Se catapultó la inseguridad ciudadana en Colombia. La inseguridad, como la que generaban las guerrillas tradicionales de antaño, ya no es la más grave, comparada con la que proviene de las organizaciones criminales de hoy. Esta en toda la nación.
La delincuencia común y organizada, estimulada y al servicio del narcotráfico, se tomaron la nación. Y las respuestas y actitudes del gobierno y la misma sociedad, ante la magnitud del peligro, no corresponden a lo que se requiere para conjurar la gravedad de la amenaza nacional.
La gravedad de la inseguridad y criminalidad presentes, no se gestó y apareció, durante el ejercicio de poder del actual gobierno. Es una endemia social que se generó y desarrollo durante muchos años de desgobierno e impunidad.
Las causas medulares están en la inequidad socioeconómica, el desempleo y subempleo, la segregación socioeconómica, la irresponsabilidad, laxitud, complicidad, e incoherencia del marco legal institucional vigente.
La erradicación de la inseguridad, no se puede pretender lograrla, solo con acciones coercitivas o con paños de agua tibia. Ese flagelo social-económico e institucional, demanda acciones concretas para lograr desarrollo integral nacional y profundas reformas socioeconómicas e institucionales, capaces de facilitar la implementación del desarrollo integral nacional y cumplida justicia.
Demanda disponer de un marco jurídico e institucional, que garantice dar respuestas oportunas y contundente a los actores activos y pasivos de la inseguridad y la criminalidad de todo género y en toda la geografía nacional.
Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y transparencia de la justicia, reiteradamente señalan el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97%. Estadísticas verificables, ubican a Colombia entre las tres naciones con mayor criminalidad, inseguridad ciudadana e inequidad socioeconómica, en el planeta. Esto ocurre mientras sostiene el gasto militar más alto del hemisferio, proporcional al PIB (mayor al 6% del PIB).
Las acciones y decisiones de los gobierno, respecto a la inseguridad, criminalidad y el delito, no son coherentes con la magnitud de los hechos y las causas que los generaron.
Matar (sin querer) porque alguien tropezó al lado: la paranoia de ser colombiano
Hay más de 1.5 millones de armas de fuego legalizadas, en manos de civiles. Pero por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales. Promedio de una por cada 5 habitantes, sin control efectivo, por parte del gobierno. Los gobiernos de turno y el negocio militar, se han negado y se niegan al desarme de civiles. ¿Para apoyar el negocio de venta y tráfico de armas?
Los gobiernos son los responsables de la seguridad ciudadana y en Colombia de la inseguridad.
Por mantener el modelo socio-económico-político y la estructura de poder que lo sustenta, Colombia se ubica entre las tres naciones de mayor iniquidad socioeconómica del mundo y entre la de mayores registros de criminalidad e impunidad.
¿Qué porcentaje de la población, es consciente o no conoce las cifras y los hechos, relacionados, con la inseguridad ciudadana e irresponsabilidad de los gobiernos?
Las mayorías desconocen las causas reales y los responsables.
El desafío, de cambiar la inseguridad por seguridad general, es cósmico, en términos prácticos, pero posibles de lograr.
El flagelo de la inseguridad y criminalidad, no se resuelve con el formalismo, como los e Consejos de Seguridad, Puestos de Mando Unificado, bendiciones de humo, cadenas de oración y verborrea engañosa.
Requiere decisiones concretas e inmediatas. Normas legales y programas permanentes de control ciudadano y control institucional, en todos los niveles de la vida nacional.
Se necesita, quién sea capaz de hacer cumplir la ley e impulsar el desarrollo económico. Se requiere de quién crea en la necesidad de mejorar la calidad de la educación, la salud, los servicios públicos, erradicar la pobreza, el cáncer de la corrupción, etc.
Para lograr esos objetivos, es imprescindible que haya desarrollo socioeconómico nacional. Se requieres sustituir importaciones por producción nacional, redefinir el modelo económico-político, recuperar y cimentar la ética y la moral pública y social, en todo tipo de actividad ciudadana y nacional.
Tienen que extirparse para siempre la impunidad y la corrupción en todas las instancias de poder público. Abolir privilegios tributarios, rentísticos, burocráticos, penitenciarios y judiciales, hoy practicados a favor de particulares específicos y burócratas.
No es posible alcanzar esos objetivos solo con la aprobación o modificación de leyes o decretos.
La corrupción penetró toda la contratación pública, en toda la geografía nacional.
Es imprescindible restructurar el Estatuto para la Contratación Pública. Deben hacerla mediante facultades extraordinarias concedidas por el Congreso y debieron ser solicitadas desde el 7 de agosto de 2022. Esa restructuración del Nuevo Estatuto integral para la contratación pública, debe hacerla una comisión especial, integrada por personas de amplio conocimiento y experiencia en análisis de costos, especificaciones técnicas, programación de inversión y desarrollo de proyectos, entre otros. Colombia demanda reconstrucción integral, desde las bases corroídas por la politiquería, el clientelismo el amiguismo y la corrupción del poder público.
Sería una insensatez imperdonable y condenable, confiar la reconstrucción integral nacional, solamente a abogados, economistas, administradores, filósofos, poetas, artistas, lagartos, politiqueros y habituales burócratas paracaidistas, puesto que es un asunto de mucha responsabilidad socioeconómica, técnica, moral y ética.
La inseguridad ciudadana y la criminalidad, deben atacarse removiendo las causas primarias que las estimulan, generan y sustentas.
El universo de tales causas no puede revertirse y extirparse solo con aumento de pie de fuerza, toques de queda, discursos, promesas y misas diaconadas.
Requieren estructurar, aprobar y aplicar políticas de estado específicas para reducir efectivamente el desempleo y la informalidad.
Esas decisiones deben estar acompañadas de la Declaración inmediata de Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana, mediante la cual, prohíban totalmente el porte de todo tipo de armas, de fuego y blancas, en todo el país. Ordene realizar juicios sumarios al que incumpla la prohibición, con sanción de detención intramural inconmutable inmediata, mínimo por tres años, si no tiene antecedentes o más según la gravedad de los antecedentes.
Estas decisiones deben complementarse y sustentarse con construcción de cárceles de alta seguridad, en todo el territorio nacional, para poder someter a toso delincuente y acabar con la impunidad y laxitud de la casa por cárcel.
Todo ciudadano debe entender y encontrar la razón de que la solución de la problemática de la inseguridad ciudadana y la criminalidad nacional, solo es posible resolverla si se garantiza cumplida y oportuna justicia y sin impunidad ni corrupción.
¿Será posible que el gobierno del Sr. Gustavo Petro, que acertadamente condena la criminalidad en otras áreas del planeta, decida hacer lo que corresponde, contra la inseguridad y la criminalidad que se extendieron y profundizaron por toda la geografía nacional de Colombia?
Sí las reformas y decisiones requeridas, no las aprueba el Congreso, debe recurrir al Constituyente primario, para lograr las reformas constitucionales requeridas.
Todo delincuente debe privársele de libertad de circular por cualquier lugar del país, hasta que demuestre su inocencia o pague condena por sus crímenes. La decisión debe cobijar a los delincuentes de cuello blanco.
