El martes 19 de enero de 2016 quedó plasmado el ”cambio” ofrecido por las élites colombianas con Enrique Peñalosa en Bogotá: en vez de activar los organismos a su cargo para que incidieran con eficiencia y humanismo ante el burocrático Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía y ante la misma Policía de la que es jefe en la capital del país, con el fin de que se practicara con prontitud el levantamiento del cuerpo sin vida de una madre de familia trabajadora fallecida en espacio público, el alcalde del Distrito lo que hizo fue enviar al escuadrón antidisturbios de la Policía, conocido como Esmad, a que reprimiera la protesta de los familiares de la señora Rubiela Chivará y de muchos bogotanos indignados ante un Estado insensible que irrespeta a ciudadanos humildes hasta llevarlos a la muerte, y que después de producida ésta continúa humillándolos.
Ni la memoria de la señora Chivará ni el dolor de sus familiares merecieron del alcalde del ”cambio” una expresión de condolencia, solidaridad y, mucho menos, de excusa por su negligencia y arbitrariedad.
Con la arrogancia de siempre a amenazar con más represión a quienes en la capital del país se atrevan a protestar en las calles, por más justas que sean sus reivindicaciones.
Y ante la villanía gubernamental, mutismo de los medios masivos de comunicación tradicionales, aquellos que con tanta sevicia cuestionaban cualquier medida del anterior alcalde, Gustavo Petro, y que ahora obran como cómplices del nuevo mandato.
Al principio difundieron solo quejas por el colapso del tráfico vehicular en la Autopista Norte con Calle 116 de Bogotá, generado por la protesta de ciudadanos dolidos frente al cadáver de una trabajadora cuyo levantamiento tardó seis horas, desde poco después de la una de la tarde hasta pasadas las siete de la noche.
Luego, esos medios pasaron a describir, obligados por la crudeza de los hechos y la contundencia del dolor, la cadena de infamias que costó la vida de la trabajadora bogotana. Pero, por ningún lado, apareció el cuestionamiento al jefe de la capital, aquel al que eligieron hace poco dizque porque la ciudad estaba hastiada de la Bogotá Humana de Gustavo Petro.
Tampoco afloró el análisis del negocio de la salud privada que llevó a la muerte a la señora Chivará: una EPS negligente (Cruz Blanca) que, como es común en todas las ”empresas prestadoras de salud”, dilató lo que más pudo la autorización para practicar la cirugía del corazón que requería con urgencia la señora, y una IPS, la famosa Clínica Corpas, que increíblemente le aplazó en dos oportunidades, el 6 y el 12 de enero, la cirugía a la trabajadora, ya a las puertas del quirófano.
Rubiela Chivará murió camino a esta ”institución prestadora de salud” desesperada por su desatención. No alcanzó a llegar para reclamar de nuevo la cirugía. Falleció recorriendo los largos barandales de una estación del deficiente sistema de transporte bogotano, el Transmilenio, la ”monumental” obra de Peñalosa en su primera alcaldía.
Fue víctima de la Ley 100 inspirada por el uribismo y defendida por el santismo y su ministro de Salud paisa, la ley que instituyó los paseos de la muerte para que unos pocos negociantes se enriquecieran con la burla de las dolencias y las enfermedades de la mayoría de la sociedad.
Fue blanco de un Estado indolente que discrimina por apellidos, bolsillos y estatus; que privilegia a los Lleras y desprecia a los Chivará.
A Rubiela el Estado no solo la hizo víctima de su nefasto sistema de salud, sino que después de muerta la despidió con una salva de gases lacrimógenos lanzados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios despachado por Peñalosa.
Hoy, en Rubiela Chivará se sintetiza el rostro del país, de millones de colombianos que día a día padecen la inhumanidad del Estado.
