, sino que se arrastra, hasta el año 2003 los eslabones más débiles en todo este caso fueron responsabilizados, en efecto los policías José Albeiro Carrillo Montiel, José Ignacio Pérez y Carlos Ferlein Alfonso fueron sentenciados a 40 años de prisión.
A pesar de lo anterior, la caja de pandora tan solo fue abierta en el momento en el que agente de la DIJIN William Nicolás Chitiva decidió dar su testimonio. Con mucho detalle, Chitiva armó el rompecabezas de esta historia y como suele suceder Chitiva fue asesinado en el año 2007, más tarde lo serían sus hijos.
La muerte de Chitiva no enterró el caso, la suerte ya estaba echada y los máximos responsables de la masacre de Mondoñedo no tenían como evadir la responsabilidad, de esta forma fueron vinculados al proceso el mayor (r) Héctor Castro, el capitán (r) Carlos Alberto Niño Flórez, así como el sargento (r) Néstor Barrera Ortiz, y los subintendentes Hernando Villalba Tovar, Filemón Fabara Zúñiga, Milton Mora Polanco y Pablo Salazar Piñeros, años más tarde de esta vinculación al caso, estos máximos responsables fueron condenados como culpables del hecho.
En el año 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz abordó el caso, concedió libertad provisional a los agentes (r) de la Policía Nacional y desarrolló un largo proceso de audiencias en búsqueda de la verdad y la responsabilidad por estos delitos contra la humanidad.
Después de varias audiencias, la JEP resolvió quitarle los beneficios judiciales a los responsables de la masacre por considerar que no estaban aportando a la verdad más allá de lo expresado por el asesinado agente Chitiva y los hallazgos del proceso en la justicia ordinaria por más de 20 años.
En honor a la verdad a estos jóvenes asesinados no se les comprobó en juicio su delito de rebelión, algunos familiares aceptaron la simpatía y otros la militancia de sus seres queridos en la RUAN. Sin embargo, como la responsabilidad penal es individual, estas afirmaciones no comprueban nada, en otras palabras, estos muchachos fueron asesinados y su presunta responsabilidad en el delito de “rebelión” nunca fue comprobada.
En cualquiera de los casos, así la DIJIN hubiera hecho milagros y estos muchachos fueran culpables del delito de “rebelión”, esto no quita que el Estado cometió un crimen contra la humanidad en la larga noche del 6 de septiembre del año 1996.
En la misma línea, los familiares de estas víctimas han vivido una larga noche de 26 años en donde tuvieron que vestirse de investigadores, buscaron pruebas y testimonios, y armaron el caso, mientras eran exiliados, amenazados, e inclusive asesinados, de esta forma con el paso del tiempo estas familias se acostumbraron a vivir con miedo.
Algunos testimonios de las víctimas hablan de daños psicológicos y físicos derivados del hecho, daños que les impidió desarrollar una vida “normal”, poder trabajar, e inclusive poder realizar actividades cotidianas como utilizar el baño, situaciones que no se ven en los titulares de las noticias.
En este caso quedan en evidencia por lo menos tres elementos de la guerra colombiana, en primer lugar, que una parte de las Fuerzas Militares y agencias de inteligencia del Estado realizaron crímenes contra la humanidad de manera sistemática e indiscriminada.
En segundo lugar, que la universidad pública en Colombia estuvo siendo estigmatizada por parte de las Fuerzas Militares, y finalmente en tercer lugar que, en Colombia existen algunos funcionarios públicos de primer nivel que tienen impunidad total, que conocían y aprobaban hechos como este, pero nunca han sido vinculados a los procesos judiciales, alargando la eterna noche.
