Entre enero y abril de 2017 se discutió el proyecto de ley que creó el estatuto de la oposición. Siendo Colombia uno de los pocos países en el mundo que discutía -tras once intentos fallidos- un estatuto para proteger a la oposición política. Fue una discusión que se surtió vía fast track y sin mayor novedad. El uribismo tenía otras cosas en las cuales pensar.
Para avanzar en su creación, el Ministerio del Interior instaló una mesa multipartidista desde la cual se recogieron insumos técnicos y se acordaron los lineamientos generales para el diseño del articulado que finalmente fue radicado en la comisión primera del Senado con la finalidad preferente de implementar uno de los componentes más importantes del acuerdo de paz.
Aunque se vivió cierto consenso y los partidos tuvieron juego en el diseño del proyecto (fueron los que introdujeron la gaseosa declaratoria de independencia), el Centro Democrático, la principal bancada opositora durante el gobierno Santos, se negó a participar en el diseño y aprobación del estatuto.
El uribismo se abstuvo de participar porque asumía que el acuerdo de paz se encontraba fundado en la ilegitimidad tras la victoria del No en el plebiscito (así la victoria del No se haya logrado sobre la base de mentiras y engaños); además, consideraba que el procedimiento transitorio del fast track -con el cual se acortaron los tiempos de discusión en el Congreso- quebrantaba la división de poderes y reducía los partidos a fungir como simples notarios del gobierno.
Para el Centro Democrático cualquier proyecto de ley encaminado a implementar el acuerdo de paz se encontraba viciado de ilegalidad (de ahí que Duque se haya inventado el esperpento de la Paz con legalidad) y sus congresistas siempre optaron por retirarse de los recintos del capitolio apenas se abrían las votaciones para aprobar los proyectos. A pesar de su negativa, el estatuto terminó siendo aprobado en la plenaria del Senado con 56 votos a favor y solo 2 en contra.
Tras su aprobación, el entonces senador José Obdulio Gaviria no dudó en afirmar que se trataba de un estatuto “con medidas cosméticas y nada de fondo”
Ahora bien, como el Centro Democrático es la única bancada oficialmente declarada en oposición, también se convierte en la única receptora de los beneficios otorgados por el estatuto. De que ahí que las garantías que vienen exigiendo sus voceros efectivamente se encuentren consignadas en su articulado (que elevó la oposición a derecho fundamental); entre ellas: financiación adicional, participación en medios de comunicación, derecho a replica y participación en las mesas directivas de Cámara y Senado.
El respeto y garantías a la participación que vienen reclamando Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe también son los principios rectores del estatuto. Porque el estatuto fue creado para salvaguardar los derechos de la oposición política, sin importar que sea una oposición de derecha o de izquierda, garantizar su participación en un pilar esencial de un Estado que se diga democrático.
Aunque no deja de resultar curioso que en medio de ese legítimo reclamo del uribismo se recuerde la forma como Iván Duque se dedicó a desconocer y estigmatizar a los sectores opositores. Con “jugaditas” para vulnerar el derecho de petición (al cual solo se le restablecieron los tiempos de respuesta tras la expedición de una ley) y hasta la promulgación de un decreto “hecho a su medida” para no verse obligado a escuchar la réplica de la oposición.
En contraste, a los pocos días de asumir en la Casa de Nariño, Petro recibió a Álvaro Uribe, a María Fernanda Cabal y a Miguel Uribe. Tras una larga trayectoria política sobreviviendo en la orilla de la oposición, creería que el presidente tiene claro que el respeto hacia los sectores opositores es crucial para sostener un equilibrio democrático. No tendría sentido que en su gobierno la oposición fuera estigmatizada, perseguida o violentada.
Ya si son avasallados por la aplanadora de la coalición de gobierno, eso sí es más resultado de las tradicionales dinámicas de relacionamiento entre el Congreso y el gobierno.
Sobre la calidad de la oposición o su capacidad crítica -con senadores uribistas que llevan marionetas o peluches a las sesiones- ya resulta siendo una responsabilidad de la estrategia de la bancada y en mayor medida de cada congresista.
Lo que sí debe quedar claro es que así el Centro Democrático se haya negado a participar en el diseño y aprobación del estatuto; ahora, al ser la única bancada oficialmente declarada en oposición, son receptores de sus beneficios, y esta es una realidad ante la cual los partidos que integran la coalición de gobierno deben ser consecuentes.
No hay que olvidar que la calidad de una democracia también se mide por la forma como es tratada la oposición política.
