Pasaron ya las elecciones y más allá de las evaluaciones sobre los ganadores y perdedores, lo cierto es que la arquitectura institucional a nivel local y regional del Estado colombiano está diseñada para que funcione de forma mafiosa. Mientras dicha institucionalidad no se reforme los mandatarios locales estarán “condenados” a ser corruptos y cada vez que llegue uno nuevo será más corrupto que el anterior.
El Estado local funciona de la siguiente forma: cualquier persona que quiera aspirar a una alcaldía o gobernación debe contar con el aval de un partido político y con una suma de dinero que ronda entre los 800 millones y los 9.000 millones de pesos dependiendo de la circunscripción. Por ejemplo, la alcaldía de Policarpa Nariño costó alrededor de los 800 millones y la gobernación de Edgar Martínez en Sucre, quien venció al otrora todo poderoso Yahir Acuña costó alrededor de los 4 millones de dólares.
Lo primero que hace un candidato es comprar un aval y entre más conocido a nivel nacional sea un partido más vale ese aval. Por ejemplo un aval del partido de la U es negociado entre un posible candidato y el barón electoral de esa región —que generalmente es un congresista— en cargos burocráticos o en transacciones que significan apoyar ese senador o representante en las elecciones siguientes. Una vez logrado el aval, el candidato se dispone a conseguir los recursos económicos, generalmente en tres fuentes: agentes privados legales, como contratistas de obras públicas o proveedores de alimentación para el sector educativo o de la salud. Una segunda fuente son las administraciones locales, es decir, que alcaldes y gobernadores apoyan candidatos con recursos públicos. Una tercera son los ilegales, como narcotraficantes o mineros ilegales.
Estos privados ofrecen un porcentaje de los recursos necesarios para el candidato y el resto sale del patrimonio del candidato o de préstamos bancarios. Así las cosas, faltando cinco o seis meses para una elección ya tiene la administración empeñada, pues el socio político le pedirá cargos burocráticos y sus financiadores contratos, donde cobrarán una comisión de entre el 5 % y 25 % del valor de cualquier contrato. Es decir, utiliza los recursos públicos para pagar las deudas de campaña.
Una vez electo el alcalde o gobernador, para garantizar el pago de todos estos favores debe aprobar su plan de desarrollo, y para ello debe lograr mayorías en el cuerpo colegiado, ya sea Concejo para las alcaldías o Asamblea Departamental para las gobernaciones. Esas mayorías las logra ofreciendo contratos para las ONG de concejales, muchas de ellas ficticias, u ofreciendo cargos burocráticos, es decir, empeña aún más su administración.
Con estas mayorías no solo logra aprobar el plan de desarrollo, sino que además logra elegir los órganos de control, ya sean personerías y contralorías. Esto significa que los órganos de control son de la coalición de gobierno, es decir, no hay órganos de control. Por tanto, la coalición de gobierno se convierte en una hegemonía política casi total, donde controla casi todos los factores de distribución de poder en esas regiones.
Por otro lado, el socio congresista le garantiza a su recién electo alcalde o gobernador absoluta impunidad con el ente de control de la Procuraduría, pues, el procurador es electo por el legislativo nacional y dichos congresistas garantizan la neutralización de la Procuraduría.
En los últimos meses de su periodo el alcalde o gobernador escoge a su sucesor y pone todo el aparato estatal al servicio este, repitiendo nuevamente el ciclo. Bajo dichas circunstancias es imposible que exista una competencia política democrática con mínimas condiciones de equidad. Difícilmente a eso se le puede denominar competencia democrática. Si bien existen algunas excepciones en grandes ciudades, lo cierto es que la mayoría de los clanes políticos en el poder logran perpetrarse en alcaldías y gobernaciones con la utilización descarada del aparato estatal. Por ejemplo, los Cotes lograron elegir a Rosa Cotes, los Gnecco a Franco Ovalle en el Cesar, Chema Ballesteros a Oneida Pinto en La Guajira, Álvaro Cruz a Rey en Cundinamarca, entre otros.
Mientras esta forma mafiosa de funcionamiento del Estado no se cambie no se verá en el país competencias electorales democráticas y ejercicio transparente de la política por parte de estos clanes y casas políticas.
Publicada originalmente el 5 de noviembre de 2015.
