Hace 2 años decidí venir a vivir al municipio de Puerto Boyacá con mi familia por cuestiones de trabajo y para mantener la unidad familiar. Me instalé en el municipio, inicialmente arrendé una casa y viendo que el pueblo era acogedor y mi familia se sentía bien, decidimos comprar una vivienda con los ahorros obtenidos como asalariado de una empresa para la cual trabaje durante 17 años.
La compra se hizo cumpliendo al pie de la letra la normatividad colombiana, firmamos un contrato de promesa de compraventa donde la dueña del inmueble se comprometía a pagar un préstamo por la que tenía hipotecada y embargada su casa con el adelanto inicial que yo les entregaba, así se hizo y el inmueble fue desembargado y deshipotecado por parte de Bancolombia y se hicieron escrituras a mi nombre.
Es de anotar que el Estado colombiano tiene como única herramienta para saber la tradición de un inmueble y su estado, el certificado de libertad y tradición, en el cual no figuraba ninguna restricción para la venta salvo el embargo e hipoteca del que ya tenía conocimiento y se había pactado con la vendedora la forma de revertirlo.
Alcanzamos a disfrutar la vivienda durante 7 meses hasta que me entra una llamada de la Fiscalía indicándome que iban a hacer una diligencia de reconocimiento porque mi predio estaba investigado en el marco de la Ley de Justicia y paz que se dio fruto del proceso de paz con los paramilitares.
No me dieron mayor explicación, mediante un correo exigí que se me informara sobre dicho proceso para ejercer mi derecho a la defensa, pero la fiscal Sandra Monsalve Rodríguez me respondió que el proceso era de naturaleza reservada.
De esa forma no supe a qué se debía la diligencia, ni las razones que llevaban a realizarla, ni los antecedentes. No volví a saber nada más del proceso. El día de la diligencia a la fiscal le indiqué mi trayectoria, mi hoja de vida por lo que quede tranquilo sabiendo que jamás he tenido la mínima participación en hechos delictivos, y dicha afirmación es fácilmente comprobable simplemente indagando con mis empleadores y con la información financiera que reporto a la Dian año tras año vía declaración de renta y certificado de ingresos y retenciones.
Como sería mi sorpresa cuando el día 17 de noviembre de este año me entra nuevamente una llamada del funcionario de la Fiscalía indicándome que iban a hacer el procedimiento de secuestro de mi bien inmueble, es decir que me quitaban la posesión del bien y se lo entregaban a un fondo de reparación de víctimas.
Así de fácil, sin ninguna explicación una magistrada llamada Carolina Rueda Rueda, a kilómetros de distancia, sin haberme permitido ejercer el mas mínimo derecho a la defensa ordenaba la expropiación de un bien que había sido adquirido con el fruto de mi trabajo honrado como un ciudadano ejemplar, que he cumplido al pie de la letra la legislación y la normatividad colombiana, que nunca ni siquiera he tocado un arma y mucho menos disparado.
De forma ligera los funcionarios que representan al Estado toman decisiones para reparar a las víctimas del conflicto armado victimizando a personas honradas mientras los verdaderos victimarios observar burlones como sus fechorías pasan impunes por la negligencia de una justicia ciega.
La ligereza con que actuó la funcionaria me hace pensar fue motivada por la estigmatización de un municipio como Puerto Boyacá que fue cuna del paramilitarismo e inconscientemente tacha a todo aquel que habita este municipio como paramilitar, a pesar de que dicho estigma hace parte de un pasado oscuro, lejano y ajeno a la mayoría de personas que vivimos acá. ¿Cómo no se dio cuenta que la adquisición del bien inmueble fue en el año 2020?, más de 15 años habían pasado desde que se desmovilizaron los paramilitares en esta zona.
Hay tantas irregularidades y es tan injusto mi proceso que cuesta pensar que no hay mala fe de los involucrados. Como es posible que habiendo pasado tantos años desde que se iniciaron estos procesos hasta ahora vengan a tomar medidas cautelares para evitar que este tipo de inmuebles sean comercializados libremente.
Si los funcionarios actuaran diligentemente y se hubiera tomado medidas cautelares oportunamente haciendo las debidas anotaciones en el certificado de tradición y libertad se habría evitado que personas honradas invirtamos nuestro patrimonio en este tipo de bienes que supuestamente venían investigados desde hace mucho tiempo.
Hace más de un año perdí mi empleo de 17 años y actualmente me encuentro desempleado por lo que tuve que trasladarme de ciudad y poner en arriendo dicha vivienda y con esos ingresos solventar los gastos familiares mientras consigo un nuevo empleo. Con la expropiación que hace el estado de este bien, mi familia compuesta por dos menores de edad en edad escolar y mi esposa que dependen de mí, se quedan sin nada.
¿Sera que quienes tienen la responsabilidad de hacer justicia son conscientes de las enormes consecuencias de sus decisiones? En su afán de imponer justicia arrasan con todo a su paso, así paguen justos por pecadores. Solo queda la esperanza de una justicia divina, porque no solo se peca por acción sino también por omisión.
