En Brasil, donde los expresidentes no tienen fuero y pueden ser investigados por cualquier juez, el popular candidato a retornar a la presidencia, Ignacio ‘lula de Silva, fue detenido para que declare acerca del escándalo desatado por la desviación de fondos de Petrobras en cuantía cercana a 2.000 millones de dólares, que además de enriquecer a altos funcionarios del gobierno y parlamento, en su mayoría sirvieron para financiar las campañas del Partido de los Trabajadores, PT, al cual pertenece su pupila Dilma Roussef, que afronta un juicio impulsado por la oposición parlamentaria para sacarla del Palacio de Itamaraí ubicado en Brasilia.
Al igual que sucede en Colombia con los amigos de Álvaro Uribe Vélez , en el caso de la investigación a su hermano Santiago, en el Brasil los amigos de Lula, dicen que es un juicio más con tintes políticos para desprestigiar, a quien según las encuestas, retornaría sin problemas a la presidencia del gigante del sur.
En Colombia fueron denunciados sobrecostos en Reficar por 4.000 millones de dólares, el doble que los investigados en Brasil, pero muy poco sabemos a quiénes benefició esa orgía de improvisación y pesca en río revuelto durante la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena, iniciado en el 2006 durante el primer gobierno de Uribe--cuando adjudicaron las licitaciones y firmaron los contratos-- y concluido durante el segundo de Santos, en el que se autorizaron otras jugosas partidas presupuestales.
No sabemos cuál fue el monto real de los sobrecostos de un proyecto iniciado sin planos completos y al cual se le cambió la modalidad del contrato en el camino, de costos fijados previamente, a uno abierto, con gastos decididos al arbitrio de la empresa de Chicago, que se ganó la lotería. Quién sabe con la complicidad de qué morrongos ajíceros, camuflados en la junta directiva de Ecópetrol y los cuales no han sido mencionados --por lo menos para que no sigan robando desde las Juntas Directivas de las empresas donde los nombran-- como si fueran unas eminencias de cuello blanco, y tampoco conocemos si hay investigaciones abiertas para averiguar qué directivos de empresas nacionales y extranjeras, particulares y hasta partidos políticos, se beneficiaron de sobornos, comisiones por debajo de la mesa y demás manjares que suelen abundar en estos megacontratos cuya tramitación está reservada a cortesanos y escuderos del alto gobierno encabezado primero por Uribe y después por Santos.
Es el fantasma de la corrupción administrativa que por igual ha afectado a todos los gobiernos latinoamericanos, de derecha o de izquierda y perpetua estructuras caudillistas de demagogos con discursos extremistas e incendiarios, aupados en caravanas de lambones y áulicos que incondicionalmente respaldan a los Chavez de izquierda, o a los Uribe de ultraderecha, con tal de recibir las prebendas de poder representadas en altos cargos para ellos y sus familiares, posibilidad de negociar grandes contratos de donde esperan obtener jugosas comisiones y sobornos, ‘exilios diplomáticos’, etc.
A pesar de querer entrar en las grandes ligas de los países modernos y con prácticas correctas, agrupados en la OCDE, como lo pretende durante su mandato el presidente Santos, todavía nos ‘falta mucho pelo pa’l moño’ no sólo en cobertura y calidad de la educación, salud, transparencia de trámites y procesos en instituciones públicas, eficacia y profesionalidad en la Fiscalía, Cortes, Juzgados, sistema carcelario, sin olvidar el atraso en el aparato productivo, con una economía extractiva dependiente de la minería, con los cambiantes precios del petróleo, carbón y níquel, y sin desarrollo industrial alternativo, con una agricultura arruinada gracias a condiciones leoninas firmadas a través de los Tratados de Libre Comercio con las grandes potencias subsidiadoras de sus agricultores; y con finanzas publicas encadenadas a las duras condiciones impuestas por el gran capital especulativo financiero que domina la economía mundial y a nuestros países cada vez más endeudados y sujetos a las políticas trazadas por pulpos como el PJ Morgan, Goldman Sachs y otros que las agencian por medio del Banco Mundial.
Lo cierto es que países como Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivía, México y Argentina, para citar unos cuantos continúan como republiquetas bananeras, con la mayoría de dirigencia política corrupta, sin partidos fuertes, Justicia débil e inoperante, aparatos militares influyentes y sin real independencia de los poderes legislativo y judicial con relación al presidencial, que es muy fuerte y ejercido por caudillos omnipotentes que se creen dioses, inmunes a la investigación de sus actuaciones y por encima del “bien y del mal”, como sucedió en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner en el caso del asesinato del fiscal Nissman, o en la Colombia de Uribe, con las investigaciones al DAS, puesto al servicio de los paramilitares, cuando lo dirigió el “buen muchacho de Noguera”, y al servicio de la presidencia cuando ordenó chuzar a magistrados, dirigentes de la oposición, periodistas, etc y hacer montajes para desacreditarlos utilizando a paramilitares desmovilizados como el famoso Job y compañía, que entraron por el garaje del palacio presidencial para urdir el maquiavélico plan.
En Colombia, las investigaciones judiciales avanzan según la importancia, influencias y posición política y económica del investigado. Si los funcionarios investigadores son amigos, no hay peligro. Si son enemigos las pruebas permanecen ocultas por el tiempo necesario para que prescriban, como sucedió con el Fiscal Osorio, archivando investigaciones de la parapolítica o pueden resucitar cuando el Fiscal es de otro partido y desempolva folios como sucedió con el Fiscal Montealegre reviviendo el caso de Los 12 Apóstoles sucedido hace 20 años.
Ahora que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al fin nombraron los siete colegas que hacían falta para completar el quórum, es de esperar que el presidente Santos presente una terna de juristas con experiencia, capacidad académica, honestidad y sobre todo con independencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo para que podamos contar con un buen fiscal.
