El 30 de agosto de 1821 en la provincia de Villa del Rosario, don Antonio Nariño, a petición del Libertador, instala el primer Congreso de nuestra historia republicana, que tiene como objetivo unificar los territorios de la Nueva Granada y Venezuela en una sola nación. La Gran Colombia[1] nace así un 6 de octubre del mismo año bajo la constitución de Cúcuta, iniciando una ardua tarea: la de crear una figura jurídica que responda a las necesidades del pueblo colombiano. El reto lo asumirá el general Francisco de Paula Santander quien en un primer momento había sido nombrado vicepresidente, pero teniendo en cuenta que Bolívar debe seguir asumiendo su lucha por liberar el resto de territorios, este renuncia a la presidencia y Santander debe tomar el poder del ejecutivo.
Mientras Bolívar liberaba con sus luchas a Ecuador, Perú y Bolivia, Santander estructuró en pocos años un Estado, tomando importantes decisiones que, como lo dice David Bushnell en su libro Santander y el régimen de la Gran Colombia, fueron la base para que la Primera República intentara funcionar, dominando el territorio y respondiendo a las necesidades de los ciudadanos.
Sin embargo, la figura jurídica de un Estado existía, pero la idea o el proyecto de nación era ausente. A pesar de que tanto Santander, Nariño y Bolívar hicieron muchos esfuerzos por consolidar esta idea en la población, no lo lograron y hoy en plena celebración del bicentenario de la constitución de Cúcuta la idea es aún ausente. En este contexto vale la pena preguntarnos ¿Por qué no pudimos consolidar el proyecto de nación? y ¿Qué elementos se necesitan para consolidar un proyecto unificador?
En nuestra historia hay varios elementos que podemos contemplar como necesarios para consolidar esta idea, pero a su vez o fueron inconclusos o no resultaron siendo los adecuados.
El primer elemento que es base y que debemos contemplar es el de un territorio común y unificado, un espacio que englobe y aglutine a los pobladores y que delimite lo que es Colombia. Sin embargo, nuestro país a lo largo de su proceso histórico, se ha caracterizado por su diversidad regional y desde que se disolvió la Gran Colombia, las élites regionales se encargaron de generar fronteras políticas, creando un federalismo constante durante todo el siglo XIX que tuvo su máxima expresión en los Nueve Estados soberanos[2]. A pesar de que la Regeneración[3] intentó centralizar al país política y jurídicamente, los regionalismos fueron constantes en todo el siglo XX. Jaime Jaramillo Uribe no se equivocaba cuando afirmaba que Colombia era un rompecabezas de regiones, que han dividido política y culturalmente nuestro país y aún lo siguen haciendo.
El segundo elemento que podemos contemplar puede ser un lenguaje común; en nuestro país fue el castellano y es un legado de la Regeneración; propiamente su sello está en los prohombres de este proyecto de finales del siglo XIX Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo. Con su obra cumbre, el Diccionario de construcción y régimen del castellano dieron la pauta para que este se convirtiera en el idioma hegemónico y obligatorio de todos los colombianos, pues pensaron que en la formación de los ciudadanos en la lengua podrían encontrar el camino para unificar a los pobladores de nuestro país.
Sin embargo, Colombia tiene una historia marcada por el mestizaje y la gran variedad de pueblos indígenas aún existentes, por tal razón no se puede pretender que todos los colombianos lo reconozcan como el principal factor unificación, pues en nuestro territorio existen más de 65 lenguas indígenas que aún son usadas y hay tribus en las que se habla únicamente su lengua originaria y no el castellano.
Un tercer elemento en el análisis puede ser la religión como elemento ideológico de unificación, en nuestro caso el catolicismo impuesto, heredado de la colonia y legitimado en la república, fue el credo oficial por casi todo este periodo histórico. Solo hasta 1991 con la Constitución se habló de un país laico y con libertad de cultos. Por casi dos siglos de república la religión oficial dominó la política y la cultura de los ciudadanos colombianos, pero no fue un elemento crucial como unificador, sino como figura ideológica de dominación política del partido conservador.
El cuarto elemento es el tener un ejército nacional, que esté siempre defendiendo los intereses del pueblo colombiano frente a una amenaza exterior. Este nació con la independencia cumpliendo su objetivo, defendiendo nuestra libertad y soberanía frente a una España invasora. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia, el ejército cambio su estrategia, ya no defiende nuestras fronteras, por el contrario, está en el interior del territorio asumiendo un papel que propiamente le corresponde a la policía nacional, prestándose a los intereses de la élite política y vulnerando en algunos casos a la población más vulnerable de nuestra sociedad que es víctima de un conflicto interminable. Una de las grandes consecuencias de esta estrategia es la pérdida en casi 200 años de historia del 54 % territorio nacional[4] que teníamos desde cuando nuestro país fue creado en 1821 bajo la figura del utis possidetis juris[5] en la constitución de Cúcuta.
