En medio de lo que se podría llamar un rifirrafe entre el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, abundan las preguntas sobre quien tiene la razón desde el punto de vista constitucional. Para responder dicha pregunta los medios de comunicación no dudan en consultar a diferentes juristas especialistas en la materia.
Curioso se torna el comportamiento de la opinión pública alrededor de esta polémica desencadenada desde las redes sociales. La denuncia del presidente señala un acto cuya gravedad debería acaparar la atención de todo debate de interés en el marco del respeto por los derechos humanos. Sin embargo, es evidente que la opinión pública actual está enfocada no en la presunta complicidad del fiscal Daniel Hernandez o en la eficacia de los entes investigadores de Colombia, sino en los conocimientos de Gustavo Petro en Derecho constitucional. Pareciera que se hubiera despertado una repentina pasión por el constitucionalismo moderno.
Y no es para menos, pues si bien es de conocimiento público que Gustavo Petro no es jurista ni tampoco un experto en Derecho constitucional, todo aquel que ostenta la figura de jefe de Estado debe conocer los principios básicos en los que se cimienta un Estado de Derecho social como lo es Colombia. El Estado de Derecho empieza a tambalear cuando se golpea fuertemente una de sus columnas principales como lo es la división de poderes. Lo que en territorio estadounidense se conoce como “checks and balances”. Sin embargo, este repentino interés por la constitucionalidad de las acciones o expresiones presidenciales parece acentuarse aún más cuando el que gobierna no hace parte de la elite política que siempre ha estado sentado en la Casa de Nariño. Frente a la evidente “embarrada constitucional” del presidente, el fiscal Barbosa no dudó en tratarlo abiertamente de dictador resaltando la manera en cómo este faltaba gravemente a lo que los juristas conocen como la “autonomía judicial” y que es un pilar de la división de poderes.
Ningun constitucionalista podría negar que cuando el expresidente Ivan Duque criticó abiertamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia imponiendo detención domiciliaria a Álvaro Uribe Vélez, la autonomía judicial de Colombia se vio gravemente afectada. Curiosamente, en aquel entonces, el expresidente Duque no se vio enfrentado a ninguna discusión de carácter jurídico-constitucional, ni mucho menos el fiscal general de la nación – que hoy sale en defensa de la rama judicial y de las obligaciones constitucionales del presidente – se atrevió a tildarlo de dictador.
¿Será que el Estado de Derecho en Colombia solo importa cuando no están los amigos en el poder?
Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (Suiza), y Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia por la Universidad de Alcalá de Henares (España).
