Causa tristeza, vergüenza ajena, pero, sobre todo indignación; ver y oír a los actuales miembros de las funestas federaciones de municipios, departamentos y capitales, lavándose las manos y pateando la pelota al campo del actual gobierno nacional de Colombia, para tratar de tapar sus desastrosas gestiones locales y departamentales, especialmente en lo relativo a la seguridad y la paz.
Resulta que a casi cuatro años de haber jurado ante dios y la patria cumplir la ley, la constitución y sus copiados-pegados programas de gobierno, los actuales titulares en alcaldías y gobernaciones reclaman al unísono la urgente intervención del gobierno central para tratar de buscarle salida a la crisis humanitaria, que, por culpa de la guerra y la delincuencia común, padece una inmensa parte de la comunidad colombiana. Pretenden, estos descarados mandatarios y mandatarias; hacernos creer que la degradación del horror y el aumento de la criminalidad son fenómenos de reciente aparición o recrudecimiento y que cuando ellos recibieron sus mandatos, todo estaba bien y lo que reinaba era algo así como el paraíso de los osos cariñositos.
Si bien es cierto que el actual gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, de la casa política del ex senador, ex gobernador, ex magistrado y ex alcalde Temístocles Ortega, antiguamente liberal, de la ASI, de Cambio Radical y ahora Frente Amplista, no ha entrado, de frente, en la moda de tirarle la pelota al actual gobierno nacional, tal como lo han hecho los gobernadores de Meta, Antioquia, Santander, Arauca, Boyacá y la alcaldesa de Quilichao; lo que si es cierto es que, junto a ellos y ella, su gestión y resultados, frente a la seguridad ciudadana y su deber de exigir al gobierno de Iván Duque la urgente implementación del Acuerdo de Paz Estable y Duradera con la ex guerrilla de las FARC, quedaron en saldo rojo.
Sin embargo, es necesario señalar que el conjunto de la sociedad caucana también tiene una gran cuota de responsabilidad en la actual crisis humanitaria que padece el departamento. Además de su responsabilidad directa por haber elegido a quienes nada hicieron para evitar el retorno de la guerra, o al menos reclamar del anterior gobierno del uribista Iván Duque, el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz; la sociedad caucana ha pecado por su pasividad cómplice frente a los actores ilegales del conflicto armado.
Entendiendo que la conflictividad armada, es un fenómeno con múltiples causas, todas ellas, consecuencias de la histórica exclusión de las mayorías en la redistribución de la riqueza que tiene y produce el territorio; es importante señalar que los actores armados de la conflictividad, aprovechándose de la miseria y el desespero de amplios sectores de las comunidades, sobre todo las rurales, impusieron un modelo de intervención social y económica, que beneficiara los intereses de los actores políticos y económicos (legales e ilegales) del conflicto, creando un escenario en el que victimarios y víctimas de la violencia armada, en todas sus expresiones, resultaron ser los integrantes de esas mismas comunidades.
Es importante aclarar que no se trata de revertir la carga de la culpabilidad del horror en las víctimas, ni más faltaba; de lo que se trata es de evidenciar la complejidad de un problema que no se soluciona a punta de más plomo o con eternos y excluyentes diálogos de paz. El actual escenario de guerra en el Cauca merece un profundo y actualizado análisis para poder entender esta multicausalidad e incluso, poder determinar, a ciencia cierta, hasta qué punto existe la línea divisoria entre víctimas y victimarios, no en el sentido de satanizar el comportamiento desesperado de algunas comunidades, sino para entender, por ejemplo, que la decisión de la vía armada terminó siendo la única salida a la pobreza y al miedo.
Así las cosas, la salida negociada al conflicto armado, termina siendo la más indicada para el Cauca y para Colombia. Sin embargo, para que la propuesta de Paz Total pueda empezar a desarrollarse, se requiere de una gran movilización social que sea capaz de presionar a las partes negociantes (Estado y actores armados ilegales) a que se sienten a negociar, previo un CESE TOTAL DE HOSTILIDADES y no un simple y endeble cese al fuego bilateral entre ejércitos. El pueblo caucano ya no aguanta un muerto más. De igual manera, esta movilización debe servir para exigir la presencia de las comunidades en esas mesas de diálogos.
La Paz Total, para serlo, debe ser responsabilidad de todos; no podemos volver a cometer el error de dejar su implementación en manos de una casta política interesada en que la violencia la siga enriqueciendo; al fin y al cabo, los muertos y las víctimas son pobres, indios, negros, campesinos, mujeres y niños; no la gente de bien que ve la guerra en el Cauca por RCN, Caracol, Blu, El Tiempo y Semana.