Ya para finalizar este esquemático análisis el último elemento y tal vez el fundamental a la hora de formar una idea de Nación en los ciudadanos colombianos es la educación. A lo largo de toda nuestra historia, la educación fue pensada como el mecanismo más apropiado para formar a la ciudadanía en la participación del Estado, la democracia y a su vez constituir el ideal de nación.
En la Gran Colombia esta idea se vio plasmado en el plan de estudios de Santander de 1824 en el que por medio de la instrucción pública la gente se formaría para la ciudadanía y participaría del proyecto de nación colombiana. Más adelante y durante casi todo el siglo XIX las tensiones entre las ideas utilitaristas de Bentham, el sensualismo de Destutt de Tracy, el liberalismo, el conservatismo, la iglesia y el Estado serían los detonantes para que la educación no cumpliera su objetivo de formar adecuadamente a la ciudadanía colombiana.
Solo hasta 1870 con la política instruccionista de los liberales radicales se da una apuesta por formar a una ciudadanía laica en todo el territorio colombiano donde la educación fuera para todos y no solo para las pocas familias de élite que podían acceder a la esta. Sin embargo, para el año de 1886, la constitución de este año y más tarde el concordato[6] con la Santa Sede en 1887, le entrega la educación total a la iglesia haciendo que este elemento fundamental en la formación de la ciudadanía quede bajo las manos del clero y el partido conservador y que por casi más de 100 años se formara más de manera confesional que en favor del proyecto de nación colombiana.
Solo hasta 1991 con la nueva Constitución, el país opta por educar ciudadanos laicos y los profesores retomaron su tarea. Pero, y como lo menciono Jaime Jaramillo Uribe, el proyecto de nación sigue siendo en la mente de los colombianos eso, un proyecto inconcluso. Hoy es fundamental repensar esta idea, no para formar ciudadanos que respondan a los intereses de un proyecto de una elite que no los reconoce y no los tiene en cuenta, sino para avivar el surgimiento de nuevas subjetividades políticas desde los movimientos sociales, desde los colectivos, desde las comunidades indígenas, las minorías organizadas que tejen auténticos procesos de democracia participativa e inclusiva.
En las organizaciones anteriormente mencionadas están los pilares de la lucha que puede consolidar el fin de un sueño integrador, que responda a las necesidades de nuestra época, tejiendo puentes de unidad, en donde los sujetos políticos de nuestro país luchen por la implementación de la constitución de 1991, de los acuerdos de paz y por el bienestar de las comunidades.
De no hacerlo, en oídos de los colombianos seguirá retumbando la frase que Don Antonio Nariño le escribió al Libertador antes de Instalar el Congreso de Cúcuta en 1821 “De que sirven los triunfos si no los corona la paz”.
[1] El término “Gran” es acuñado por los historiadores, para diferenciarla de la actual colombiana.
[2] Fue la división política acordada en la Convención y constitución de rio negro en 1863. Los Estados Unidos de Colombia estaba conformado por nueve estados denominados soberanos (Antioquia, Bolívar, Boyacá, El gran Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima).
[3] Fue un movimiento político de finales del siglo XIX en Colombia liderado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Su objetivo principal era cambiar la forma de entender el país políticamente, dejar a un lado el federalismo adoptado en la convención de Rionegro en 1863 y optar por un centralismo en lo político, lo económico y lo ideológico.
[4] Para más información visitar este link, artículo del Profesor Hermes Tovar sobre la pérdida del territorio colombiano a lo largo de su historia y publicado en el periódico el espectador http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-pais-sin-su-mitad-articulo-388951
[5] Bolívar, al finalizar la campaña libertadora, fue el primero en proponer durante el siglo XIX que los países hispanoamericanos emancipados conservasen las antiguas fronteras de las colonias del imperio español en América. Es decir, que los nuevos Estados surgidos tendrían como fronteras las que le corresponderían de las colonias españolas en el año 1810, provisionalmente hasta la existencia de un tratado, alegando el año 1810 como el último de la monarquía española para la posesión legítima de sus dominios americanos. Así, al pasar a la vida independiente, se fijaron para los nuevos países unas fronteras en base a los antiguos territorios coloniales que en 1810 formaban parte integrante de un virreinato, capitanía general o audiencia. Este principio ha sido alegado por diversos países hispanoamericanos.
[6] El concordato del año 1887 fue un acuerdo político entre el Estado Colombiano y la Santa Sede en donde el primero le entregaba algunos beneficios a la iglesia como institución en nuestro país. Entre los acuerdos del documento encontramos que la Santa Sede le prestaría apoyo en la formación a las instituciones educativas, es decir el Estado le entrega a la Iglesia el poder para dictaminar los parámetros de enseñanza en todo el territorio colombiano. Los sacerdotes y obispos se reservaron el derecho de revisar y autorizar los textos de enseñanza y los maestros de las instituciones públicas podían ser vigilados con la posibilidad de censurar cualquier actividad que se considerara perjudicial para la moral y los niños.
