Con lo primero que hay que lidiar es con la muerte de un menor de edad a balazos. Uno que la prensa reproduce al instante: Juan Camilo Giraldo, 14 años de edad, rapero, le decían Morocho y es asesinado en el barrio Eduardo Santos, de la Comuna 13, en Medellín.
Pero como si aquello no fuera suficiente y sin que hubiesen transcurrido 24 horas, luego hay que sortear los embates de las declaraciones oficiales. Como la del general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, quien dice sobre Morocho en una rueda de prensa: “lo estaban vinculando con el hurto de algunos elementos y dinero de un bus en un parqueadero y habían dicho que tenía que bajar a hablar con el jefe del combo de Los Santos”.
No es una sutileza. Esas palabras ponen a Morocho, que es una víctima de homicidio, que era un menor de edad, en el centro de un señalamiento que lo involucra en actividades que son propias de los combos. Y la familia reacciona, desde el mismo velorio, con las lágrimas todavía frescas: “en ningún momento en el barrio se escuchó decir que el niño haiga sic hecho un robo ni él ni los compañeros. La persona que está diciendo esto me parece muy injusta y muy incorrecta”, dice la mujer. (aquí pueden ver sus declaraciones:
El colectivo Semillas con Futuro, al que pertenecía Morocho, entonces emite un comunicado que titula: “Enterrar a un parcero, mientras la Policía ensucia su nombre”. Entre otras cosas, argumentan que las afirmaciones del comandante de la Policía son falsas, irrespetuosas e indignantes y que, en boca del oficial, lo que hacen es atentar contra la dignidad de la víctima y sus sobrevivientes, pues además los pone en riesgo. Y tienen autoridad para decirlo. Haber conocido de cerca la historia de Juan Camilo, haberlo acogido cuando el Estado no estuvo ahí para él, es su mayor prueba.
La próxima noticia aparece el 15 de enero: la familia de Morocho sale del barrio por miedo a represalias. Todo esto me hizo acordar de una muerte que conocí un poco más de cerca: la de Julián Andrés Taborda, un muchacho de 15 años de edad, asesinado también a tiros, hace poco más de un año, en el corregimiento de Altavista en Medellín.
Aquella vez la Policía también insinuó que el niño pertenecía a un combo, como quedó registrado en esta noticia: RCN
Pero también quedó registrado en mi recuerdo. El día del velorio vi a los integrantes de la Red Cultural Casa Arte lidiando con la prensa ante el rumor en caliente que salió de un Coronel, sin una investigación que lo precediera.
Durante casi un mes estuve intentando reconstruir la vida de Julián. Y encontré algunas indicios, pero no de su pertenencia a un combo, sino de su vida de mimo y de payaso: testimonios y fotografías del niño subido a las tablas, montado en zancos, trabajando en el arte de ser chistoso. Y ni una sola prueba de alguna vida delictiva o de algún proceso abierto. El resultado fue esta crónica que publiqué el 10 de febrero de 2013: ElPais.
Pero el tema es mucho más complejo. Me lo dijo aquella vez Gerardo Pérez, un líder social que camina desde hace varios años los barrios: “Estos chicos se mueven por la pasión de hacer otras cosas, pero tienen unas relaciones históricas con su familia y el entorno, atado al mundo de las carencias. En cada sector hay un combo y permanentemente están viendo la manera de involucrar a los niños en pequeñas actividades logísticas y algunos terminan cayendo”.
Curiosamente, un año después, luego de la muerte de Morocho, volví a hablar con Gerardo sobre el mismo tema, sobre el mismo círculo que se repite, a la sombra de la memoria de un muerto: “Me duele la ligereza de los organismos de seguridad para encontrar causas inmediatas, de cara a una sociedad que se queda tranquila cuando le dicen que lo mataron por pillo, por ladrón o por gay. A mi me parece muy irresponsable y me parece grave el silencio de los organismos que tienen por función proteger los derechos de los niños”.
